Casi un mes después que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó asaltar y confiscar por segunda ocasión la revista Confidencial, el director de esa publicación, el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro denunció la noche de este lunes que un contingente policial allanó de forma “ilegal” su casa de habitación, ubicada en el desarrollo Intermezzo del Bosque, en las afueras de Managua.
Crisis política en Nicaragua
“No a la censura. Tropas de la Policía ejecutan a las 8.30 PM un operativo ilegal de allanamiento en mi casa en Intermezzo del Bosque. Exigimos respeto a la integridad física de mi cuñada Amelia Elizondo, Amparo, y Alvaro, el guarda de seguridad. No podrán callar al periodismo”, denunció Chamorro a través de su cuenta de Twitter.
Ni el director de Confidencial ni su esposa, Desiré Elizondo, se encontraban en la vivienda al momento del asalto policial. El allanamiento a la casa de Chamorro es parte de la escalada represiva del régimen Ortega-Murillo contra opositores (entre ellos cinco candidatos presidenciales), liderazgos políticos y periodistas bajo el paraguas de una serie de leyes punitivas aprobadas en 2020, de cara a las inciertas elecciones generales previstas para noviembre próximo.
La medianoche de este lunes también fue allanada la casa del periodista Miguel Mora, quien se retiró del oficio para incursionar en la política. Mora, quien ya fue preso político, fue recapturado con violencia frente a su esposa Verónica Chávez, y su hijo quien sufre una discapacidad. El precandidato presidencial es acusado por la supuesta violación de la Ley 1055, usada por el Gobierno para criminalizar opositores bajo el argumento de “traición a la patria”.
El régimen no ha informado sobre cuál delito le achacan a Chamorro. Sin embargo, el Gobierno Ortega-Murillo señaló al reconocido periodista de supuesto lavado de dinero en un comunicado enviado a las embajadas acreditadas en Managua hace unas semanas. A Chamorro, quien recientemente ganó el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria, es vinculado a la acusación en contra de su hermana, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a quien señalan de lavar dinero a través de la clausurada Fundación Violeta Barrios.
“Esta noche decenas de Policías están allanando mi casa, en Intermezzo del Bosque, por órdenes del Jefe Supremo de la Policía. Pero nunca podrán confiscar el periodismo. No pueden matar las ideas, ni las voces del periodismo independiente”, denunció Chamorro. “Daniel Ortega ordenó el asalto policial a la redacción de Confidencial en diciembre de 2018. Se robaron todos los equipos y confiscaron las oficinas. Hace un mes, el 20 de mayo, la policía asaltó por segunda vez la redacción de Confidencial y Esta Semana”, agregó.
El director de Confidencial es el periodista más reconocido e influyente de Nicaragua, y no es la primera vez que enfrenta de parte de los Ortega-Murillo persecución. En 2008, el régimen también allanó Confidencial por supuesto lavado de dinero, pero la justicia nunca pudo probar tal señalamiento. En diciembre de 2018, la redacción de ese medio fue allanada y confiscada luego de las protestas sociales de 2018. Chamorro se ha vuelto enemigo número uno de la dictadura Ortega-Murillo.
“Una vez más el periodismo está bajo ataque”, alertó a EL PAÍS el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión. “En las últimas tres semanas, en el contexto de la criminalización contra Cristiana Chamorro, decenas de periodistas han sido citados al Ministerio público. Es un ataque frontal contra el periodismo y contra todo aquel que en Nicaragua ejerza ciudadanía. Repudiamos la acción de violencia contra Chamorro y destacar que la Constitución Política no autoriza allanamientos de noche, como lo han hecho con varias personas detenidas. Quieren aterrorizar para atemorizar a las familias de los detenidos y al pueblo de Nicaragua que exige un cambio”, agregó.
Fuerte reacción internacional
La escalada violenta del régimen sandinista ha despertado una fuerte condena internacional. La mañana de este lunes, Argentina y México anunciaron que llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en Managua, para que expliquen lo que consideran las “preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición”. La decisión se da una semana después de que ambas potencias latinoamericanas se abstuvieran de votar una resolución de condena a Ortega en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue aprobada por 26 países del continente, en la que además se exige la “liberación inmediata de todos los presos políticos”.
También Costa Rica informó que el nombramiento de su nueva embajadora en Managua, Xinia Vargas, fue pausado y la diplomática fue llamada a consultas a San José. Esta semana se prevé que el consejo permanente de la OEA presente un informe sobre la situación en Nicaragua, al igual que la alta comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Estados Unidos también ha anunciado más sanciones para el gobierno de Ortega. El senador Bob Menéndez dijo que este martes el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobará la “Ley Renacer”. Esta ley exige castigos específicos para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021 en Nicaragua. Al mismo tiempo, coordina sanciones con Canadá y la Unión Europea; refuerza las excepciones humanitarias y de derechos humanos para los préstamos de instituciones financieras internacionales; y amplía los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de esas instituciones.
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