El escándalo de los sobornos en el Parlamento Europeo, que desvela las grietas en una Cámara que se había autoerigido como autoridad moral de la UE, está forzando a sus líderes a reaccionar a contrapié. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, y la cúpula de la institución trabajan en un plan de 10 medidas para combatir la corrupción que plantea, por ejemplo, más mecanismos de protección para quienes informen de irregularidades dentro de la institución, un nuevo “registro obligatorio de transparencia” de todas las reuniones con países de fuera de la UE o imponer un control de los contactos que tienen los eurodiputados con grupos de presión y organizaciones de países de fuera de la Unión Europea, según la propuesta a la que ha tenido acceso . Algunas de las medidas se pueden adoptar de forma unilateral, desde la presidencia; otras las tendrá que debatir con la mesa o la conferencia de presidentes. También hay puntos que tendrán que votarse y que, como el que plantea más control sobre los contactos de los legisladores, podrían chocar con la oposición de algunos en la Eurocámara.
Metsola ha prometido este viernes que liderará una serie de reformas para mejorar la transparencia de la Cámara, y los mecanismos de control sobre los “grupos de amistad” de eurodiputados con países ajenos a la UE, que tratan de influir con invitaciones a viajes o a conferencias y que, aunque no vulneran las normas del Europarlamento, sí deberían estar más bajo la lupa, ha dicho Metsola. “Esto no prejuzga a nadie, pero si hay una laguna, quiero cerrarla. Quiero asegurarme de que los interlocutores oficiales con un país son los miembros más veteranos de la comisión correspondiente”, ha dicho la presidenta de la Eurocámara en Bruselas, donde el escándalo del Qatargate ha sobrevolado como una nebulosa sobre la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del año.
El Qatargate, como se ha conocido el caso que señala a la ya exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili (en prisión preventiva y pendiente de declarar) y en el que uno de los acusados ha implicado, además de a Qatar, a Marruecos como otro actor que podría haberse infiltrado en la Cámara, ha agitado las instituciones comunitarias. Estas están tratando de sacudirse unas sospechas que pueden no solo dañar al Parlamento, de donde procede el escándalo, sino a toda la burbuja europea y servir a los autócratas que buscan desprestigiar a las instituciones y sus valores. “Lideraré este esfuerzo personalmente y con consultas amplias dentro y fuera del Parlamento”, ha prometido Metsola, que ha esbozado algunas pinceladas de las medidas que prepara. Hay que “reconstruir la confianza” en el organismo y enviar un mensaje “potente” a quien intenta socavarla, ha insistido la política maltesa, miembro del Partido Popular Europeo (PPE).
La presidencia de la Eurocámara ha solicitado también una revisión completa de “lo que se ha votado y trabajado”, dijo Metsola. “Vamos a investigar todo. Investigaremos cualquier presión indebida y cualquier influencia indebida que veamos que ocurre”. Por ejemplo, el Parlamento votó en diciembre en el Comité de Asuntos Interiores una resolución sobre la eliminación de visados para los ciudadanos procedentes de Qatar. Debería haberse votado esta semana en el pleno de la Eurocámara, pero se ha suspendido tras los arrestos llevados a cabo por la policía belga.
Régimen sancionador
Dentro de su propuesta para reforzar las reglas anticorrupción, la cúpula del Parlamento plantea un nuevo “registro obligatorio de transparencia” de todas las reuniones con cualquier tercer país por eurodiputados o asistentes, y un nuevo “régimen sancionador” para garantizar su cumplimiento. Los lobistas y activistas que operan en Bruselas deberían estar inscritos en los registros de actividades e intereses de las instituciones, pero esto no siempre sucede. Ahora, la nueva hoja de ruta anticorrupción plantea prohibir el acceso a cualquier sede de la Eurocámara a lobbies u ONG que no estén en ese registro; algo que ya imperaba para la Comisión Europea. El plan propone también prohibir que los miembros del personal del Parlamento formen parte de una ONG que no figure en el registro de transparencia, según el texto de las medidas.
