Organizaciones de defensa de los Derechos de la Mujer y agrupaciones por el derecho al aborto han convocado movilizaciones en toda Polonia para protestar contra una de las normas más restrictivas de Europa sobre la materia. Las protestas, en el primer aniversario de la ley, llegan apenas unos días después de la muerte en Czestochova (en el sur del país) de una mujer embarazada de gemelos a la que durante más de una semana no se le extrajo el feto sin vida de uno de ellos por decisiones médicas que la familia achaca a la legislación antiabortista. Esta ley ha empujado a miles de mujeres a viajar a otros países para interrumpir su embarazo y ha impulsado más de un millar de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Marta Lempart, fundadora del movimiento Huelga de Mujeres, explica por videoconferencia que, como la situación sanitaria por la pandemia no aconseja grandes manifestaciones multitudinarias, se están impulsando otras acciones como piquetes, cortes de carreteras o encendido de velas, tanto en las ventanas de las casas como frente a instituciones como el Tribunal Constitucional o las sedes del partido en el poder, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS). “La prohibición del aborto en Polonia mata”, protesta Lempart, que explica que el objetivo inmediato de las movilizaciones, más allá de revertir la legislación, es “que se haga justicia” con el caso de Agnieszka T., la mujer fallecida en Czestochova, “para que no le vuelva a pasar a más familias”.
Agnieszka T., de 37 años y madre ya de otros tres hijos, estaba en el primer trimestre de un embarazo de gemelos cuando, el pasado 23 de diciembre, perdió uno de los fetos. Entonces, los médicos del hospital de Czestochova decidieron “adoptar una actitud de espera y vigilancia, pues existían posibilidades de salvar al segundo niño”, según un comunicado del centro médico. El 31 de diciembre, sin embargo, se certificó la muerte del segundo feto debido a un “aborto espontáneo”. A los dos días, le extrajeron ambos fetos. La mujer fue trasladada a otro hospital, donde permaneció ingresada desde entonces, y finalmente perdió la vida el martes. “No sabemos exactamente qué ha pasado. Los médicos no informaron en ningún momento a la familia de las decisiones que estaban tomando, ni siquiera les dejaron verla hasta que ya estaba muy enferma”, explica Lempart. “No la trataron bien”, añade.
Mientras la justicia polaca investiga el suceso, la familia de Agnieszka afirmó en un mensaje difundido por las redes sociales que los médicos no atendieron sus súplicas para que salvaran a la mujer, “incluso a costa del embarazo”: “Desafortunadamente, no se permitió la extracción del feto muerto porque la ley en Polonia lo prohíbe estrictamente. Esperaron hasta que las funciones vitales del otro gemelo se detuvieran espontáneamente y Agnieszka llevó al niño muerto en su útero durante los siguientes siete días”.
El caso recuerda a otro similar ocurrido en Polonia en septiembre, cuando Iza, de 30 años, perdió la vida en un hospital por complicaciones en un parto durante el cual, según la familia, los médicos primaron salvar la vida del feto y tomaron decisiones que costaron la vida a su madre. En aquella ocasión, el presidente polaco, Andrzej Duda, lamentó que solo se hablase “de la muerte de la madre” y “no se mencionase que también murió un niño”. “La vida es un valor absolutamente supremo”, añadió.
Hace un año entró en vigor el fallo del Tribunal Constitucional de octubre de 2020, que criminaliza la interrupción del embarazo incluso cuando se ha diagnosticado un deterioro grave e irreversible del feto, aunque en teoría es posible si está en riesgo la vida de la madre. Esto elimina la posibilidad de terminar un embarazo en caso de malformación del feto, que en la práctica suponían el 97% de los abortos que se ejecutaban. En consecuencia, según datos del Fondo de Sanidad estatal polaco, el número de abortos legales practicados en 2021 descendió un 65% con respecto al año anterior, cuando de acuerdo con organizaciones independientes se produjeron unas 1.000 interrupciones del embarazo en todo el país.
“Más del 80% de la población polaca está de acuerdo con que el aborto sea un derecho legal”, asegura Lempart, cuya organización está promoviendo un teléfono de apoyo a las familias para asegurar que, con apoyo legal y difusión mediática, los profesionales sanitarios polacos se vean obligados a mejorar el trato a las mujeres en estas situaciones y no se repitan casos como el de Agnieszka. “Cuando el Gobierno aprueba este tipo de leyes, necesita a gente que las aplique. Entre los jueces, ha habido héroes que se han negado a aplicar leyes injustas —si no fuera así, yo llevaría tres años en la cárcel—, pero entre los médicos, aunque hay un pequeño grupo de profesionales y de centros que están dispuestos a actuar correctamente y ayudar a las mujeres, nadie ha salido a hablar públicamente contra estas prácticas”, protesta Lempart.
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