Diversos Estados norteamericanos conservadores han promulgado en los últimos años leyes restrictivas del aborto, en claro desafío a la legalidad federal. Se trata de una ofensiva destinada, al menos en parte, a comprobar hasta qué punto el Tribunal Supremo, donde los legisladores estatales saben que acabarán esas normas, está comprometido con el derecho constitucional al aborto, reconocido en la histórica sentencia de dicha Corte en el caso Roe contra Wade en 1973.
Los ojos estaban puestos ahora en el caso de una ley de Indiana, sobre el que se ha pronunciado el Supremo este martes. Se trataba de la primera vez que la más alta instancia de la Justicia decidía sobre la constitucionalidad de una ley estatal restrictiva del aborto desde que, al sustituir el juez Brett Kavanaugh a Anthony Kennedy el año pasado, el equilibrio de la Corte se inclinara a la derecha. Ambos elegidos por presidentes republicanos, Kennedy fue un moderado defensor del derecho al aborto, mientras que la limitada jurisprudencia de Kavanaugh en la materia como juez de apelaciones despertaba dudas.
Al final, la respuesta del Supremo en esta primera batalla ha sido discreta: la comprobación de si el Tribunal defenderá el derecho al aborto ante las leyes estatales que lo cuestionan deberá esperar.
Una instancia judicial inferior había anulado las dos partes de la ley de Indiana en cuestión, firmada en 2016 por el hoy vicepresidente Mike Pence cuando era gobernador del Estado del Medio Oeste: una que obligaba a enterrar o incinerar los restos de los fetos, y otra que prohibía abortar por anomalías fetales (así como por motivos de sexo o raza). Esta última era más enjundiosa porque limitaba los motivos para realizar un aborto, derecho que Roe contra Wade garantiza sin límites hasta que el feto sea viable.
El Tribunal Supremo mantiene en vigor la parte que obliga a deshacerse de los fetos como restos humanos, ya que considera que la medida no implica una limitación del derecho a abortar. Pero da un paso al lado en la otra cuestión, que plantea un debate más amplio y sí acarrea una restricción de derechos. El Supremo decide no tomar en consideración la apelación del Estado de Indiana contra la decisión del Tribunal de Apelaciones que anuló la prohibición de abortar por anomalías fetales, e indica que esperará a que otros tribunales se pronuncien. “Seguimos nuestra práctica habitual de negar peticiones en tanto que suscitan cuestiones legales que no han sido tenidos en consideración por otras cortes de apelaciones”, dice el Tribunal.
La decisión de no pronunciarse todavía sobre el asunto se produce en medio de un recrudecimiento de la ofensiva antiabortista. Hace dos semanas, Alabama aprobó una ley que básicamente prohibiría el aborto en el Estado, y los propios legisladores reconocen que buscan presionar al Supremo para pronunciarse sobre el derecho establecido en Roe contra Wade. Este mismo martes, se ha sabido que las autoridades de Misuri amenazan con no renovar la licencia a la única clínica que practica abortos en el Estado.
El Supremo, a juzgar por su decisión de este martes, parece dispuesto a proceder con cautela y sin prisas: lleva desde enero valorando si entrar o no a revisar la ley de Indiana, y la escueta decisión de tres páginas indica que el compromiso entre los jueces fue complicado. Las progresistas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor aseguraron que habrían ratificado la decisión del Tribunal de Apelaciones, manteniendo anuladas las dos partes de la ley. El conservador Clarence Thomas, por su parte, adjuntó una escrito de 20 páginas en el que defiende que el Supremo tendrá en algún momento que pronunciarse sobre los, en sus palabras, “abortos eugenésicos”
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