Rogelio Muñiz Toledo
“La gente que no entiende la Judicatura, su función en la protección de la Constitución y la necesidad de independencia judicial, puede debilitarla a través de sus acciones”: Breyer*
Con la finalidad de que en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantizaran la pluralidad de criterios y la independencia de los ministros respecto de quienes interviene en su designación, la reforma al Poder Judicial de las Federación de 1994 incluyó el principio de la renovación escalonada del pleno, de tal forma que se sustituyera a un tercio de sus integrantes en cada sexenio.
El procedimiento de renovación escalonada ha funcionado razonablemente bien. De los veintiún ministros y cuatro ministras que han integrado la Suprema Corte desde la reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo propuso a los once de la integración inicial -diez hombres y una mujer-, Vicente Fox a cuatro -solo una mujer-, Felipe Calderón a cinco -ninguna mujer-, Enrique Peña a tres -únicamente una mujer- y Andrés Manuel López Obrador ha propuesto a dos, un hombre y una mujer.
Fox inició su sexenio con una Corte integrada en su totalidad por ministros designados por su antecesor y lo concluyó con tres impulsados por él en la segunda mitad de su gobierno; Calderón y Peña terminaron su administración con tres propuesto por ellos, también en la segunda parte de su gestión; el presidente López Obrador prácticamente inició su gobierno con dos ministros propuestos por él, tres por Peña, cinco por Calderón y uno por Fox. Al iniciar la segunda parte de su mandato, serán cuatro los impulsados por él
Durante más de nueve años solo hubo una mujer en la Corte y en su integración nunca ha habido más de dos ministras. La renuncia del ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza debiera ser la oportunidad para avanzar en la paridad de género en su integración.
Desde la integración original de la Suprema Corte, la silla que aún ocupa el ministro Medina Mora ha quedado vacante anticipadamente en tres ocasiones; las dos primeras por los lamentables fallecimientos del ministro en funciones Humberto Román Palacios en 2004, dos años antes de concluir su periodo, y del ministro con licencia Sergio Valls Hernández en 2014, cinco años antes de terminar su encargo, y ahora por su renuncia.
Esta renuncia se da en un momento en el que la Suprema Corte enfrenta fuertes presiones, desde el poder, por su función de control de la constitucionalidad de los actos de los entes públicos. Modificará las previsiones para la renovación escalonada de sus integrantes y alterará los equilibrios en el pleno y las salas de la Corte, pero debiera servir para volver a abrir el debate sobre la importancia de los requisitos y el perfil para ocupar el cargo -sobre todo lo relacionado con la buena reputación, la probidad y la honorabilidad- así como sobre la integración de la terna por parte del presidente de la República y el procedimiento en el Senado para la designación de los ministros, en particular el formato de las comparecencias de los aspirantes, la forma de acreditar los requisitos mencionados y los debates previos a la votación en el pleno.
De acuerdo con los periodos del encargo de los actuales integrantes de la Corte, la tercera y última vacante en este gobierno debía darse al final de 2021, al concluir el periodo del ministro José Fernando Franco González Salas. Con la renuncia del ministro Medina Mora, al presidente López Obrador le corresponderá proponer al menos cuatro ministros -todos antes de que concluya su tercer año de gobierno- y no tres como estaba previsto.
La designación de Medina Mora como ministro fue tal vez la más controvertida de las veinticinco que ha habido desde 1995 y su estancia y salida de la Corte también. Para evitar que la renuncia pudiera afectar la imagen de la Corte y para cerrarle el paso a los intentos de utilizarla para debilitarla, sería muy importante que tanto el presidente de la República como el Senado transparentaran no solo las causas sino las circunstancias en las que se produjo la dimisión, porque el anuncio de la renuncia y el inicio del proceso para su aprobación en el Senado han estado rodeados de opacidad y de una gran cantidad de dudas y especulaciones.
El artículo 98 constitucional establece que “las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves”. Quienes deben valorar si se actualiza esta hipótesis son el presidente de la República, al decidir si acepta o no la renuncia, y el Senado de la República, al decidir si la aprueba. Como ni la carta de renuncia del ministro Medina Mora contiene los motivos de su dimisión ni el oficio con el que la Secretaría de Gobernación la remite a la Cámara de Senadores expone los elementos que tomó en cuenta el presidente de la República para aceptarla, será imprescindible que en el Senado se instrumente un procedimiento que permita que los legisladores cuenten con elementos objetivos para decidir sobre su aprobación.
El presidente López Obrador declaró ayer que en su momento fue informado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de que se había iniciado una investigación relacionada con el ministro Medina Mora y que no ha tenido contacto con él desde que presentó su renuncia, pero que considera que el motivo de esta fue porque “quiere atender denuncias presentadas” ante la Fiscalía General de la República. Además, el 6 de junio pasado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera publicó un tuit en el que informó que “recibió una solicitud proveniente del Senado para analizar información de transferencias financieras de un ministro”. Toda esta información debía ser conocida por el Senado antes de decidir sobre la aprobación de la renuncia y darse a conocer por ser de interés público.
Para que las y los senadores conocieran con certeza la causa de la renuncia y los motivos que lo llevaron a presentarla en este momento, sería conveniente que con base en lo que disponen el artículo 259 del Reglamento del Senado de la República se citara al aún ministro Medina Mora a comparecer ante las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores para que exponga y acredite las causas graves que la motivaron; además, el Senado debiera solicitarle al titular del poder ejecutivo federal que informe sobre los elementos de juicio y las razones con base en las cuales tomó la decisión de aceptar la renuncia y que remita al Senado la información sobre las investigaciones relacionadas con Medina Mora, a las que se han referido en diversas ocasiones el presidente de la República y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y cuyas conclusiones deberán ser transparentes para no dejar espacio a las especulaciones sobre su utilización como instrumento de presión política o un pacto de impunidad.
*Juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América
:.
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.