Cuando amaneció este sábado en Quito, solo se veían adoquines arrancados de las aceras amontonados frente a las barricadas que la policía dejó alrededor del edificio de la Contraloría General la noche anterior. No había manifestantes del movimiento indígena de Ecuador como los 12 días anteriores, que a ratos marchaban pacíficamente y a ratos también se enfrentaban o aguantaban la fuerza policial como parte de una gran protesta nacional contra las dificultades económicas de la población. Los servicios de limpieza recogían palos y piedras e incluso los autobuses volvieron a pasar por la zona céntrica de la capital ecuatoriana. Hasta que llegó la tarde. La Asamblea Nacional había citado a los suyos para dar paso a la destitución del presidente Guillermo Lasso y sus alrededores volvieron a coparse de ciudadanos molestos con el Gobierno.
El bloque de oposición de UNES, afín al exmandatario Rafael Correa, había activado una moción de censura el viernes, con sus 46 votos, que fue convocada para la votación un día después. La sola idea enardeció las protestas que tuvieron su día más violento ese mismo viernes, cuando el Gobierno advirtió a los manifestantes que desplegaría la fuerza del Estado para defender la democracia. Justificó la decisión de aumentar la presión sobre los manifestantes al decir que había salido a la luz la verdadera razón del estallido que ha paralizado al país durante casi dos semanas: provocar la caída del Jefe de Estado y no, como habían reivindicado los dirigentes indígenas, mejorar las condiciones económicas de las comunidades rurales más pobres.
Esa tensión en las calles se desvaneció antes de la medianoche, tras una jornada de represión policial en la que las organizaciones indígenas denunciaron que habían salido afectados hasta los niños presentes. Mientras el líder de las manifestaciones y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, aseguraba en un pronunciamiento en vídeo que las protestas iban a continuar durante el fin de semana y defendía la propuesta para sacar a Lasso del Palacio de Carondelet, los comuneros se alejaron de Quito en camiones con todas sus cosas.
Este sábado, el día de la votación en el Congreso contra el presidente, explicó ante una asamblea de manifestantes mucho menos concurrida que los días anteriores, que el sábado sería día de “descanso” para la protesta. Los que se habían ido a sus comunidades en las zonas rurales aledañas a Quito serían reemplazados por otros. A media tarde, para cuando comenzó la sesión de destitución en la Asamblea, la concentración de gente en los alrededores volvía a subir el tono pero sin llegar a la agresividad vista durante la semana.
Lasso levanta el estado de excepción
La convocatoria legislativa se hizo de forma virtual y el presidente delegó su defensa en su Secretario Jurídico, para no tener que aparecer personalmente. Antes de que desfilara una decena de intervinientes, terceros con criterios u opiniones que aportar sobre el paro nacional, Fabián Pozo quiso desmontar la arremetida contra el mandatario desacreditando las formas y derogando el estado de excepción decretado el lunes en seis provincias de la zona andina de Ecuador. Presentó ante la pantalla el documento que desactiva la movilización de militares en las zonas conflictivas y aseguró que el bloque de oposición correísta no había ni siquiera justificado las razones por las que Lasso debía ser removido del cargo.
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“Es un acto de absoluta irresponsabilidad con el país”, introdujo Pozo su alegato de descargo ante el Pleno virtual. “La destitución no cumple ni con informar a la ciudadanía sobre las razones y los asambleístas se han limitado a mostrar su inconformidad con lo que pasa en el país”. Negó, incluso, que los interpelantes hayan presentado alguna prueba del incumplimiento de promesas de campaña en el año de Gobierno que lleva el político conservador.
La sesión sobre la destitución de Lasso se dilató hasta la madrugada, antes de entrar en un receso hasta la tarde de este domingo, cuando se retomarán las intervenciones. Pero, desde su nacimiento, la iniciativa había sido rechazada por los otros dos bloques de oposición al oficialismo. Ni el Partido Social Cristiano ni Izquierda Democrática se quisieron involucrar en una maniobra que, según sus explicaciones, generaba más inestabilidad al país. Las 46 voces de UNES necesitan llegar a los 92 votos de apoyo en una Asamblea con 137 escaños. Cuentan con la ambigüedad de los legisladores de Pachakutik, el brazo político de las organizaciones indígenas, que no se pronunció sobre su voto pero que insistió en que el Gobierno debe comprometerse a cumplir las reivindicaciones sociales de la protesta.
El preámbulo a la reunión clave del Pleno fue un encuentro a puerta cerrada entre Iza, la voz de los manifestantes, junto a otros dirigentes indígenas ante varios ministros de la Administración de Lasso. El de Gobierno, el de Relaciones Exteriores y el Secretario de la Administración -que ejerce como hombre de máxima confianza del presidente- se sentaron por primera vez a negociar. No se llegó a ningún punto de acuerdo, según informó después el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, salvo el de que ha llegado el momento de resolver el conflicto social en una mesa de diálogo.
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