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La propuesta que endurecería las normas sobre corrupción y transparencia del personal del Europarlamento también busca poner la lupa sobre los exmiembros, las puertas giratorias y sus actividades. El plan propone prohibir a los exmiembros usar su estatus para “cabildear” por “cualquier tema” o “cualquier país”. “Se establecerán sanciones, incluida la privación de privilegios como condición de cumplimiento”, dice el borrador de trabajo de la hoja de ruta, que está todavía en la cocina de la institución. Una medida que cobra mucho sentido al observar que uno de los imputados en el caso y señalado por algunos como el pico de la pirámide de la presunta trama, Pier Antonio Panzeri, es un exeurodiputado que ahora lideraba una ONG.
El plan se presentará a mediados de enero, según apuntan fuentes parlamentarias. No obstante, Metsola ha esbozado un par de medidas en una intervención tras una de sus reuniones con los líderes europeos en Bruselas. La presidenta de la Eurocámara ha adelantado que propondrá que todos los contactos oficiales con países no comunitarios se hagan por medio del comité parlamentario indicado o a través de presidencia, una fórmula que endurecerá el control. “Esto implicaría una revisión profunda del sistema de delegaciones del Parlamento Europeo y su eficiencia en la realidad actual, así como la práctica actual de designaciones geográficas otorgadas a los vicepresidentes”, dice el documento de propuestas.
La hoja de ruta plantea también hacer que cualquier resolución sobre asuntos exteriores que se proponga en el pleno con procedimiento de urgencia se vote antes en la Comisión de Exteriores del Parlamento. Estas resoluciones sobre las que ahora se quiere estrechar el foco pueden ser un objetivo más interesante y sencillo para aquellos que buscan influir.
Metsola ha prometido liderar un “fuerte proceso de reforma”, aunque ha reconocido que siempre habrá personas “para las que valdrá la pena correr el riesgo por una bolsa de dinero”. “Es esencial que estas personas entiendan que serán atrapadas. Que habrá consecuencias. Que nuestros servicios funcionan y que se enfrentarán a todo el peso de la ley”, ha añadido la presidenta de la Eurocámara.
Con el foco en los “ingresos paralelos”
Este jueves, el Parlamento Europeo, donde todos los grupos miran hacia dentro y de reojo por el miedo a que salgan nuevos sospechosos, ha pedido en una resolución mecanismos para garantizar la “plena transparencia” de los “ingresos paralelos de los eurodiputados”. Aunque sus propuestas son por ahora muy tímidas: piden que se imponga la exigencia de que todos los parlamentarios presenten una declaración de bienes al acabar sus mandatos, además de la que ya tienen que entregar al inicio. Estas declaraciones posteriores estarían lejos de ser públicas: se entregarían al Parlamento de forma confidencial y solo tendrían acceso a ellas las autoridades pertinentes y solo en el caso de que haya “alegaciones sustanciadas” sobre un eurodiputado en concreto, para comprobar si los bienes declarados coinciden con los ingresos declarados.
Esto “ofrecerá las salvaguardas adicionales contra la corrupción” y haría el gasto de los ingresos ilegales “sustancialmente más complicado”, dice el texto, que ha sido aprobado casi por unanimidad (541 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones). El Parlamento ha reclamado también una propuesta a nivel europeo para prohibir en toda la UE las donaciones de países de fuera de la UE a diputados y partidos políticos y se exigirán a sí mismos el veto a “toda financiación externa del personal de los diputados y los grupos”.
Los diputados, que han aprobado prohibir todo acceso a la Cámara a los representantes de los intereses de Qatar por el momento, piden también que se designe una de las vicepresidencias para luchar contra la corrupción y la interferencia extranjera y la creación de un comité de investigación sobre acciones “inapropiadas” de países ajenos al club que buscan influir en la Eurocámara. Piden además la creación de una comisión para identificar posibles “defectos” en el marco de la regulación de la institución sobre transparencia, integridad y corrupción.
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