La OTAN es un gigante militar con pies financieros de calderilla, una debilidad que parece llamada a corregirse gracias a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha propuesto este lunes reforzar el flanco presupuestario de la Alianza mediante un aumento de las aportaciones a la caja común para mutualizar el coste de las operaciones militares, asumidos ahora por cada aliado. Stoltenberg cree que el compromiso de la nueva administración estadounidense con la Alianza brinda una ocasión histórica para ampliar tanto sus recursos financieros como sus capacidades de actuación en un escenario mundial crecientemente hostil e inestable.
La propuesta de Stoltenberg llega en vísperas de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN de esta semana (17 y 18 de febrero), la primera a la que asiste el nuevo secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. La cita abordará, entre otras cosas, la situación de las operaciones de la Alianza en Afganistán. Pero el encuentro, virtual como consecuencia de la pandemia, servirá sobre todo para marcar el inicio de una nueva etapa en las relaciones transatlánticas después de un mandato de Donald Trump que llegó a poner en peligro la supervivencia de la OTAN y, sobre todo, puso en duda el compromiso de defensa mutua que impera entre los aliados.
El máximo dirigente de la OTAN propondrá a los ministros “aumentar la financiación” de las actividades de defensa y disuasión. El objetivo del incremento presupuestario será, según el mandatario de la Alianza, financiar el despliegue de batallones en la parte oriental de la Alianza, las operaciones militares, los despliegues marítimos y las maniobras.
La caja común de los 30 aliados para 2021 solo asciende a 258,9 millones de euros para el presupuesto civil (funcionarios y sede en Bruselas, entre otros gastos) y a 1.610 millones de euros para el presupuesto militar (que cubre los gastos de explotación de los cuarteles generales de la Alianza y de sus misiones por el mundo). A ello se añade un programa de inversión común en seguridad que este año tiene un techo de gasto de 710 millones. En total, poco más de 2.500 millones de euros. En el caso de la UE, solo la partida administrativa (funcionarios) cuenta con 10.000 millones de euros para este año. Y la embrionaria política europea de defensa ya tiene asignados este año hasta 1.700 millones.
El debate sobre la posible reorganización financiera de la OTAN arranca esta semana y podría cristalizar durante la cumbre que se espera celebrar en Bruselas con presencia de Biden, en la que podría ser su primera visita a Europa como presidente de EE UU: “Nuestra cumbre será una oportunidad única para comenzar un nuevo capítulo en las relaciones transatlánticas”, ha señalado Stoltenberg durante una rueda de prensa previa a la ministerial de esta semana. “En la cumbre presentaré a los líderes una ambiciosa agenda para la seguridad y la defensa transatlántica”, ha señalado el secretario general.
Stoltenberg quiere aprovechar el relevo de la Casa Blanca para relanzar la OTAN, dotándola de mayor músculo financiero, y establecer una iniciativa sobre innovación tecnológica, profundizar la coordinación política y económica y realizar un ejercicio anual de verificación de los puntos vulnerables de cada aliado y de la situación de sus infraestructuras neurálgicas, incluida la posible presencia de capital extranjero.
La mutualización de la factura de las operaciones y las maniobras tendría importantes ventajas, según Stoltenberg. En primer lugar, contribuiría a mejorar el reparto de la carga económica de la defensa europea, una demanda de la administración estadounidense desde tiempos de Barack Obama y que se convirtió en obsesión durante la era Trump. En segundo lugar, los gastos compartidos servirían de incentivo para que los aliados participen más a menudo en las operaciones conjuntas, a sabiendas de que el coste será sufragado totalmente o en parte por el presupuesto de la OTAN. Y por último, el elemento político más importante perseguido por Stoltenberg, es el de fortalecer la vigencia del artículo 5 del Tratado de la OTAN, que impone la defensa mutua en caso de agresión. “Gastar más dinero juntos demostraría la Fortaleza de nuestro compromiso con el artículo 5, nuestra promesa de defendernos unos a otros”, ha señalado Stoltenberg.
En la actualidad, cada aliado cubre los gastos generados por los efectivos o el armamento que aportan a una determinada misión. La nueva fórmula permitiría compartir esa factura a través de la caja común, que se nutre de las contribuciones de cada país en función, entre otras cosas, de su producto interior bruto. Los gastos comunes de la OTAN han sido objeto de interminables debates desde la fundación de la organización hace 70 años, pero siempre han girado en torno al reparto de los costes más que sobre la ampliación del presupuesto.
El último ajuste se introdujo en 2019, cuando Alemania aceptó elevar su aportación al 16,35% del total para igualar la aportación de Washington y calmar las continuas quejas de Trump sobre la carga financiera de EE UU (a España le corresponde el 5,99% de la factura de los gastos comunes). La ampliación del presupuesto común podría ahora calmar también el debate sobre el objetivo de alcanzar un gasto en defensa equivalente al 2% del PIB nacional en 2024, una meta inalcanzable solo a base de gasto en armamento para países como Alemania.
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