Hace justo un año, con el estado de alarma y la hibernación de la economía para luchar contra la pandemia, el Consejo de Ministros se dividía en dos facciones: la vicepresidenta Nadia Calviño y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, apostaban por una aproximación gradualista, y otros ministros reclamaban estímulos económicos contundentes. El presidente Pedro Sánchez optó por una política económica similar a la del resto de Europa y España aprobó los ERTE, los avales del ICO y el llamado escudo social, pero varias fuentes del Gobierno admiten que eso se hizo con cierta timidez y con retraso: Economía y Hacienda arrastraron los pies. Esa división se reproduce ahora, en plena tercera ola, con la economía española de nuevo por encima de la barrera de los cuatro millones de parados. Economía prepara desde hace meses un plan que incluye reestructuraciones de deuda, recapitalizaciones y ayudas directas a empresas, pero Calviño y Montero ven con reticencias ese último capítulo de las ayudas; José Luis Escrivá, Reyes Maroto y los ministros de Podemos piden, de nuevo, contundencia. La Moncloa ha decidido tomar las riendas en el diseño del paquete ante el riesgo de que esas ayudas se retrasen aún más y eso precipite las quiebras de miles de empresas. “Estamos llegando tarde”, admite un ministro.
El presidente Sánchez marcó el debate en el Congreso, hace dos semanas, con el anuncio de un paquete de 11.000 millones para evitar titubeos. El plan se ha acelerado y se aprobará este martes. Pero los titubeos no se han esfumado, y el equipo del presidente ha asestado esta semana el golpe de mano definitivo: fue la vicepresidenta Carmen Calvo quien presentó, en la comisión de subsecretarios del jueves, el borrador del decreto que se abordará en el Consejo de Ministros, sin que antes el texto hubiera pasado por la comisión delegada de asuntos económicos, que lidera Calviño. Economía pierde así el control directo de esta iniciativa.
El plan no estaba en la agenda de la comisión delegada el viernes. Finalmente se debatió, pero sobre la base del borrador presentado por Calvo, y con voces críticas como la de Escrivá. En ese borrador había anomalías importantes, según las fuentes consultadas: el capítulo de las ayudas directas a empresas estaba completamente en blanco, mientras que el resto, con las medidas que apoya Calviño, estaban bien detallados a falta de las cifras finales, que se discutirán este fin de semana. La clave política es qué porcentaje del paquete de 11.000 millones serán ayudas directas. Fuentes del Gobierno apuntan que estarán por debajo de los 2.000 millones, pero la negociación está muy abierta. Los ministerios implicados son cuatro (Economía, Hacienda, Industria y Justicia), pero en ese debate participarán también Escrivá, la Oficina Económica de La Moncloa y la propia Carmen Calvo, responsable de coordinar todos los trabajos, además de Nacho Álvarez como representante de Unidas Podemos.
¿Ha presionado La Moncloa a Calviño para desatascar ese asunto? “Eso es ir muy allá”, apuntan fuentes gubernamentales, que subrayan el “máximo apoyo” a Calviño y apuntan que el plan tendrá suficiente potencia de fuego. Fuentes financieras y varios ministerios, sin embargo, temen que los fondos destinados a reestructuraciones y créditos participativos pesen demasiado en detrimento de las ayudas no reembolsables. “El problema de las empresas no son los créditos del ICO, sino la caída de ingresos”, apuntan las fuentes consultadas.
Calviño ha sido clara en público en sus dudas sobre la utilidad de dar ayudas directas a empresas que después pueden quebrar igualmente, y por eso apuesta por las otras fórmulas. En el paquete final habrá un fondo para ayudar a las empresas a reestructurar su deuda en créditos del ICO con ayuda de la banca (que podría ascender a unos 5.000 millones), además de un segundo fondo de recapitalización de empresas medianas bajo el paraguas de la empresa pública Cofides, a través de créditos participativos. Y un tercero con las ayudas directas canalizado a través de las autonomías. “Las cifras se están terminando de definir”, según explicó un portavoz de Economía. Hacienda, según las fuentes consultadas, apoya la aproximación de Economía y subraya la necesidad de vehicular las ayudas directas a través de las comunidades, lo que introduce complejidad en el diseño y la gestión del plan.
Es cierto que existe el riesgo de que las ayudas vayan en parte a empresas zombis, pero el coste de no hacer nada y que mueran miles de empresas es mucho mayor: un crecimiento lastrado cuando llegue la recuperación, según los expertos. España ha aprobado menos ayudas que el resto de Europa, según los informes de la Comisión, el FMI y el BCE, aunque Economía refuta esa idea y se agarra a unas cifras recientes de la UE y a otro estudio del Consejo de la Competitividad francés. Alemania aprobó 50.000 millones para cubrir la caída de ingresos de pymes y autónomos, y da una ayuda de hasta el 75% de las ventas para las empresas más afectadas, como los hoteles. Francia acaba de aprobar un paquete de 20.000 millones para evitar quiebras a través de créditos blandos, pero entre la primera y la segunda ola dio también 8.000 millones en ayudas a pymes y autónomos para compensar las caídas de ventas. En Reino Unido, Italia y hasta Portugal hay esquemas parecidos, y en España se discutieron a finales de 2020, en el paquete de ayuda al sector turístico, pero Calviño las desestimó ante la inminencia de la recuperación. Pero la recuperación se retrasa. E incluso Economía admite que es imprescindible un último arreón de estímulos fiscales hasta que el PIB coja vuelo.
Los estabilizadores automáticos son los héroes anónimos de la política económica moderna: cuando llega una crisis, el seguro de desempleo y otros capítulos de ese invento llamado Estado del bienestar permiten amortiguar el golpe. Eso vale para tiempos normales: en caso de crisis excepcionales hacen falta estímulos excepcionales. El BCE, Bruselas y el FMI han animado a los socios del euro a adoptar medidas ambiciosas sin pensar demasiado en el llamado riesgo moral ni en la sostenibilidad de la deuda. “Lo ortodoxo, ahora, es gastar”, repiten. Calviño y Montero, sin embargo, se han mostrado reticentes por dos razones: España entró en la pandemia con escaso músculo fiscal, y la sombra del rescate bancario y los ajustes asociados es alargada. “Luego pasa lo que pasa, vienen los hombres de negro con las tijeras y nos echamos a temblar”, dijo Calviño hace unos meses, en una de las reuniones en las que defendía una respuesta gradualista. Ese debate se reproduce ahora a cuenta de las ayudas directas a las empresas. Con las mismas facciones que hace un año. Y esta vez con la amenaza de una oleada de suspensiones de pagos, según el análisis del Banco de España.
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