Desde Ginebra, Nueva York, Paris, San José, Stuttgart y Washington, se emitió un pronunciamiento para que la intervención de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública atienda “criterios de estricta proporcionalidad y excepcionalidad”.
Casi de forma simultánea a que en el Senado se anunciaba un acuerdo entre los grupos parlamentarios para avalar un dictamen sobre la Guardia Nacional, a nivel internacional se hacían pronunciamientos sobre la preocupación que causaba la anterior minuta que, gracias a la presión social, fue modificada.
ACAT France, Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Due Process of Law Foundation, Latin America Working Group, Open Society Justice Initiative, Robert F. Kennedy Human Rights, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y World Organisation Against Torture (OMCT) expresaron su “gran preocupación por la posible reforma a la Constitución mexicana para crear una Guardia Nacional como nuevo organismo de seguridad pública, medida que agravaría la militarización de la seguridad en México“.
Expusieron que “la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana durante los últimos dos sexenios ha traído como consecuencia un considerable aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en este contexto. El trabajo de documentación realizado por las organizaciones firmantes permite afirmar que los crímenes de derecho internacional cometidos por miembros del Ejército permanecen prácticamente en absoluta impunidad”.
Recordaron que “las tareas de orden y seguridad pública deben estar reservadas a las fuerzas policiales civiles, dado, entre otros motivos, que el entrenamiento de las fuerzas militares no está concebido para desempeñar las tareas de seguridad ciudadana con una perspectiva conforme a los derechos humanos”.
“En el año 2010, las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega, evidenciaron hechos en los que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana en México, derivaron en violaciones a derechos humanos. Más recientemente, las sentencias contra el Estado mexicano emitidas a finales de 2018 en los casos de tortura sexual contra 11 mujeres en San Salvador Atenco por parte de agentes policiales, y las desapariciones forzadas en el caso Alvarado Espinoza a manos de miembros del Ejército en Chihuahua, no solo reafirmaron la urgencia de la emisión de un marco jurídico para regular el uso de la fuerza con apego a los estándares internacionales, sino también la importancia de fortalecer los cuerpos civiles para el establecimiento de una política de seguridad basada en estándares internacionales”, anotaron.
“Aunado a ello, en el caso Cabrera García y Montiel Flores, la Corte señaló que la intervención de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad y excepcionalidad. Igualmente, la sentencia en el caso Alvarado Espinoza reafirma que la seguridad ciudadana debe reservarse primariamente a los cuerpos policiales civiles. En el caso Atenco, la Corte reiteró lo que múltiples organismos internacionales han instado hacer al gobierno mexicano: fortalecer las fuerzas civiles de seguridad. En este mismo sentido se pronunció el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en noviembre de 2018″, abundaron.
Antes de conocerse los cambios a la minuta que ya establecen una temporalidad y un mando civil, las 11 organizaciones internacionales llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para “buscar alternativas al plan de reemplazar a la policía federal civil con una nueva fuerza, que estaría controlada mayormente por la Secretaría de la Defensa Nacional”.
“El Observatorio Internacional considera esencial la lucha contra la impunidad prevaleciente y la construcción de un plan de seguridad nacional sostenible, en el cual el fortalecimiento de las instituciones civiles y del sector judicial sean la base para construir el cambio estructural que necesita México, al ser los elementos claves para fortalecer el Estado de Derecho”, finalizaron.