La Policía Nacional ha detenido en Málaga a 178 personas en una operación contra el fraude. La investigación desarrollada durante los dos últimos años ha permitido desmantelar una trama liderada por dos hombres de nacionalidad española que ofrecían contratos de trabajo falsos en seis empresas ficticias a cambio de entre 400 y 3.000 euros,que debían ser pagados en efectivo. Quienes adquirían la documentación la utilizaban para tener acceso a la ayuda por desempleo, obtener subsidios sociales, facilitar el tercer grado penitenciario, solicitar préstamos bancarios o, en el caso de personas extranjeras, regularizar su situación administrativa. Se estima que el fraude supera el millón de euros.
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Bautizada como Operación Denerys, la investigación arrancó en el 2019 después de que la Policía Nacional detectara un contrato de trabajo falso mientras tramitaban un permiso de residencia temporal y empleo por cuenta ajena a una mujer de nacionalidad rusa. El documento les guio hasta un domicilio de Málaga que, tras su registro, permitió a los agentes acumular numerosa información. Una vez analizada, pudieron conocer la existencia de un entramado societario dirigido a defraudar a la Seguridad Social. Y, también, les dio varias pistas para ir tirando del hilo.
Poco a poco, averiguaron que los responsables de la trama eran dos hombres, de nacionalidad española y familiares, que habían constituido media decena de sociedades mercantiles a través de distintas gestorías. Posteriormente, ambos se dieron de alta como autónomos simulando una actividad comercial inexistente. Los responsables utilizaban las empresas como soporte para ofrecer contratos de trabajo fraudulentos. La documentación incluía una cláusula que explicaba que los contratados realizarían una labor para grandes cadenas comerciales, algo que finalmente resultaba falso.
Los dos cabecillas inscribían en la Seguridad Social a todo aquel que les pagara. Según la Policía Nacional, había personas interesadas en ser dadas de alta para acceder posteriormente al cobro de prestaciones por desempleo, así como diferentes subsidios y ayudas de carácter social. En otros casos, servía de vía para alcanzar el tercer grado penitenciario o para la obtención de préstamos bancarios personales e incluso adquirir productos financiados a largo plazo. En el caso de ciudadanos extranjeros, estos utilizaban la documentación para regularizar su situación administrativa en España.
Las empresas pantalla sirvieron para gestionar de manera irregular 80 prestaciones por desempleo con un valor superior a los 413.000 euros, según la información de la Policía Nacional. Los encargados de la trama también inscribieron casi dos centenares de altas en la Seguridad Social, causando un perjuicio económico a las cuentas públicas superior a los 700.000 euros. La operación —liderada por investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF)― ha culminado con la detención de 178 personas implicadas, a quienes se les imputan los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública.
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