Naciones Unidas se suma a las múltiples condenas contra la junta militar birmana por la última masacre perpetrada en Myanmar, un día antes de Navidad. Martin Griffiths, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y coordinador de la Ayuda de Emergencia de la ONU, denunció este domingo la muerte de al menos 35 civiles y la desaparición de dos trabajadores de la organización Save the Childen en la pequeña localidad de Moso, en el municipio de Hpruso, en el este del país, donde reside una comunidad cristiana. En un comunicado, el diplomático británico se mostró “horrorizado” por la matanza, que, según la oposición al Gobierno castrense, fue llevada a cabo por tropas del Tatmadaw (Ejército birmano) como parte de una “operación de limpieza étnica”.
“Informes creíbles aseguran que al menos 35 personas, entre las que figura por lo menos un niño, fueron obligadas a abandonar sus vehículos, asesinadas y quemadas. Dos trabajadores humanitarios continúan en paradero desconocido” subrayó Griffiths, quien también instó a las autoridades a que “inicien de inmediato una investigación exhaustiva y transparente sobre el incidente para que los autores del crimen puedan comparecer ante la justicia”.
El sábado se hallaron decenas de cuerpos carbonizados dentro de varios vehículos completamente destruidos en las inmediaciones de Moso, en el Estado de Kayah, a unos 240 kilómetros al sureste de la capital birmana, Naipyidó. El Gobierno de Unidad Nacional –el Gabinete en la sombra formado por legisladores cesados a raíz del golpe del 1 de febrero, representantes de la oposición y miembros de grupos étnicos, que asegura ser la representación legítima del pueblo birmano– ha atribuido el ataque a la junta liderada por Min Aung Hlaing, en respuesta a los grupos de resistencia que operan en esta área.
Kayah fue una de las primeras regiones del país donde las guerrillas étnicas se alzaron contra el Tatmadaw tras la asonada. Durante décadas, el Ejército ha luchado intermitentemente con varios grupos armados de la minoría karenni, mayoritaria en este Estado y que desde hace años busca su autonomía del Gobierno central. En la zona, frecuente escenario de ensañamientos entre los militares y los rebeldes, las tensiones habían escalado en las últimas semanas.
El Gobierno de Unidad Nacional asevera que las tropas estaban llevando a cabo una “operación de limpieza” en el municipio con el fin de expulsar a los residentes, una brutal práctica que el Ejército birmano utilizó con frecuencia durante la campaña de 2017 contra la minoría musulmana rohinyá. La oposición afirma que las tropas bloquearon el acceso a Moso, atraparon a los residentes que intentaban escapar en coches y camiones, los ataron y los quemaron vivos.
Los medios oficialistas se han limitado a informar de que los militares abatieron el viernes a un número indeterminado de “terroristas armados”, pertenecientes a guerrillas opuestas al régimen. El diario estatal Myanmar Alin señaló que los combates tuvieron lugar después de que miebros del grupo Fuerza de Defensa de las Nacionalidades Karenni (KNDF, por sus siglas en inglés) se negaran a detener sus vehículos durante un control rutinario. Sin embargo, la KNDF enfatiza que las víctimas son civiles que no forman parte de sus filas, de acuerdo con la información recogida en el portal de noticias independiente Myanmar Now.
Phil Robertson, director adjunto de la división de Human Rights Watch para Asia, considera que los fallecidos eran probablemente lugareños que se encontraban huyendo de las tropas militares que el mismo viernes habían reforzado su presencia en la región.
“Estamos horrorizados por la violencia ejercida contra civiles inocentes y nuestro propio personal, quienes son trabajadores humanitarios entregados con su misión, que ayudan a millones de niños necesitados en todo Myanmar”, expresó el sábado en un comunicado Inger Ashing, directora ejecutiva de Save the Children, ONG presente en el país desde 1995. Desde la organización han anunciado que suspenderán de manera temporal el trabajo en los Estados de Kayah, Karen y Magway, y han condenado que “no se pueden tolerar los ataques contra los trabajadores de ayuda”.
El conflicto también se ha recrudecido en los últimos días en Karen, región vecina de Kayah y fronteriza con Tailandia, donde el grupo rebelde Unión Nacional Karen también está plantando cara a la junta militar. Cerca de la medianoche del jueves, el Ejército lanzó al menos dos ataques aéreos contra la guerrilla. Se calcula que, desde el 15 de diciembre, más de 10.000 personas han huido de Karen, entre las que se incluyen más de 4.200 que, según el Ministerio de Exteriores de Tailandia, ya han cruzado la frontera. El portavoz tailandés de Exteriores Tanee Sangrat informó el viernes de que los dos ataques también afectaron a los tailandeses que residen en el límite entre los dos países. Varias organizaciones no gubernamentales están pidiendo a Bangkok que no cierre sus fronteras ante la llegada de refugiados.
La antigua Birmania lleva casi un año sumida en el más profundo caos. La líder de facto del Gobierno depuesto por el Ejército el 1 de febrero, Aung San Suu Kyi, en arresto domiciliario desde entonces, se encuentra a la espera de retornar a los tribunales para hacer frente a varios de los cargos que se le imputan. La premio Nobel de la Paz de 1991 está acusada de un total de 11 delitos que le podrían acarrear más de un siglo entre rejas. El pasado 6 de diciembre ya fue condenada a dos años de prisión por incitar a la violencia e incumplir las medidas para contener la pandemia de covid-19.
A pesar de la violencia ejercida por la junta contra la disidencia, las protestas pacíficas, las nuevas milicias civiles surgidas en oposición al Tatmadaw y las guerrillas formadas por minorías étnicas desde hace décadas, han imposibilitado que la Administración de Min Aung Hlaing haya logrado un control completo sobre el país. Según la Asociación para los Prisioneros Políticos de Myanmar, más de 1.300 personas han sido asesinadas por los militares y casi 8.300 están arrestadas o han sido condenadas.
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