La nueva normativa sobre inversiones sostenibles de la UE amenaza la financiación de la industria militar

La introducción de criterios sociales en la taxonomía de la Unión Europea amenaza la inversión en la industria europea de defensa. El grupo que asesora a la Comisión para la elaboración de la taxonomía —la lista de actividades económicas y criterios de inversión para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la UE— ha recomendado, según un informe confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS, excluir las actividades que se oponen de forma flagrante a los objetivos de la Unión o causan un daño de manera intrínseca e inevitable, una definición que dejaría fuera al sector de defensa y lo estigmatizaría junto a industrias como la del juego o el tabaco.

La introducción de criterios sociales en la lista de actividades económicas (taxonomía) y criterios de inversión para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la UE amenaza la inversión en la industria europea de defensa. El grupo que asesora a la Comisión Europea para la elaboración de la taxonomía ha recomendado, según un informe confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS, excluir a las actividades que se oponen de manera flagrante a los objetivos sociales de la UE o causan un daño de manera intrínseca e inevitable, una definición que dejaría fuera al sector de defensa y lo estigmatizaría junto a industrias como la del juego o el tabaco. Las empresas de defensa temen que la etiqueta de insostenibles las prive de unos flujos de inversión imprescindibles para mantener su competitividad, sobre todo, en un momento en que las grandes potencias mundiales están embarcadas en una carrera de armamento mucho más sofisticada y tecnológica que en el siglo XX.

Los expertos recomiendan a la Comisión añadir a la taxonomía de inversión, aprobada en 2020, criterios de exclusión para que ciertos sectores queden fuera con independencia de la calidad laboral que ofrezcan. Ese descarte de entrada, señala el citado documento, “garantizaría que sectores o actividades dañinos como los de armas, el juego o el tabaco no podrían ser calificadas como socialmente sostenibles a pesar, por ejemplo, de que tengan un buen resultado en relación con los trabajadores”.

El informe final sobre los criterios sociales ha sido elaborado por la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, el grupo permanente de asesores de la Comisión para desarrollo de la taxonomía o clasificación de actividades económicas sostenibles hacia las que pretende orientar la inversión. El documento, fechado en noviembre de 2021 y catalogado de momento como confidencial, es susceptible de provocar una polémica de la misma envergadura que la desencadenada recientemente en torno a la energía y el gas por la aplicación de los criterios medioambientales de la taxonomía.

Fuentes de la Comisión subrayan que los informes del grupo de expertos no son vinculantes y que no se puede prejuzgar el resultado final. “Creemos que es importante tranquilizar al sector y asegurarle que no hay nada precocinado”, apuntan esas fuentes. Y añaden que la Comisión velará para que la taxonomía no entre en contradicción con las prioridades políticas del organismo, entre las que figura el desarrollo de una robusta política de defensa. Esta misma semana la Comisión ha insistido en la necesidad de eximir de IVA a las inversiones en proyectos de investigación para el desarrollo de la industria militar.

Estigmatizar la actividad

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Pero el sector teme que el proyecto sobre los criterios sociales de la taxonomía entre en una dinámica imparable que acabe por estigmatizar su actividad. El grupo de asesores de la Comisión que se ocupa de esos criterios está presidido por Antje Scheneeweiss, representante de la iglesia anglicana de Alemania, una organización conocida por su combate contra la fabricación de armas.

Jan Pie, secretario general de la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD, por sus siglas en inglés), señala que “sería extremadamente malo para la industria si la Comisión concluye que no es socialmente sostenible”. Pie asegura: “Ya hemos hecho saber nuestra posición al más alto nivel, con Valdis Dombrovskis [vicepresidente ejecutivo de la Comisión], Josep Borrell [vicepresidente responsable de Exteriores y Defensa] o con Thierry Breton [comisario de Mercado Interior] y todos son conscientes de la inquietud de la industria”.

Los expertos abogan por aplicar la taxonomía no solo a las actividades de carácter eminentemente social (como pueden ser la construcción o el suministro de agua), sino a todo tipo de industria que pueda demostrar un impacto positivo en ámbitos como los derechos laborales, la inclusión social, la no discriminación, la protección del consumidor, el logro de una sociedad pacífica o la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

El objetivo, como en el caso de los criterios medioambientales, es que los mercados puedan identificar fácilmente los sectores sostenibles y canalizar hacia esas actividades el ahorro acumulado en aseguradoras, fondos de inversión y de pensiones. La etiqueta de la taxonomía aspira a convertirse así en un sello de sostenibilidad que puede propulsar la capitalización de las empresas que la consigan.

