La sentencia de un tribunal de Moscú que declara “extremistas” y ordena disolver las organizaciones vinculadas con el líder opositor ruso Alexéi Navalni refleja cómo se ha elevado el nivel de la obsesión de Vladímir Putin y sus allegados por el dominio total del escenario político de Rusia.
El veredicto —emitido a puerta cerrada y con pruebas “secretas”— afecta a la fundación de lucha contra la corrupción y al fondo de defensa de derechos cívicos, así como a sus sedes en todo el país. El fallo judicial permitirá excluir como candidatos de cualquier elección a centenares de miles de personas. Ya el 4 de junio entró en vigor una ley, firmada por Putin, según la cual los dirigentes, organizadores y otras personas involucradas en las actividades de una entidad declarada “extremista” pueden ser vetados como candidatos durante un periodo que va de tres años —los simpatizantes— a cinco años —los dirigentes y organizadores— por actividades incluso anteriores a la prohibición formal de la entidad. Bastarán un “me gusta” solidario con la causa de Navalni en las redes sociales o la participación en alguna de sus actividades.
El ritual representado por los jueces es la pieza clave de una compleja construcción represiva con carácter retroactivo para vetar de la gestión pública a los ciudadanos independientes y capaces de superar los ya estrictos filtros ideados por el régimen a lo largo del tiempo. Se trata de una criba ante los comicios parlamentarios del próximo septiembre. Curiosamente, el veto a los “involucrados” en las estructuras de Navalni se extiende hasta junio de 2024, es decir, hasta después de las elecciones presidenciales de Rusia previstas para la primavera de ese año y a las que Putin podría presentarse de nuevo. Para los dirigentes de la organización declarada “extremista” el veto se prolongará hasta 2026.
Con truculentas disposiciones legales, el régimen de Putin ha levantado nuevos muros contra sus potenciales oponentes, redoblando sus esfuerzos desde el pasado otoño. Las grandes protestas de agosto de 2020 en Bielorrusia han podido pesar en la aceleración de esta estrategia llevando a la conclusión de que puede ser más efectivo eliminar a los candidatos de oposición en una fase inicial en vez de tener que falsear los resultados electorales o enfrentarse a los opositores tras las elecciones, como le ha sucedido al presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko. Así, basta con negar la inscripción a los indeseables bajo el paraguas de una ley contra los “involucrados en organizaciones extremistas”.
Los guardianes del Kremlin ponen los últimos ladrillos en una construcción jurídica excluyente y amenazadora. Los demócratas desean que el búnker que edifican se torne sofocante para quienes, atrincherados en él, defienden un obsoleto y delictivo monopolio del poder.
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