Algunas veces, las coincidencias pueden ser realmente extrañas. El 28 de abril, el Gobierno de Sudán anunció una ley que por fin convertirá en delito la mutilación genital femenina, en uno de los países africanos con mayor número de víctimas de esta cruel tradición patriarcal (Unicef considera que el 87% de las mujeres del país la ha sufrido). Sudán era, hasta ahora, uno de los más reacios a considerar delito lo que para muchos grupos étnicos sigue siendo un sello de pureza indispensable para cualquier chica que aspire a un buen matrimonio.
En las mismas horas en que activistas de todo el mundo celebraban esta victoria histórica por los derechos de las mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), inició un estudio sobre la posibilidad de que la mutilación genital femenina se propague en todo el mundo a causa de la pandemia en curso. Es uno de los numerosos efectos secundarios de la covid-19: las medidas de confinamiento, el toque de queda y el cierre de las actividades económicas y de las escuelas, decretado en toda en África para detener el virus pueden ser una trampa para muchas mujeres y niñas, que serán aún más vulnerables frente a la violación de sus derechos.
Según los expertos del UNFPA, que han publicado el análisis en colaboración con la ONG Avenir Health, la universidad estadounidense Johns Hopkins y la universidad australiana Victoria, la prolongación del confinamiento podría provocar en la próxima década dos millones más de casos de mutilación genital femenina respecto a las cifras previstas, además de 13 millones de matrimonios forzosos para niñas menores de 10 años.
¿Las razones? En primer lugar, el retraso en la aplicación de los programas contra la mutilación genital femenina, que se basan en encuentros con las comunidades, la sensibilización de los jefes de las aldeas, las reuniones y el intercambio continuo de informaciones. Todo ello ha quedado en suspenso debido a los cierres causados por la covid-19 y la restricción de movimientos.
La mutilación genital femenina afecta a 200 millones de mujeres en el mundo y tiene consecuencias psicológicas y sanitarias devastadoras, según el último informe de Unicef. La mayor concentración se produce en África, donde 27 Estados siguen registrando distintos porcentajes de esta violencia de género, incluidos aquellos que la declararon ilegal mucho antes que Sudán. Estos porcentajes varían del 95% de mujeres que han sufrido la mutilación en Guinea al 76% de Burkina Faso; del 65% de Etiopía al 24% de Senegal; hasta países donde la práctica es marginal, pero aún no se ha erradicado, como Benín (9%) y Togo (3%).
“Los nuevos datos muestran el impacto catastrófico que la covid-19 podría tener pronto en las mujeres y las niñas de todo el mundo”, afirma la directora del UNFPA, Natalia Kanem. Aunque son solo cálculos: “Las proyecciones ofrecen una visión alarmante sobre el futuro de las mujeres y las niñas, a menos que se hagan urgentemente esfuerzos para garantizar su bienestar y sus derechos”.
Es probable que las mutilaciones genitales femeninas aumenten también debido a la crisis económica y la consiguiente pobreza, que es el principal motor de los matrimonios infantiles que, en países en los que se sigue esta tradición, van precedidos del “corte” de la niña para que llegue pura a la boda. “Las familias pobres tienen más probabilidades de casar a sus hijas en tiempos de estrés económico, para aliviar la carga que supone cuidarlas”, subraya Natalia Kanem.
También hay quienes aprovechan el encierro para retomar de nuevo campañas a favor de la mutilación genital femenina, que se presenta como una tradición cultural típicamente africana que debe mantenerse para preservar su identidad étnica. Lo denuncia, en Nairobi, en Kenia, Everlyne Komba de la red EndFGM: “En las comunidades donde la mutilación genital femenina está profundamente arraigada, la niña no tiene otra opción, no puede negarse sin pagar un precio social, físico o cultural muy alto. En situaciones de emergencia como la que estamos experimentando debido al virus, esas consecuencias degeneran en intolerancia extrema o en etnoterrorismo, o incluso en sanciones sociales como la marginación dentro de la comunidad, el abuso psicológico, o la maldición, la excomunión y las amenazas de muerte”.
