La política se ha adueñado otra vez de la protesta de la calle en Ecuador. El grito de malestar del movimiento indígena, sostenido durante dos semanas con manifestaciones y boicots al tejido productivo del país, ha quedado silenciado por la intentona de la oposición de destituir al presidente Guillermo Lasso. La maniobra política solo prosperará si los legisladores de la bancada de UNES, pilotados por el exmandatario Rafael Correa desde la distancia, cosechan los votos suficientes en la Asamblea. Pero ha enviado a segundo plano las urgencias económicas y sociales que provocaron el segundo gran estallido social del país en tres años. La mejora de la vida en las zonas más pobres vuelve ahora a depender de un intento de diálogo aturdido por el ruido de la pugna de poderes.
El Gobierno tiene a su presidente pendiente de su propia moción de censura y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas se sienta a la mesa de negociación en un clima de desconfianza e incredulidad. Ambas partes tienen en su mano poner fin en los próximos días a una movilización que, además de dar voz a las comunidades campesinas, ha acentuado la polarización de la sociedad. A los manifestantes les arrecian críticas de una mayoría de ciudadanos que no viven las mismas estrecheces pero que han visto desvanecerse sus esfuerzos de recuperación económica debido a los cierres de carreteras y al boicot a las actividades productivas.
Como en el actual, en el paro nacional de octubre de 2019, las demandas sociales planteadas ante el entonces presidente Lenín Moreno también se diluyeron por la infiltración de violentos en las protestas y por la canibalización del diálogo por la agenda política de la oposición. Fueron de nuevo los aliados de Correa, que no puede volver a Ecuador ni participar en política por tener una condena en firme por sobornos, quienes avivaban la crítica a la gestión gubernamental. El clamor de las calles solo se silenció cuando Moreno cedió. Devolvió las ayudas del Estado a las gasolinas de venta al público, pero luego resucitó ese recorte en plena pandemia de la covid-19 con una fórmula de porcentajes que prometía que la liberación de los precios del combustible sería progresiva y no se sentiría tanto en los bolsillos de las familias.
Concluidos los confinamientos por coronavirus y ante un nuevo Gobierno, el del conservador Guillermo Lasso, los líderes indígenas volvieron a pedir audiencia en el Palacio de Carondelet para trasladar las dificultades de las zonas rurales de Ecuador. Viven, principalmente, de la agricultura a pequeña escala y de la cadena de transporte. Tras un año de conversaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas rompió la cuerda y convocó a sus bases a movilizarse. Ni el Ejecutivo ni el brazo político indígena en la Asamblea Nacional -el bloque de Pachakutik, que es el segundo con más escaños después de los leales a Correa- atendieron oportunamente sus reivindicaciones y, como reacción, salieron a bloquear las principales carreteras del país hace dos semanas con una carta de pedidos de 10 puntos.
Bajar el precio de la gasolina y congelarlo para compensar la escalada del petróleo a nivel internacional es la exigencia principal. Pero no la única relacionada con el encarecimiento de la vida en el país latinoamericano. Las organizaciones indígenas piden al Gobierno que controle los precios de los alimentos y de las materias primas que se usan en los cultivos. Cualquier incremento de los costes en la agricultura local, con la que se alimenta todo el país, impacta en el precio final de los víveres y en si las familias ecuatorianas consiguen o no llegar a final de mes. Como gesto de que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar cuáles son las urgencias sociales, Lasso anunció en las jornadas más violentas del paro nacional que subvencionaría el precio de la urea para que el fertilizante cueste lo mismo que antes del ataque de Rusia, debido a la dependencia de América Latina de esta materia prima agrícola procedente de Ucrania.
Como trasfondo a todas las peticiones de los manifestantes está la carestía de la vida y la falta de soluciones ofrecidas por el presidente Guillermo Lasso en sus primeros doce meses de gestión. Esa sensación de insatisfacción no es propia únicamente de los indígenas indignados sino de una generalidad de la población que ha visto cómo la inseguridad ciudadana comía terreno a sus rutinas diarias, a medida que el crimen organizado y las bandas relacionadas al narcotráfico sembraban de asesinatos y asaltos violentos el día a día de los ecuatorianos.
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Ecuador tampoco ha resuelto el alarmante problema de corrupción en la salud pública, que copa las noticias de forma recurrente por las denuncias de médicos y pacientes de que en los hospitales no hay medicamentos básicos y, en algunos casos, ni siquiera hilo de sutura. El desgaste de la credibilidad del Gobierno es una percepción compartida por los manifestantes y por quienes los critican. Y es la baza que ha aprovechado la oposición leal a Rafael Correa para ahondar la crisis política nacional con un intento de destitución del presidente Lasso y para forzar el adelanto de las elecciones.
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