Ausencia de vivienda asequible. Impuestos insuficientes para financiar la protección social. Burocracia que impide acceder a las prestaciones. Son tres conceptos muy presentes en el informe de España del relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, quien, tras una visita de 12 días a primeros de año, constató el fracaso de la cobertura a los más desfavorecidos. ”El sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan”, señala el documento difundido este lunes.La primera recomendación del informe es un ingreso mínimo vital de cuya implantación se felicitaba Alston en una videollamada el pasado sábado: “Es un gran logro que sea una renta estatal, más allá de la cobertura regional, ya que unas comunidades poseen un sistema muy humano y adecuado mientras que otras lo han saboteado. Es malo para todos tener un mosaico nada satisfactorio de rentas mínimas”. Eso sí, advierte del reducido número de beneficiarios —la previsión es que alcance a 850.000 familias— y de que tiene que ser afianzado. Alston abandonó el cargo tras la visita a España, y su sucesor, Olivier De Schutter, ha pedido al Gobierno que reduzca los trámites burocráticos para conseguir el ingreso y amplíe el número de personas que lo perciben. El exrelator se felicita de todas las medidas sociales tomadas ante la crisis del coronavirus.La cuarta economía de la UE, escribe Alston en el informe que será presentado esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se recuperó tras la crisis. Pero se han beneficiado sobre todo los ricos, y los poderes públicos han fallado a los pobres. Expone crudamente ese suspenso a los responsables políticos: “Como consecuencia de ello sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas [26,1% de la población es vulnerable, uno de los indicadores más altos de la UE y más de la mitad tiene dificultades para llegar a fin de mes], una alta tasa de desempleo [13,78%], una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones, programas de protección social muy insuficientes, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres, y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas”.Las experiencias más duras para Alston en su viaje por seis comunidades (Madrid, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Galicia y País Vasco) están ligadas a la vivienda. Chabolas de plástico en Huelva para los temporeros, sin agua ni luz —”viven como animales”, sentenció—; la Cañada Real en Madrid —”donde la polución matará a los niños y los responsables políticos simplemente dicen que ya les han aconsejado que se vayan. Yo les planteaba, no quieren irse porque les van a llevar a un área donde no tienen apoyo, ni redes, ni trabajo”, recuerda—; las reuniones en Barcelona de personas desahuciadas o que encaraban un desalojo; los barrios chabolistas en Andalucía —”la gente vive en condiciones extremadamente malas y no tienen acceso a asistencia social decente”—…Alston señala que las viviendas sociales son casi inexistentes (el 2,5% del parque nacional, frente al 30% en Holanda o el 16,8% en Francia), y el panorama se agrava por los fondos de capital riesgo que han comprado casas asequibles y han elevado los alquileres. “Me he entrevistado con personas de clase media que vivían razonablemente bien, a quienes de un día para otro les han doblado la renta. Me vi reflejado en ellos”, explica este profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, un australiano de 70 años. “Si me hubiera pasado, mi vida se volvería del revés, tendría que mudarme lejos de mi trabajo, buscar nuevos colegios para mis hijos. Y toda esa gente enfrentándose a ello por un fallo del Gobierno. Primero, porque no tenían que haber vendido el edificio a un fondo, segundo, porque deberían haber impuesto condiciones para evitar ese tipo de lucro, y tercero, porque deberían explorar opciones legales y no lo están haciendo. Fue muy doloroso ver eso”. Por ello advierte de que hay que “tomar en serio el derecho a la vivienda”, señala en una de sus ocho recomendaciones. Habría que aumentar la inversión en casas protegidas, desincentivar fiscalmente que haya viviendas vacías, controlar los alquileres en las principales ciudades y combatir la privatización de las