Un ‘mosso’ recibe la descarga de una pistola eléctrica durante una prueba con estas armas, en 2019.M. Minocri
La Policía Nacional prepara la entrada en servicio de las primeras 150 pistolas eléctricas del millar que adquirió en 2020 por 2,1 millones de euros. El director adjunto operativo (DAO), máximo mando uniformado del cuerpo, el comisario José Ángel González, ha remitido en los últimos días dos comunicaciones a las dependencias policiales en las que, además de indicar qué jefaturas recibirán estas primeras armas (la que recibirá más será la de Madrid, con 30), ordena a los agentes que solo las utilicen cuando se produzca “un evento o peligro concreto en casos de urgencia o necesidad inaplazable”, según uno de estos documentos al que ha tenido acceso EL PAÍS. Estos primeros dispositivos (conocidos por su nombre comercial Taser) serán entregados a agentes uniformados de Seguridad Ciudadana, aunque también los recibirán otros grupos, como los GEO.
Las pistolas eléctricas lanzan dardos con electrodos, unidos al arma mediante un cable, que, al alcanzar el cuerpo, provocan una descarga que interfiere en las señales que envía el cerebro a los músculos e incapacita temporalmente al que recibe el impacto. Su uso es polémico, ya que se las relaciona con varias muertes en otros países, según denuncia Amnistía Internacional. En España, una jueza de Badalona (Barcelona) investiga desde diciembre el fallecimiento de un hombre que 24 horas antes había sido reducido por los Mossos d’Esquadra con una de estas armas.
En las instrucciones, el número dos de la Policía recuerda a los agentes que, siempre que la utilicen, deberán comunicarlo “en el plazo de 24 horas al delegado o subdelegado del Gobierno, o autoridad competente de las comunidades autónomas”. Además, el comisario incide en que “siempre” debe activarse automáticamente la cámara que portará el agente para que la actuación quede registrada. Las imágenes serán volcadas en el archivo policial Caviper (cámaras de videograbación de uso unipersonal), dado de alta por Interior en diciembre.
Según fuentes policiales, la obligación de grabar las actuaciones ha limitado el número de pistolas que se van a comenzar a emplear a corto plazo. La Policía solo cuenta con 150 de esas cámaras, pese a que ha recibido 600 pistolas eléctricas (la mitad de ellas hace 15 meses, en octubre de 2020) de las 1.000 contratadas. Las 400 pistolas restantes serán entregadas en febrero, según el contrato adjudicado a Axon, la empresa que las comercializa.
Estos dispositivos —de uso exclusivamente policial o militar, y que no pueden ser adquiridos por particulares, según el reglamento de armas— solo pueden ser utilizadas por agentes que, como recuerda el documento del comisario, “hayan superado la formación teórico-práctica necesaria para su tenencia, uso y manejo”. Según informó el Ministerio del Interior a los sindicatos policiales el miércoles, hasta ahora han recibido esta formación 103 policías, que deberán instruir a sus compañeros.
La Policía elaboró hace más de un año el protocolo de uso de estas pistolas. Solo pueden emplearse para “reducir, inmovilizar o detener” a personas que se resistan, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas. También contempla su empleo ante tentativas de suicidio. Por el contrario, prohíbe su utilización con niños, embarazadas, ancianos y “personas débiles de salud”. El protocolo recoge la necesidad de “garantizar la asistencia médica” a la persona que reciba la descarga.
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SuscríbeteLa advertencia del Defensor del Pueblo
Los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y más de 200 cuerpos de la Policía Local cuentan con pistolas eléctricas. Según Axon, la empresa comercializadora, hay más de 2.000 en España. Esta proliferación ha hecho que el Defensor del Pueblo haya advertido varias veces sobre el riesgo de “un uso abusivo” tras recordar que “causan dolor y sufrimiento”. En abril, solicitó a Interior que regulara de manera “exhaustiva y detallada” la utilización de este dispositivo para todos los cuerpos policiales. Javier Ramírez, directivo de Axon, defiende que su uso es seguro y que, en la mayoría de los casos, “no es necesario llegar a disparar porque funciona como elemento disuasorio”.
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