La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que una pregunta sobre ciudadanía no será incluida en el formulario del censo de este año, pero ello no significa que la lucha en torno a esa cuestión ha terminado en los tribunales a lo largo y ancho del país.
En Maryland, grupos defensores de derechos civiles tratan de bloquear una orden del presidente Donald Trump para recopilar información sobre la ciudadanía de las personas a través de registros administrativos.
En Nueva York, otros grupos de derechos civiles buscan imponer sanciones contra los abogados del gobierno federal por no entregar los documentos relacionados con los orígenes de la pregunta.
Por su parte, los legisladores demócratas en el Distrito de Columbia luchan por conseguir documentos similares, y las autoridades de Alabama demandaron a la Oficina del Censo para evitar que los inmigrantes que viven en el país de manera ilegal sean contabilizados durante el proceso que determina el número de escaños en el Congreso que recibe cada estado.
Todas las demandas se refieren a que el número de ciudadanos, en lugar de la población total, se utilizará para una reestructuración o reasignación de distritos, un proceso que reparte los escaños en el Congreso entre los estados.
Los opositores señalan que la inclusión de la pregunta disminuiría la influencia de las minorías étnicas en el país y de los demócratas, que alegan era la verdadera intención del gobierno de Trump.
La Constitución estadounidense especifica que los distritos del Congreso deberían estar basados en cuántas personas, no ciudadanos, viven ahí.
Pero los requerimientos legales son más complicados para los distritos legislativos estatales.
“El país cambia demográficamente y la gente en el poder cree que la única forma de permanecer en el cargo es perjudicar al electorado de minorías”, comentó Andrea Senteno, abogada para el Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación, uno de los grupos de derechos civiles que interpuso una demanda contra Trump en el caso de Maryland.
“Lo que vemos ahora es un reflejo de eso. Realmente se trata del poder político a largo plazo”, dijo.
Los partidarios de la pregunta argumentan que Estados Unidos debería saber cuántos ciudadanos tiene.
“Es importante para nosotros como país saber cuántas personas son ciudadanos”, señaló el representante Jody Hice, la semana pasada durante una audiencia en el Congreso.
En junio del año pasado, la Corte Suprema impidió que el gobierno de Trump añadiera la pregunta de ciudadanía al censo de 2020.
Los opositores a ella argumentan que intimidaría a los inmigrantes, especialmente hispanos, a participar en el recuento que ocurre una vez cada década y que también determina cómo se distribuirá el presupuesto federal de 1,5 billones de dólares.