Aún no ha llegado el momento —el rebote apenas ahora empieza a despuntar— y la salida de la crisis, como todos los organismos internacionales han dicho por activa y por pasiva, no debe ser por la vía de la austeridad. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya empieza a pensar en el día después, cuando el crecimiento económico haya echado raíces fuertes y empiece a ser el momento de paliar la escabechina de la pandemia sobre el erario. El think tank de los países ricos ha pedido este jueves a España que vaya pensando en un “plan plurianual de consolidación fiscal gradual que incluya a todos los niveles de la Administración” para “asegurar una sostenibilidad” de las cuentas públicas y anunciarlo “cuando la recuperación sea sólida”. “Sin una estrategia creíble de consolidación a medio plazo que permita encauzar la deuda pública en una trayectoria descendente y sostenible podrían aumentar los riesgos para la sostenibilidad fiscal”, remarca al tiempo que apela a una “mejora gradual del déficit estructural”.
“La reducción de la deuda pública sobre PIB, debe priorizarse una vez que el crecimiento económico se encuentre en una senda sólida”, profundiza el texto presentado por el jefe del organismo, Ángel Gurría, en un acto conjunto con la vicepresidenta Nadia Calviño. España, sin embargo, todavía no está ahí. Y hasta que llegue ese momento, el ente con sede en París recomienda mantener una política fiscal expansiva, “prolongando las medidas de apoyo pero también haciéndolas más focalizadas”.
En el contexto de una economía todavía muy debilitada, los economistas de la OCDE insisten en el pase de revista bianual de la economía española en que “la consolidación fiscal solo debe hacerse gradualmente para no hacer descarrilar la recuperación”. Pero España, agregan, no debe perder de vista que ya entró en la actual crisis con fuertes desequilibrios a largo plazo.
Hace un mes y medio la OCDE ya sugería al Gobierno de Pedro Sánchez esperar para subir impuestos —una de las dos formas posibles de consolidación fiscal— hasta que la recuperación fuera un hecho tangible. En ese punto le pedía reducir las exenciones y deducciones en el IVA y en el IRPF, dos impuestos que suman las tres cuartas partes de la recaudación, y que elevara el recargo sobre los carburantes para reflejar su impacto ambiental.
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Esas mismas recomendaciones se mantienen hoy, pero el organismo pone el foco especialmente en los gravámenes verdes: ve “margen para mejorar la fiscalidad ambiental, generar ahorros energéticos y aumentar la recaudación” y cree que las cargas a las que están sujetos los combustibles “son bajas en perspectiva internacional”. “Una vez que la economía esté claramente en la senda de la recuperación”, enfatiza nuevamente, “estas deberían aumentar para reflejar mejor las emisiones de dióxido de carbono [que llevan asociadas], con medidas redistributivas dirigidas a los hogares más pobres”.
Tras pasar abruptamente del 95% al 120% del PIB en solo un ejercicio (2020), el organismo comandado cree que la deuda española cerrará el año en curso en el 119,7% para bajar hasta el 117,4% en 2022. Con los tipos de interés en niveles mínimos, como ahora, esos pasivos son fácilmente financiables, pero el problema llegará el día en el que el Banco Central Europeo (BCE, de largo el mayor tenedor de bonos) inicie el camino hacia la normalización de la política monetaria.
Más crecimiento en 2021 y, sobre todo, en 2022
El think tank de los países ricos hará público su nuevo cuadro macroeconómico mundial el próximo lunes, pero este jueves ya adelanta las coordenadas clave de España. Tras mejorar ostensiblemente en marzo su previsión de PIB, menos de tres meses después el organismo vuelve a elevar su pronóstico de crecimiento para este año (5,9%, frente al 5,7% que atisbaba hasta ahora) y, sobre todo, para el próximo (6,3%, frente al 4,8%) tras el brutal aterrizaje de 2020, cuando la actividad se hundió un 10,8%.
Con estos números en la mano, la economía española regresaría al nivel anterior a la pandemia en el tramo final de 2022, antes de lo que prevé el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y, como ha recordado el propio jefe de la OCDE en varias veces a lo largo de la crisis, el ratio de deuda sobre PIB se puede reducir por dos vías: reduciendo el numerador (subiendo impuestos o recortando gastos) o aumentando el denominador (creciendo más).
La nueva proyección para este año coincide con la última previsión de la Comisión Europea, que hace 15 días situó a España como el país de la UE que más crecerá en 2021 y 2022, pero la del año que viene sigue cinco décimas por debajo de lo que dibuja Bruselas. El Gobierno español sigue siendo, de largo, el más optimista: prevé que el PIB avance un 6,5% este año y un 7% el próximo, unos números que los expertos solo ven factibles si la temporada de verano acompaña. El 12% de la actividad y casi el 13% del empleo dependen del turismo.
El paro bajará, según los cálculos de la OCDE, una décima en 2021 (hasta el 15,4%) y siete en 2022 (hasta el 14,7%). Para entonces, el mercado laboral aún no habrá recuperado por completo el tono precrisis, cuando el desempleo rondaba el 14,1%, pero la previsión es notablemente mejor que la del FMI, que no cree que regrese a los niveles anteriores a la pandemia hasta, como pronto, 2027.
Reforma de pensiones
La OCDE observa con preocupación la evolución de la curva demográfica española, uno de los países europeos que más rápido envejecen, y la presión que esta tendencia supondrá para las cuentas públicas vía pensiones y mayor gasto en sanidad. Y pide lo más difícil: medidas “adecuadas y socialmente aceptables para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones”, vinculando la edad de jubilación con la esperanza de vida al jubilarse y desincentivando los retiros anticipados, “ampliando, por ejemplo, el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra”.
“Es fundamental garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones a medio plazo. Es de congruencia: a medida que vivimos más tiempo, hay que aumentar la vida laboral”, ha subrayado el mexicano Ángel Gurría, que el martes cederá el testigo al australiano Mathias Cormann tras 15 años al frente de la institución. “España ha hecho un esfuerzo enorme para enfrentar y superar la crisis. Vamos en la buena dirección, pero es muy importante que se aproveche este momento para las reformas que reconstruyan el futuro”.
En 2050, según sus cálculos, España tendrá una de las ratios más altas de jubilados sobre trabajadores del mundo rico, con lo que eso acarrea para la Seguridad Social: más gasto en pensiones, menos ingresos por cotizaciones de los empleados. Según las simulaciones de la OCDE, para entonces la deuda pública española bajará hasta el 116% del PIB si se “compensan” las cargas fiscales derivadas del envejecimiento, pero subiría hasta —atención— el 171% de no tomar medidas en esa dirección. En el mejor de los escenarios, en el que se aplican estas reformas y, además, la economía crece un punto porcentual más cada año, el endeudamiento público sobre PIB bajará hasta el 82% en 2050, un valor no visto desde 2012.
Comisión de salarios mínimos
El organismo dirigido advierte de que cualquier nuevo incremento del salario mínimo —tras las dos últimas subidas— debe ir “en línea con las condiciones cambiantes del mercado de trabajo y la productividad”. A la luz de los datos preliminares disponibles, los técnicos de la OCDE no se muestran especialmente preocupados por los últimos aumentos —”las evaluaciones iniciales sugieren que el efecto adverso sobre el empleo fue bajo en 2019“—, pero sí piden a las autoridades españolas nuevos estudios para evaluar los impactos a medida que los datos vayan estando disponibles. Y, sobre todo, urge a crear una comisión permanente que “evalúe periódicamente los cambios” en este indicador.
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