Las fuerzas del orden francesas se han convertido en una pieza central en el tablero político a un año de las elecciones presidenciales. Miles de policías se manifestaron este miércoles ante la Asamblea Nacional, sede de la soberanía popular, para homenajear a funcionarios asesinados recientemente y reclamar penas más duras para los agresores.
No es la primera vez que los agentes protestan, pero sí la primera en que se sume a la manifestación un miembro del Gobierno, el ministro del Interior, Gérald Darmanin. “Simplemente he venido a apoyar a los policías. Es normal, pasan un momento difícil, están en luto”, justificó.
“Un ministro del Interior protestando contra la política del Gobierno es algo sin precedentes”, dice por teléfono el politólogo Sebastian Roché, autor del libro La policía en democracia. Roché sostiene que, a un año de las elecciones, con la crisis económica de pandemia y la amenaza terrorista, el margen del Gobierno para actuar es estrecho, y por eso necesita demostrar su apoyo asistiendo al acto. “La razón de la presencia del ministro”, explica, “es la debilidad del Gobierno”.
A la protesta asistieron también políticos de otros partidos, desde la izquierda moderada a la extrema derecha, que confía en sacar rédito del malestar entre policías y gendarmes que se consideran víctimas por partida doble. Primero, porque se sienten sobreexpuestos tanto al terrorismo islamista como a la criminalidad violenta. Y segundo, porque creen que se les estigmatiza sin razón cuando se les ataca por la violencia policial en manifestaciones de los últimos años.
El origen inmediato de la manifestación del miércoles es la muerte por tres disparos del agente Éric Masson durante un control de identidad de supuestos traficantes de drogas en Aviñón, en el sur de Francia. El asesinato de Masson, de 36 años, alimentó la caricatura, en el debate político y mediático, de Francia como un país violento donde reina la impunidad y al borde del conflicto civil.
El ataque de Aviñón fue la gota que colmó la paciencia de los policías, dos semanas después de que una funcionaria no armada, Stéphanie Monfermé, fuese asesinada a cuchilladas por un islamista en Rambouillet, cerca de París. La absolución, el 17 de abril, de ocho de los 13 acusados por intentar quemar vivos a agentes de la policía en las afueras de la capital en 2016 contribuyó a la indignación.
“Hay que lanzar un mensaje a los delincuentes y a los criminales: si tocan a un policía, corren el riesgo de pasar largos años en prisión”, declaró Marine Le Pen, candidata a la presidencia por el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional desde Burdeos, donde visitó una comisaría. Un sondeo reciente indica que el 74% de policías votará por Le Pen si se clasifica para la segunda vuelta de presidenciales de 2022.
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