La curva demográfica descendente está impactando con más fuerza en la escuela pública, que ha perdido en la última década el 17% de su alumnado de segundo ciclo de infantil (de 3 a 5 años), frente al 10% que ha bajado en la concertada en esa etapa. La distinta implantación geográfica de cada una de las redes —la pública llega a las zonas más vulnerables a la caída de población; la concertada apenas está presente en zonas rurales y localidades pequeñas— es una de las causas. Pero también lo son las decisiones de las Administraciones, guiadas por lo que algunas consejerías explican por las preferencias de las familias a favor de la privada subvencionada; algo que algunos investigadores califican más bien como políticas conscientes de privatización de la enseñanza.
Unas decisiones, en todo caso, condicionadas por cuestiones administrativas que hacen más sencillo cerrar aulas públicas cuando baja la demanda de plazas. Así lo explicaba el sociólogo Xavier Bonal en un reciente artículo sobre el inminente cierre de un colegio público en Mérida por falta de alumnos: “La pública se rige por decisiones políticas y la concertada, por contrato y, si le quieres cerrar una o dos líneas, se van al juez y en 10 minutos las tienen otra vez puestas. Los conciertos, o los retocas cuando tienen que renovar, cada seis años, o durante ese periodo, aunque haya alteraciones demográficas, tienes muy poco que hacer”. Y las Administraciones se van a enfrentar cada vez más a menudo a este tipo de decisiones, teniendo en cuenta que a mitad de siglo habrá “unos 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años”, lo que “equivale a tener unas 33.000 aulas de 24 alumnos menos que en 2019″, según el informe España 2050.
De momento, de las 237.000 matrículas menos que había en segundo ciclo de infantil el curso pasado —último dato disponible en las estadísticas del Ministerio de Educación— respecto al 2011-2012 —a partir del cual empezó a bajar la escolarización en esta etapa por la curva de natalidad—, el 75% (179.000) se habían perdido en la escuela pública. Ello, a pesar de que la proporción de alumnos de 3 a 5 años que atiende es algo menos del 70% (hace 10 años era el 69% y ahora el 67,8%).
En todo caso, las cifras generales vuelven a esconder realidades muy distintas dependiendo de la comunidad en la que uno se fije. Por ejemplo, hay algunas donde el desequilibrio es muy notable, sobre todo en Andalucía, donde el alumnado de segundo ciclo de infantil se ha reducido cuatro veces más en la pública (un 22%) que en la concertada (5,2%). Otros desajustes llamativos en el mismo sentido se dan en Castilla-La Mancha (el 20% frente al 6,7%), la Comunidad Valenciana (el 20,9% frente al 9,8%), Madrid (el 10,8% frente al 4,1%) y Murcia (el 14,2% frente al 6,8%). Sin embargo, en otras autonomías el descenso está afectando de forma muy similar en las dos redes (como en Aragón y Extremadura) o incluso con porcentajes ligeramente peores para la concertada: Galicia, País Vasco y Navarra.
A pesar de esa heterogeneidad de situaciones —que da la medida de la complejidad de un fenómeno en el que se entrelazan factores demográficos, geográficos, sociológicos y, por supuesto, políticos— y de que las consejerías de Educación de Andalucía y Murcia insisten en que apenas han variado los repartos porcentuales entre las redes escolares —en realidad, la pública ha perdido 2,6 puntos en el primer caso y 1,2 puntos en el segundo—, los profesores F. Javier Merchán, de la Universidad de Sevilla, y Cynthia Martínez-Garrido, de la Autónoma de Madrid, leen en las cifras una tendencia clara.
Hablan de un vuelco creciente hacia la escuela concertada en las ciudades o, al menos, en ciertas partes de las ciudades, que es donde se concentran los colegios privados subvencionados. Merchán lo explica así: “De seguir la tendencia como hasta ahora, dentro de 10 o 15 años, en las grandes ciudades me temo que podamos retrotraernos a hace medio siglo, en el sentido de que el sistema público se convierta en algo subsidiario, casi marginal”. Y Martínez-Garrido aporta: “Hace poco, nosotros realizamos un estudio en Getafe y lo que vimos es que el centro de la ciudad está copado de escuelas concertadas. El centro de las ciudades se ha llenado de estos centros, dejando a la pública a un lado”.
Hay más ejemplos en este sentido en la Comunidad de Madrid, donde, efectivamente, como recuerda un portavoz de la Consejería de Educación, los repartos entre redes son similares en todas las etapas y apenas han cambiado en los últimos tiempos, manteniéndose con la segunda proporción más baja de escuela pública de toda España: acoge al 55% del alumnado de enseñanza no universitaria. Y no solo por la extensión de la concertada, sino por la fortísima implantación de la educación totalmente privada, sin parangón en ninguna otra autonomía, con casi un 16% del alumnado.
Pero en el caso de ciudades como Madrid, las diferencias se disparan mucho más: solo el 38,5% de los alumnos de 3 a 5 años de la capital van a la pública, y en el distrito de Salamanca, el segundo más rico de la ciudad, solo el 13,38% va a la pública, mientras otro 85,29% estudia en centros concertados (el resto, el 1,33%, está en colegios totalmente privados), según la estadística del Gobierno regional.