Pero el informe elaborado por el grupo de Schneeweiss defiende excluir de entrada aquellas actividades que se consideren como dañinas, con independencia de la calidad de las relaciones laborales o la contribución al bienestar general que puedan demostrar las empresas de esos sectores. El documento establece un paralelismo con los criterios medioambientales, que excluyen de la taxonomía a las empresas cuya actividad es inevitablemente contraproducente para la protección del medioambiente o la lucha contra el cambio climático.

“Si la taxonomía social sigue este razonamiento, las actividades significativamente dañinas podrían ser aquellas que se oponen a los objetivos sociales de manera fundamental y en cualquier circunstancia”, señala el informe de la Plataforma. Y completa la definición añadiendo que se trata de aquellas actividades en las “que no hay forma de hacer que sean menos dañinas”.

Las industrias del tabaco, el juego y el armamento se perfilan como las principales damnificadas de esa clasificación. El informe, de hecho, apunta en primer lugar a los convenios internacionales sobre armas como fuente para determinar qué empresas son excluidas de la taxonomía. Y en segundo lugar, a los estudios sobre los efectos negativos desde el punto de vista social de ciertos productos, una categoría en la que señala como ejemplo “la producción y comercialización de cigarrillos”.

Los estudios de la Plataforma no son vinculantes para la Comisión, como se ha demostrado en el caso de la energía nuclear y el gas. El Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen ha aceptado esas dos fuentes de energía como sostenibles a efectos de la taxonomía a pesar de la opinión en contra de los expertos.

Empresas españolas

Aun así, el proyecto de los criterios sociales de la taxonomía ha disparado las alarmas entre la industria de defensa, una actividad en la que operan numerosas empresas con ramificaciones en otros sectores como el de las telecomunicaciones, el transporte aéreo o la geolocalización. La patronal española (TEDAE) cuenta entre sus miembros compañías como GrupoAmper, Hispasat, Indra o Navantia.

La Comisión prepara, además, un proyecto de ecoetiqueta que, según el borrador actual, estará vetada para las compañías que obtengan un 5% de su facturación de la fabricación o comercio de armas convencionales o de productos militares de combate. La decisión, pendiente todavía de ser aprobada, podría borrar del mapa de los inversores interesados en la ecoetiqueta a un gran número de empresas europeas.

La patronal ASD, en la que figuran gigantes como Airbus, Dassault, Fincantieri o Leonardo, presiona desde hace meses a la Comisión para evitar un desenlace que puede ser fatal para el futuro económico de un sector que en 2019, último ejercicio antes de la pandemia, facturó 260.000 millones de euros y contaba con casi 900.000 empleados.

En el sector señalan que el estigma no afectaría solamente a las compañías especializadas en armamento sino a todo el ecosistema empresarial, que incluye numerosas actividades civiles, que opera en torno a la industria militar. La imagen negativa del sector pondría incluso en peligro la capacidad de atraer los perfiles profesionales de alta cualificación que precisa una industria donde los avances tecnológicos son continuos. “Competir para contratar ingenieros será aún más duro para un sector que no sea considerado sostenible”, lamenta Pie.

El secretario general de ASD avisa, además, de que el deterioro de la imagen del sector ya está teniendo repercusiones financieras. “Desde hace dos años, un número creciente de bancos europeos rechazan trabajar con el sector”, apunta Pie. Y los inversores también se retiran “ante el temor de una espiral negativa”.

La taxonomía y la ecoetiqueta podrían ser el desencadenante definitivo de esa espiral negativa si la Comisión secunda las propuestas de los expertos que tiene sobre la mesa. La consecuencia, advierte Pie, “sería que los inversores internacionales y los bancos, especialmente los estadounidenses, ocuparían el lugar de los europeos”. Y el desarrollo de la defensa europea, una de las prioridades precisamente de la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acabaría controlado por capital extracomunitario. “Eso no encaja muy bien con la idea de autonomía estratégica que defiende la Comisión”, remata Pie.