viviendas baratas.Elevar la presión fiscal para dar más servicios sociales es otra de las recomendaciones del ya exrelator, que ha vivido una temporada en España y conserva lazos en este país, máxime cuando habrá que pagar la factura de la crisis del coronavirus. “La única manera de enfrentarlo es aumentar la recaudación, pero eso es una cuestión política”, asegura. El impuesto a las grandes fortunas del pacto de Gobierno ha sido aparcado por Podemos en las negociaciones de la reconstrucción y Sánchez no ha explicitado las subidas de tributos. España, con un 35% del PIB en impuestos en 2018, está lejos de la zona euro (41,7%) y lo recaudado de las sociedades se redujo a la mitad en 10 años, hasta llegar a un 11%. El Gobierno ha prometido la reforma de esta tasa para elevar lo percibido a un mínimo del 15%, pero el informe, además de pedir la progresividad del sistema, reclama “dejar de ocultar el tipo efectivo del impuesto de sociedades e invertir en programas más eficaces para combatir la elusión de impuestos y el fraude”. “Las elites han disfrutado de una bonanza en la última década, con la rebaja de impuestos y otras prácticas muy favorables”, cree Alston, “y a mayor privilegio disfrutado, más resistencia a compartir la carga”.También la burocracia aparece una y otra vez. “Es una de las principales causas de exclusión, y los irrazonables e imposibles requisitos de documentación constituyen obstáculos que la refuerzan. En muchos municipios, empadronarse es indispensable para acceder a los servicios sociales, pero los requisitos para poder hacerlo dejan fuera del sistema a personas en situación de pobreza como aquellas que no tienen donde vivir, se encuentran en una vivienda temporal o no pueden presentar documentos muy específicos”, mantiene el informe. “La burocracia no se ve a sí misma para servir a los ciudadanos, sino como sustentadora de la legalidad formal”, cree Alston. “Así que si estás en la calle, muerto de hambre, el burócrata dirá, perdone, pero parece que no tiene todos sus documentos en orden, ¿podría abandonar la oficina? Nunca te parece que van a exclamar, Dios mío, esto es terrible, ¿cómo podemos ayudar? Evidentemente los requisitos están para prevenir el fraude y no para prevenir que la gente que necesita la ayuda la consiga. Creo que el sistema no alcanza su potencia porque la mentalidad es errónea”. En su informe pide “realizar un estudio exhaustivo para reducir los trámites innecesarios y transformar las prácticas burocráticas en la esfera de la protección social, con miras a simplificar el proceso de solicitud y reducir los obstáculos burocráticos y los requisitos excesivos”.Madrid: “Son muy claros en su agenda neoliberal”Es la Comunidad de Madrid, la más citada en el informe del relator. Señala que la pobreza severa se ha doblado en 10 años (hasta el 7,8% en 2017) pese a que la región es la segunda de España con el PIB más alto, que su renta mínima de inserción provee la cantidad más baja del país y, aún más grave, que solo llega al 1,5% de la población. Alston se entrevistó con muchas personas “que habían quedado excluidas a causa de los exigentes requisitos”. Se han reducido las aprobaciones (del 50% en 2016 al 23% en 2018) y las que se suspendieron o anularon se doblaron. “Esos resultados tan terribles muestran que el sistema excluye deliberadamente a las personas o está muy mal diseñado”, recalca en el informe. Alston recuerda ahora que las autoridades de Madrid, tanto las locales como las regionales, “fueron muy claras sobre su fuerte agenda neoliberal, en que las rebajas de impuestos son la clave para todo. No estaban interesadas en el argumento de que esa medida nunca ayuda a los más desfavorecidos, ni en abordar la situación de ese 20% o 30% de la población, no hacen nada para ayudarles a sobrevivir y a que asciendan en la escalera social”. Alston quedó impactado porque el Ejecutivo del PP retiró la subvención al Servicio Doméstico Activo, una asociación que educa a las empleadas del hogar frente a los abusos. “Hacen un gran trabajo, lo pude comprobar. Y esa decisión me sonó a algo que haría Donald Trump”.
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La ONU suspende a los políticos por la pobreza en España
