Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, ha aterrizado a las 9.22 de este jueves en la Audiencia Nacional. Acompañado por su abogado, a paso ligero y en silencio, la antigua mano derecha del exministro Jorge Fernández Díaz llegó al tribunal apenas ocho minutos antes de la cita fijada por el juez Manuel García Castellón, ante quien se sentó a continuación para ofrecer detalles sobre la llamada Operación Kitchen, presuntamente urdida en la cúpula de Interior en 2013 para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación comprometedora para altos cargos del partido. Aunque Martínez había asegurado a EL PAÍS hace unas semanas que iba a “contarle al juez todo” lo que sabía, no ha despejado ninguna de las dudas que aún planean en la causa. Aun así, deja un damnificado: su antiguo jefe, del que ha asegurado que fue el primero en hablarle del confidente de la trama, Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas. Según su versión, el miembro del Gobierno de Mariano Rajoy, y persona de la máxima confianza de este, estuvo al tanto de la operación irregular desde el primer momento.
El testimonio de Martínez era clave para saber si la causa —que este viernes vivirá otro plato fuerte con la declaración como imputado de Fernández Díaz— iba más allá de Interior. Sin embargo, el ex secretario de Estado ha delimitado el daño y se ha ceñido exclusivamente a su inmediato superior, al que varias pruebas incorporadas en la causa ya le salpicaban. Entre ellos, los mensajes de móvil que el propio Martínez guardaba y que asegura que le envió el exministro. “La operación se hizo con éxito: Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe […]. Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información… veremos. Te informo”, reza uno de ellos, en referencia a los presuntos dispositivos electrónicos que la trama arrebató a Bárcenas y cuyo contenido se descargó en un pendrive, como han contado varios imputados y testigos, todos ellos agentes de la policía que participaron en aquel operativo.
Martínez, según fuentes jurídicas que asistieron al interrogatorio, ha añadido nuevos datos sobre la presunta implicación de Fernández Díaz en el caso Kitchen. Así, aseguró que el ministro le llamó un fin de semana para contarle que le habían dicho que había un confidente en el entorno de la familia Bárcenas. El ex número dos de Interior ha afirmado que le preguntó al comisario Eugenio Pino, en ese momento máximo responsable policial en su condición de director adjunto operativo, para contrastar la información y este se lo confirmó. Según su versión, por tanto, el ministro tenía constancia prácticamente desde el inicio de que había en marcha una operación, de la que recibía información a través de varias fuentes. Fue por ello que, cuando saltó el escándalo a los medios y Fernández Díaz dijo que no sabía nada, Martínez decidió llevar esos mensajes a un notario para que los ratificara. Estaba dolido y quería dejar claro que más arriba conocían la trama Kitchen, ha explicado al juez.
Pero hasta ahí ha llegado Martínez, que solo ha respondido a las preguntas del magistrado y sus abogados. El ex número dos de Interior se ha escudado en que siempre creyó que la operación era legal y que tenía por objetivo localizar los testaferros y el botín oculto de Bárcenas. Incluso ha hablado de que, con ella, se intentaba confirmar la supuesta existencia de contactos entre el extesorero del PP y la mafia italiana, que había publicado un medio. También ha añadido que él nunca autorizó ninguna actuación ilegal, como la entrada clandestina en un taller y un despacho de la esposa de Bárcenas, y que dio órdenes de que cualquier información relevante fuera transmitida a la autoridad judicial. Sin embargo, la investigación ha demostrado que, pese a que la trama se hizo con documentación del tesorero, nunca se entregó al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que entonces investigaba la caja b del PP, ni a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que estaban bajo sus órdenes.
Martínez ha evitado durante todo el interrogatorio, que ha durado cerca de tres horas, acusar a ningún otro miembro del Gobierno del PP o del partido. Así, de Mariano Rajoy se ha limitado a afirmar que una vez le oyó decir que no estaba preocupado por lo que dijera el extesorero. Sin embargo, en uno de los mensajes de su móvil incorporados a la causa, Martínez mostraba su convencimiento a su interlocutor de que los mensajes que había incluido en el acta notarial “necesariamente conllevaran la citación de Jorge [Fernández Díaz] y probablemente de Rajoy”. Sobre María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, a quien la Fiscalía también ha solicitado imputar, solo ha asegurado que otro de los comisarios implicados, Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de ella, hablaba mal de la política y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
El ordenador de El Gordo
El ex número dos de Interior ha intentado desmontar la declaración del comisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo y responsable de la unidad policial encargada de hacer seguimientos en casos de terrorismo y delincuencia organizada, el principal testimonio en su contra. García Castaño había asegurado ante el juez que fue Martínez quien, en 2013, justo después de estallar el escándalo de la caja b del PP recogida en los llamados papeles de Bárcenas, le dijo que el objetivo real del espionaje era arrebatar aquella documentación comprometedora para el PP y sus dirigentes que el extesorero aún pudiera guardar. También que le entregó en un pendrive la documentación que habían conseguido extraer de manera ilegal de tres dispositivos móviles de Bárcenas e, incluso, que le llevó un ordenador portátil comprado con fondos reservados para que pudiera consultarla.
Este jueves, el ex secretario de Estado ha reconocido que tuvo reuniones con este comisario, pero ha negado haber recibido ese pendrive ni el ordenador. Martínez ha insistido en negar cualquier ilegalidad en la operación e, incluso, la existencia de la propia Operación Kitchen con ese nombre. También ha admitido que con el comisario José Manuel Villarejo, otro de los mandos policiales que intervino en el dispositivo y que permanece en prisión desde noviembre de 2017, mantuvo una relación muy fluida porque se lo dijo su ministro. Ha añadido que a este, a su vez, se lo había recomendado Juan Cotino, recientemente fallecido y que durante el Gobierno de José María Aznar había sido director general de la Policía.
El comisario Eugenio Pino, imputado y señalado como el muñidor de la policía patriótica —el grupo de policías surgido en la etapa de Fernández Díaz al frente de Interior para recabar información sobre los rivales políticos del PP— también apuntó a Martínez al afirmar que los gastos de los fondos reservados los autorizaba en persona el entonces secretario de Estado de Seguridad. Entre ellos, los que se destinaron para pagar al chófer de Bárcenas: 2.000 euros al mes por facilitarles información sobre el extesorero y su familia. Sobre estos pagos y otros efectuados dentro de la Operación Kitchen, como la compra de una pistola, Martínez ha asegurado no conocer los detalles y se ha escudado en que la legislación sobre el control de estos fondos era demasiado laxa y basada en la confianza.
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