La tensión se fue calmando conforme pasaban las horas. Unidades de las policías local y nacional de Valencia se habían apostado a las ocho de la mañana de este lunes para desalojar a los cerca de 30 vecinos de 12 familias que ocupan ocho viviendas en dos edificios de Valencia. Les esperaban alrededor de 50 jóvenes del barrio, integrantes del Sindicato Construyendo Malilla, además de los vecinos y de los periodistas, para protestar por la decisión que el Ayuntamiento justifica por el riesgo de derrumbe de ambas fincas. Los agentes se encontraron con las puertas cerradas y una fuerte contestación. La policía evitó recurrir a la fuerza. Sí entraron en las viviendas y evaluaron la situación los bomberos, los técnicos y el asistente social. Se habló, se gritó, se discutió y al final se acordó retrasar 10 días el desalojo para dar más tiempo a los vecinos a buscar alternativas y gestionar las ayudas municipales de emergencia previstas en estos casos.
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El rumano Stephan Nicolau, padre de cuatro hijos, llevó la voz cantante de los vecinos en la negociación con el jefe policial presente. “He dado mi palabra y también mi mano y he de cumplir. Pero somos familias muy desfavorecidas y pobres que no podemos pagar un alquiler normal, además de la luz y el agua. A ver cómo lo hacemos. Al menos tenemos 10 días más”, explica este rumano, que lleva 11 años en España y 35 trabajando en la obra. Alude a esta experiencia para asegurar: “las dos fincas no están tan mal, no están en ruinas”. Un arquitecto municipal, sin embargo, las revisó la pasada semana y consignó el riesgo de derrumbe de los números 9 y 11 de la calle Manuel Arnau. Por ello, el Ayuntamiento dio 72 horas a los vecinos para abandonarlas, un plazo que se alargó por primera vez hasta este lunes antes de dar el nuevo margen de 10 días. “¿Y dónde vamos a ir de aquí a 10 días? A los perros los tratan mejor que a nosotros. Ahora no tengo trabajo. Cobro 360 euros de ayuda. No sé adónde iré”, comenta Lacatus Illie, que cuando puede se dedica a recoger chatarra. Los rumanos son mayoritarios entre los vecinos afectados.
Jesús Cloquell, miembro del sindicato vecinal que pide ser también interlocutor con las administraciones, explica: “Hemos conseguido parar el desalojo y aplazarlo 10 días. Ganamos tiempo pero no es una solución definitiva. Servicios Sociales ofrece ayudas a las familias para el alquiler [además de ayudas para la manutención]. Se reunirán el Ayuntamiento y la Generalitat para buscar una solución”. Ese plazo de 10 días ha sido posible porque las casas “están en riesgo, pero no en riesgo inminente”, añadieron, tras la inspección de los bomberos. Entre las consignas escuchadas: “Despierta vecina, desahucian en tu puerta”.
Según los vecinos, el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, ha ofrecido pagar la fianza y los tres primeros meses de un alquiler. Y añaden: “Esta propuesta no es una alternativa válida porque la precaria situación de estas familias no les permite tener ingresos fijos (la mayoría no tienen nómina) y nadie les va a firmar ningún contrato de alquiler”. Según el movimiento vecinal, “en cuanto se acabaran las ayudas de Servicios Sociales, la mayoría de estas familias no podrían seguir pagando los alquileres y serían desahuciadas”. Fuentes municipales apuntan que se está trabajando con las familias afectadas, cada una con sus problemas, desde hace tiempo. Sobre todo, desde el estallido de la pandemia, pero insisten en que la solución no es sencilla.
La calle Manuel Arnau, una vía perpendicular a la calle de San Vicente, casi a la altura de la Cruz Cubierta, está jalonada por depósitos de agua potable, donde se abastecen sus habitantes. En esta calle, donde no hay agua corriente en muchas viviendas, se han concentrado numerosos vecinos de zonas aledañas. Algunos desplegaron una mesa y unas sillas para seguir los acontecimientos de esta mañana, que han durado cerca de cuatro horas.
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