Tomemos el ejemplo de Kenia, considerado el país más avanzado del África subsahariana en la lucha contra la mutilación genital femenina, con un porcentaje de víctimas en constante disminución (actualmente, el 21%). El Gobierno de Uhuru Kenyatta se ha comprometido a suprimirla por completo de aquí a 2022, es decir, ocho años antes que el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. “Una meta muy ambiciosa”, comenta Komba, que ahora se enfrenta a un movimiento pequeño pero decidido que se opone a la criminalización de esta práctica.
“La pandemia ha creado las condiciones ideales para que estas personas persigan sus motivaciones perversas, aprovechando que las instituciones están completamente enfocadas en responder a la covid-19 y, por lo tanto, prestan menos atención a otros asuntos”. La activista africana comunica que ha recibido noticias directas de niñas a las que mutilaron clandestinamente (en Kenia se considera un crimen desde 2001), y lo mismo cuenta la psicoterapeuta y feminista de origen somalí Leyla Hussein, que ha fundado en Reino Unido, donde vive, varias asociaciones que brindan apoyo psicológico a las víctimas de la mutilación genital: “En este período, estoy dando apoyo a través de Internet a muchas activistas de África”, explica. “Una de ellas me dijo que en su aldea mutilaron a 45 niñas en una mañana. Por supuesto, la pandemia está matando a muchas personas, pero creemos que, en el mundo, cada 11 segundos se le corta el clítoris a una niña. ¿Por qué no podemos preocuparnos también por esto? Sin embargo, el aumento de esta violencia contra las mujeres tendrá un gran impacto en comunidades enteras”.
Es probable que las mutilaciones genitales femeninas aumenten también debido a la crisis económica y la consiguiente pobreza
De hecho, en toda África se alzan voces que invitan, en este período de covid-19, a no bajar la guardia en lo relativo a los derechos de las niñas. En Ghana, la actriz Yvonne Ossei, protagonista de una serie de televisión que habla precisamente de la mutilación genital femenina, no pierde ninguna ocasión de recordar públicamente a sus compatriotas que no se escuden en la pandemia para no denunciar los abusos contra las mujeres. En Kenia, en el condado septentrional de Samburu, Bernadette Loloju, del organismo gubernamental Anti-FGM, declaró a la agencia Reuters que el cierre de escuelas desde el 16 de marzo ha provocado un aumento de la mutilación genital. “Se ha detenido incluso a una madre que hizo que mutilaran a su hija de 12 años”, refiere, “y las autoridades nos pidieron a los técnicos y a los jefes de la aldea que visitáramos las comunidades rurales del condado para vigilar”.
En el sureste de Nigeria, Kenneth Ehouzou, del UNFPA, ha observado que durante el confinamiento es casi imposible vigilar a las comunidades, y que el alto riesgo de mutilación genital también se debe a la falta de apoyo social a las niñas, obligadas a recluirse en su entorno familiar. En otras palabras, si los padres deciden mutilar a su hija, ella no puede pedir ayuda a nadie.
En Tanzania, la ONG Hope reunió a expertos internacionales (todos a través de Internet) para buscar la mejor manera de lidiar con el posible aumento de las mutilaciones clandestinas debido al nuevo coronavirus: “En la región de Mara”, señalan desde Hope, “el 32% de las mujeres han sufrido la mutilación genital. Hope ha abierto dos casas refugio para niñas que huyen de esta práctica: llegan por la noche, con lo puesto, y les ofrecemos seguridad, educación y esperanza. Ahora nos preguntamos cómo equiparnos para un posible aumento de casos”.
En Nigeria, donde más de 40 millones de mujeres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sufren la herida de una mutilación genital, durante un foro organizado en Lagos por la fundación Think Right, varias asociaciones han pedido al Gobierno federal que, durante esta pandemia, redoble sus esfuerzos contra esta forma de violencia. “Nunca quise circuncidar a mi hija de 10 años, a pesar de la presión de la familia de mi marido”, contaba la activista Foluke Olowoyo durante el foro, “pero cuando fuimos a visitarlos con ocasión de un funeral en el estado de Ekiti, al suroeste del país, los parientes cogieron a la niña y la mutilaron a la fuerza, y luego trataron de aplacar nuestra ira diciendo que el clítoris es un tabú y que una niña no circuncidada sufrirá graves consecuencias en la vida. Mi hija desarrolló una infección y poco después murió. Esta es la realidad de la mutilación genital femenina”.
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