Un mural de Hugo Chávez en Venezuela.JIMMY VILLALTA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO (Europa Press)
Un influyente grupo de economistas, académicos, activistas de derechos humanos, empresarios y periodistas vinculados a la oposición de línea moderada en Venezuela envió hace pocos días una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitándole modificar la política vigente de sanciones internacionales en contra del régimen de Nicolás Maduro.
La iniciativa toma una importante distancia sobre el que, hasta el momento, ha sido uno de los elementos constitutivos de la oposición venezolana en su enfrentamiento con Maduro, y que se expresa políticamente en el liderazgo de Juan Guaidó, hoy lastimado y cuestionado luego de un agotador e infructuoso pulso de tres años. Al afirmar que “las sanciones económicas y la políticas de máxima presión no lograron sus objetivos”, los firmantes proponen reactivar con urgencia el diálogo político para lograr mejoras económicas y estabilidad institucional. Aunque ha generado muchas críticas, la propuesta comienza a ganar adeptos entre la oposición venezolana.
Los promotores de la misiva afirman que “si bien las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio. La gran mayoría del pueblo vive en la pobreza, con inseguridad alimentaria y expuesta a severas deficiencias de salud. La electricidad, el saneamiento y la calidad del agua presentan un estado de profundo deterioro. Las negociaciones deben colocar los temas humanitarios al centro y avanzar en su solución con la urgencia que ameritan”. El pronunciamiento hace un énfasis particular para que el acercamiento permita a la nación reactivar su producción petrolera con el objeto de recuperar el terreno perdido en estos años.
Aunque el comunicado ha sido muy criticado y rebatido en el debate cotidiano de las redes sociales, el contenido de esta propuesta parece ganar espacio en el campo de la disidencia democrática, apurada por producir mejoras en el entorno económico, recuperar el salario y el empleo y encontrar un punto mínimo de coincidencias con el estamento gobernante que hagan posible la solución de problemas urgentes.
“Detrás de esta iniciativa hay intereses promoviendo una agenda que es mucho más peligrosa”, ha afirmado Freddy Guevara, crítico del documento y cercano colaborador de Juan Guaidó. “Hay gente que no le importa que nos resignemos a vivir en una dictadura a cambio de una apertura económica”, ha agregado.
“Las sanciones planteadas como un fin en sí mismo y no como un mecanismo para obtener algún cambio están condenadas al fracaso”, señala por su parte Maryhen Jiménez, académica de la Universidad de Oxford. En su opinión, el planteamiento de la carta es una invitación a destrabar el statu quo.
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Jiménez plantea que las múltiples interpretaciones que ha tenido la carta abierta a la Administración de Biden indican que no todo quedó claro en la misiva y que hay todavía aspectos por dilucidar en esta nueva ruta. “Los regímenes autoritarios siempre condicionan la democracia”, apunta la politóloga. “Pero el actual estancamiento tiene un alto costo para la oposición. Mientras más tiempo pase, la sociedad se va a adaptando a estos mecanismos de ajuste que se están viviendo. Ahora el que tiene dinero puede, y el que no, queda fuera. A medida que las perspectivas de cambio político se alejan, se impone el instinto de supervivencia. La oposición tiene el deber de reconectar el ideal del bienestar con la causa de la democracia”.
Michael Penfold, académico y politólogo, ha escrito en Twitter que “a estas alturas cualquier cambio político en Venezuela, para que sea efectivo, requiere de una ruta institucional y electoral que sea negociada con respaldo internacional”. Penfold, uno de los promotores de este pronunciamiento, argumenta que “flexibilizar sanciones quiere decir que así como se relajan se pueden cerrar. Si las sanciones no son utilizadas como incentivos sino como castigo permanente (nunca se quitan) solo producen más de lo mismo, y con más cohesión del régimen y una oposición cada vez más debilitada.”
“Estamos en una dictadura”, afirma por su parte Marino Alvarado, director de la ONG Provea, una de las más activas en el país en materia de derechos humanos y una de las que se ha enfrentado más abiertamente a Nicolás Maduro. “Por lo tanto la negociación no debe ser adelantada para reforzar la dictadura sino para que rescatemos la democracia. Además, se han cometido crímenes de lesa humanidad desde el Gobierno de Maduro. Los responsables no deben gozar de impunidad. La negociación no debe dar la espalda a las víctimas y sus exigencias de justicia”.
En medio del enjambre de críticas, el desglose de algunos puntos de vista ha hecho posible que se produzcan algunos intercambios entre activistas opositores de signo opuesto. Hace poco, la compañía de servicios financieros Barclays emitió un análisis evaluando la crisis venezolana, en el que afirma que es poco probable que la administración Biden acepte flexibilizar su postura ante Venezuela en el corto plazo, salvo quizás en el sector petrolero, teniendo ante sí el complejo panorama político que debe enfrentar en las elecciones legislativas de su país.
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