A Valeska Sandoval el régimen de Daniel Ortega le ha cobrado caro haberse involucrado en las protestas que en 2018 exigieron el fin del mandato del sandinista. Ella se había atrincherado con otros estudiantes en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAM) y sufrió el ataque de la policía y grupos parapoliciales fuertemente armados que accedieron con fuerza al recinto para expulsar a los estudiantes rebeldes. Tras la toma brutal de la universidad, Sandoval, estudiante de 22 años, buscó refugio en Estados Unidos, donde le fue negado el asilo. De regreso en Nicaragua, fue forzada a subir a un vehículo policial el pasado abril y trasladada a las celdas de El Chipote, en Managua, denunciado como centro de torturas del régimen. “Dos agentes me llevaron a una suerte de bodega y me ataron las manos al techo con un cable, obligándome a quedar parada con las manos sobre mi cabeza”, ha relatado Sandoval al organismo Human Rights Watch. Un oficial le preguntó qué había dicho en Estados Unidos y otros agentes antidisturbios la abofetearon, le dieron puñetazos en el estómago y la llevaron hasta un tanque de agua. “Me sumergieron la cabeza en el agua reiteradamente a lo largo de 20 minutos”. Cuando la liberaron, los oficiales le advirtieron: “La próxima vez que te veamos, vamos a matarte”.
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Human Rights Watch ha documentado en un informe hecho público este martes detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, torturas y otras violaciones a los derechos humanos en Nicaragua entre abril y junio, coincidiendo con una nueva ofensiva represiva desatada por el régimen de Daniel Ortega. El organismo entrevistó a más de 50 personas que han denunciado hostigamiento continuo, detenciones, procesos penales arbitrarios y abusos “que en ocasiones han llegado a constituir torturas”. En su informe, HRW denuncia la detención de cinco aspirantes a la presidencia, incluyendo a la líder opositora Cristiana Chamorro, quien partía como preferida de los nicaragüenses de cara a las elecciones previstas para el 7 de noviembre. Además, han sido detenidos empresarios, activistas, periodistas —entre ellos, Miguel Mora, quien ya había sido apresado en 2018 y en meses recientes había hecho público su interés de aspirar a la presidencia— y tres exguerrilleros considerados héroes de la revolución sandinista. El organismo recoge un patrón similar de acoso: quienes son considerados críticos con el Gobierno son constantemente vigilados y acosados por policías y personas de civil leales al régimen. No se les permite salir de sus casas y cuando logran hacerlo son perseguidos. Se les acusa de “golpistas” o de estar bajo órdenes de “Estados Unidos”. Reciben, además, amenazas constantes y a las personas que han sido detenidas se les advierte que podrían matarlas tras la próxima detención.
La organización también ha denunciado la utilización de una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional —controlada por Ortega— como herramientas de represión: son reglamentos usados para investigar, apresar y condenar a disidentes por casos de supuestos ciberdelitos o por incitar a injerencias extranjeras o financiar acciones terroristas contra el Gobierno.
“Los arrestos de prominentes líderes políticos y críticos junto con otras graves violaciones de derechos humanos parecen formar parte de una estrategia gubernamental más amplia para reprimir el disenso, infundir temor y limitar la participación política”, advierte HRW. En las condiciones actuales, los nicaragüenses enfrentan obstáculos enormes —y probablemente infranqueables— para el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como sus derechos a votar y a postularse a cargos públicos en elecciones libres y justas”, agrega el organismo.
La organización exige al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que lleve ante el Consejo de Seguridad la situación de Nicaragua para que sea tratada “como crisis de proporciones cada vez mayores que involucra graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región”, debido a que más de 100.000 nicaragüenses han tenido que dejar el país, generando una presión migratoria principalmente en la vecina Costa Rica. “Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, ha dicho José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Apoyándose en las medidas adoptadas por la ONU previamente, es fundamental que el Secretario General potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”, ha reiterado.
“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos”, ha explicado Vivanco. “Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora antes de que sea muy tarde”.
La estudiante Sandoval publicó en redes sociales imágenes tras ser liberada de El Chipote. Se la ve con moratones en el rostro, golpes en los labios y brazos. En una entrevista con la revista Confidencial —uno de los medios más acosados por Ortega—, dijo en abril pasado: “Por supuesto, estoy en riesgo. Estoy segura de que la próxima vez que logren capturarme, ya no podré contar la historia”.
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