En una entrevista con Aristegui En Vivo, Maximino Aldana González, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, abordó los resultados de un estudio realizado sobre la criminalidad en el país desde una perspectiva matemática, utilizando modelos computacionales para desentrañar sus complejidades.
Según Aldana, la investigación se gestó a partir de la preocupación generalizada por la inseguridad en México. “Hicimos modelos matemáticos computacionales para entender este fenómeno”, compartió el investigador. Entre las hipótesis puestas a prueba, se destacaron la relación entre pobreza y criminalidad, así como la influencia de la corrupción policial.
Así, Maximino Aldana y su equipo analizaron datos del INEGI y del Semáforo Delictivo, buscando correlaciones entre los índices de criminalidad y diversos indicadores de bienestar social.
En los resultados, no encontraron ninguna relación significativa entre la pobreza y la criminalidad, desafiando así ideas comunes.
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Uno de los descubrimientos fue la correlación negativa entre los índices de criminalidad y la confianza de los ciudadanos en las autoridades y las instituciones de procuración de justicia. Aldana enfatizó que “cuando la criminalidad es mayor, menor es la confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones de justicia”.
El estudio también abordó la llamada “teoría del etiquetamiento” en criminología, donde la constante etiqueta de corrupción hacia las autoridades aumenta la probabilidad de comportamientos delictivos. Aldana destacó que esta falta de respeto hacia las autoridades impacta la motivación de policías y militares para hacer valer la ley.
Resaltó que la falta de respeto hacia las fuerzas de seguridad y etiquetarlas constantemente de corruptas, incrementa la probabilidad de que estos actores se comporten de esta manera.
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El estudio contradice la noción de que la criminalidad desmedida en México se debe principalmente a la pobreza, subrayando la importancia de restaurar la confianza ciudadana en las autoridades.
Aldana concluyó que las políticas actuales, que deslegitiman a las fuerzas armadas y al sistema de justicia, podrían estar contribuyendo a la escalada de la violencia en lugar de reducirla.
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