El recrudecimiento del embargo a Cuba, y su aplicación extraterritorial, es el eje de la política de Trump para rendir la isla y construir en ella una democracia alineada con los intereses de Estados Unidos, objetivo fundamental de un castigo comercial, económico y financiero que comenzó en octubre de 1960 como respuesta a las expropiaciones revolucionarias de propiedades norteamericanas. La apertura política es un desiderátum que difícilmente llegará con las sanciones inspiradas en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 (TWEA, por sus siglas en inglés), que autorizó a la Casa Blanca prohibir el comercio con el enemigo, o aliados del enemigo, en tiempo de guerra o emergencia. La sucesión de acosos y el atrincheramiento han resultado baldíos, más allá de multiplicar la emigración y las penalidades. Las palancas de Cuba para sobrellevar el trance son sobradamente conocidas: más iniciativa privada y más inversión extranjera, lastradas por los candados internos y el temor a las represalias norteamericanas.
El concepto de democracia y libertad choca en la mayor de la Antillas con el antimperialismo inculcado desde la escuela, ignorando que nacionalismo, soberanía y democracia son compatibles. A la espera de que Washington regrese al deshielo ensayado por Obama, y La Habana asuma que la división poderes no significa la pérdida de independencia nacional, el país afronta nuevos hostigamientos si Trump es reelegido. Pero el pluralismo político no será fruto de una persecución que prohíbe utilizar el dólar y acceder al mercado norteamericano, y obliga a echar mano de intermediarios y pechar con el encarecimiento de fletes, seguros y financiación por el temor de proveedores y prestamistas al incumplimiento de los contratos.
La coyuntura empeora y regresa la pesadilla de la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles. De abril de 2018 a marzo de 2019, el embargo causó 4.300 millones dólares en pérdidas de empresas, bancos y embajadas, obligadas a las triangulaciones, cuando no a la prestidigitación, en sus operaciones financieras. Observando que el castigo surte efecto, la Casa Blanca lo endureció ampliando la relación de entidades objeto de sanciones; restringió viajes y estancias y echó mano de la Helms Burton para que los tribunales norteamericanos puedan juzgar demandas contra empresas o personas relacionadas comercialmente con propiedades nacionalizadas después de 1959.
El propósito es la asfixia de una nación que imparte cultura marxista depende de mercados capitalistas y arrostra los pagos de deuda acordados en 2015 con el Club de París. Difícilmente saldrá del estancamiento sin reconvertir una economía lastrada por la improductividad, la pobreza salarial y un igualitarismo tan imposible como improbable es el cumplimiento de los planes de desarrollo oficiales previstos hasta 2030. La Unión Europea y los organismos internacionales de ayuda al desarrollo algo podrán hacer para soslayar los imperativos de Washington y posibilitar las transformaciones que Cuba necesita para solucionar crisis que son crónicas porque crónico es el fracaso del partido único y la estatización.
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