Más allá de la eterna pelea ideológica entre los defensores de la escuela pública (afirman que la privada subvencionada debe ser subsidiaria de la pública) y de la concertada (con la libertad de elección por bandera, sostienen que los padres tienen derecho a elegir qué educación quieren para sus hijos y, si hay suficiente demanda, el Estado se la debe sufragar), Martínez-Garrido, que también forma parte de la Cátedra Unesco en Educación para la Justicia Social, señala un problema muy tangible: la segregación. “Si la concertada se está sufragando con dinero público, deberían tener las mismas oportunidades de entrar todos los estudiantes, tanto los que tienen como los que no tienen. Y estamos viendo que la igualdad de oportunidades de acceso no es real”, asegura, citando informes que ponen de manifiesto que buena parte de la privada subvencionada cobra cuotas obligatorias a las familias, aparte del dinero público que reciben.
Mirada de conjunto
Lo cierto es que, mientras los especialistas reclaman a las administraciones que ordenen la oferta con una mirada de conjunto y a medio y largo plazo, la propia concertada está por la labor de que se tomen medidas ante una pérdida de alumnos que también está afectando a sus centros. Y además, “para evitar que esto se acabe convirtiendo en una guerra, a ver quién se lleva más alumnos, a ver quién convence a más padres…”, aseguró a este diario hace dos semanas Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, entidad mayoritaria en la red concertada.
Por ejemplo, se mostraba dispuesto a aceptar bajadas de ratios, pues si reduce el número máximo legal de alumnos por clase, se ralentiza el cierre de aulas y colegios y además se pueden mantener mejoras educativas que se han podido ver durante la pandemia gracias a esa medida (eso sí, Huerta habla de reducciones selectivas, solo allí donde hagan falta, y con mayor financiación para los concertados que las apliquen).
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, también defiende esa bajada de ratios: “La reducción de la cohorte de alumnos es una buena oportunidad para reducirlas e implementar medidas de atención a la diversidad. No debe servir para proceder a una reconversión indiscriminada, sino para aprovechar, insisto, para ganar en calidad y en equidad. Además, en un escenario como en el que estamos, no debería operar la demanda social”.
Distintas comunidades están anunciando ya esa bajada de ratios, como Madrid (en este caso, selectiva y con salvedades, como reclamaba Huerta), Cataluña o Castilla-La Mancha. En la Comunidad Valenciana, se han reducido “en más de medio centenar de municipios con baja natalidad” explica un portavoz. Además, menciona su apuesta por la inclusión de aula para niños de dos años (el último curso del primer ciclo de infantil) en escuelas públicas, que el año que viene sumarán casi 9.000 plazas en 432 colegios, con fuerte presencia en zonas rurales. De hecho, el portavoz explica así esa gran distancia entre el alumnado que está perdiendo la pública y la concertada en su comunidad: “La caída de la natalidad es especialmente intensa en las zonas rurales. Ocho de cada 10 municipios de la Comunidad Valenciana (441 de 542) tienen menos de 10.000 habitantes”.
Las preferencias familiares y el reparto de recursos
Sin embargo, en las respuestas de las consejerías de Andalucía, Madrid y Murcia, insisten en la idea de que la educación de 3 a 5 años, aunque es un ciclo gratuito, no es obligatorio. Y las dos segundas, además, destacan que las cifras de alumnado responden a las preferencias de los padres. “Las diferencias entre ambos regímenes obedecen al criterio expresado por las familias a la hora de elegir el centro educativo que prefieren para sus hijos”, dice el portavoz murciano.
El madrileño aporta algo muy parecido: “Uno de los principios del sistema educativo de la Comunidad de Madrid es la libertad de elección educativa gracias a la cual, este curso, el 95,8% de las familias han obtenido el centro elegido en primera opción durante el proceso de admisión“.
Merchán y Martínez-Garrido explican, por una parte, que a pesar de que el segundo ciclo de infantil no sea una etapa obligatoria, está prácticamente universalizada, y de hecho es clave porque es el momento en el que los padres deciden en qué colegio, en qué red, va a estudiar su hijo casi con toda seguridad hasta que termine el instituto. Además, aseguran que las supuestas preferencias de las familias están, en realidad, amañadas.
Merchán, que también es miembro del grupo de estudios Observatorio de la Educación, señala sobre el caso andaluz: “El factor político es fundamental. Porque cuando hubo crecimiento de la natalidad, hasta 2011, la oferta pública no aumentó, no acompañó a la demanda, y después, cuando disminuyó, la oferta pública se fue restringiendo en las grandes ciudades”. De hecho, las protestas contra la supresión de aulas en escuelas públicas arrecian por toda la comunidad desde hace más de un año; en abril pasado, cientos de madres y padres rodearon el Parlamento andaluz para protestar por la eliminación de medio centenar de unidades.
Por su parte, Martínez-Garrido asegura que la idea (para ella falsa) de una mejor calidad en la concertada se debe, por un lado, a la selección de alumnado y, por otro, a todos los extras que pueden ofrecer gracias a las cuotas a las familias: “En realidad, no tienen una mejor educación, lo que tiene son más recursos, que estamos pagando todos”, asegura antes de advertir contra las tentaciones que pueden tener las administraciones de aprovechar el descenso de la natalidad para recortar medios a la pública. Por ejemplo, dice, cerrando centros y fusionándolos en otros que necesitarían, en conjunto, muchos menos profesores.
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