Unos 44 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, en el occidente de México, la carretera federal se transforma, sin previo aviso, en privada. El camino choca contra unos muros de concreto y unas vallas con seguridad privada que resguardan la península de Punta de Mita, en el municipio de Bahía de Banderas (Estado de Nayarit). Detrás del hormigón, se asientan 700 hectáreas y 14 kilómetros de playas de muy difícil acceso para los locales. “La única entrada para nosotros es a través del agua”, dice Rocío Martínez, activista de la zona. “Y en cuanto pones un pie te caen los guardias de seguridad”.
En Punta de Mita, la segregación muestra su cara más brutal. A un lado del muro, uno de los complejos turísticos más opulentos del país con campos de golf, lujosas suites y piscinas privadas. Uno de los destinos turísticos favoritos del expresidente Enrique Peña Nieto. Del otro lado, una pequeña aldea que ha quedado relegada a la pobreza y a un servicio de agua corriente que solo funciona tres veces a la semana. Un poblado pesquero que ha sido empujado a utilizar una pequeña parte de la costa. “Dicen que es muy lindo de aquel lado, a todos nos gustaría poder entrar”, se lamenta Ernesto, un trabajador de la región.
A pesar de que la ley en México establece que todas las playas del país son públicas, la realidad que gobierna es otra. Nayarit no es el único caso donde la costa ha sido privatizada. No se puede acceder a muchas de las zonas costeras en los 17 Estados del litoral. A lo largo de la ribera, se repiten las advertencias: “propiedad privada”, “prohibido pasar”, “acceso restringido”, “camino cerrado”. Acompañadas muchas veces de guardias de seguridad, vallas o alambradas.
La legislación mexicana establece que los 20 metros de playa adentro desde la línea del mar son un bien federal. Una empresa o una persona puede adquirir derechos sobre esa parte, pero no puede limitar el acceso. Del total de las costas mexicanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de concesionar la Zona Federal Marítimo Terrestre – un nombre técnico-, ha puesto en manos privadas unos 153 kilómetros cuadrados, según ha podido saber EL PAÍS a través de una solicitud de información. Un 32,2% del total nacional.
“¿Ves esto? Esto no puede estar aquí”, dice el activista Javier Chávez al señalar una alambrada enterrada en la zona federal. Un letrero alerta: “Propiedad privada. Prohibido el paso”. Él, junto a varios colectivos de la región, lleva luchando hace años por mantener abiertos los accesos a la ribera. El pulso por mantener un paso público a la playa La Lancha, a pocos kilómetros de Punta de Mita, lo llevó en 2018 a enfrentarse física y judicialmente con una empresa privada. El conflicto más grande no es el cierre de la playa, explica, si no los caminos para ingresar a ella. “La gente no conoce sus derechos, entonces ve estos letreros o muros, cree que no puede entrar y deja de venir. Con el tiempo, ellos terminan teniendo una playa casi privada”.
Concesiones en el país
Arturo Ramírez, director de Delimitación de Semarnat, explica a este periódico que a pesar de que el Gobierno es el encargado de las concesiones, desconoce cuánta Zona Federal Marítimo Terrestre realmente hay. Nunca se ha medido y el único proyecto para calcularlo se paralizó con el cambio de Administración en diciembre.
Lo más cercano a una medición oficial es el estudio Diferenciación del espacio costero de México: un inventario regional, reconoce Ramírez. El informe, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, establece que el país norteamericano tiene 23.688 kilómetros de costa (sin contar las bocas de los ríos), 14.738 en el océano Pacífico y 8.977 entre el Atlántico y el golfo de México. La parte concesionada por Semarnat, que incluye permisos que van desde el turismo hasta la pesca o la protección del territorio, representa un 32,2% de ese total.
La cantidad en manos privadas se dispara en la costa pacífica. Mientras el litoral oriental está un 14,5% concesionado, el occidental alcanza el 43%. Los niveles más importantes se registran en los Estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, zona donde se registra el porcentaje más alto del país con un 52%. En estas entidades se localizan sitios turísticos, pero también se encuentran varios puntos de pesca de especies marítimas como el camarón.
Falta de control de las concesiones
“El problema no son las concesiones”, dice Rocío Martínez, sino la falta de control. En los últimos años, el turismo ha arrasado la región conocida como Riviera Nayarit. De 34 entradas a la playa que existían en el plan de desarrollo urbano de Bahía de Banderas, solo quedan abiertas unas 6, calcula. En algunos puntos del municipio, la expansión hotelera se ha engullido por completo los accesos, como en el caso del poblado Flamingos.
La disputa alcanzó tal dimensión que el exsubsecretario de Turismo mexicano, Simón Levy, reconoció en una visita al lugar la necesidad de “aplicar la ley” y aseguró que la nueva Administración revisará cada uno de los permisos. Ya no habrá playas privadas en México, prometió. Sin embargo, Levy dimitió a su cargo el pasado 12 de abril.
No es la primera vez que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pone el ojo en este tema. El partido de Andrés Manuel López Obrador presentó en el Congreso el pasado noviembre un proyecto de ley para multar con hasta 20 millones de pesos (un millón de dólares) a aquellos que restrinjan el paso a la costa. “No importa que tengas una playa concesionada, no puedes cerrarla”, enfatiza la diputada oficialista por el Estado de Nayarit, Carmina Regalado Mardueño, autora del proyecto.
Las concesiones otorgadas están plagadas de irregularidades, admite la legisladora. “La información que tiene el Estado no coincide con la que yo conozco, que soy de ahí”. Además de regularizar la situación, Regalado Mardueño reconoce que el Gobierno enfrenta a futuro dos desafíos: calcular los metros cuadrados de playa y limitar la cantidad de zona concesionada, algo que no está regulado hoy. “Lo vamos a ordenar”, asegura.
El México de López Obrador deberá luchar no solo contra el muro que quiere levantar Donald Trump en la frontera norte, sino contra los que levantan los propios mexicanos, dice el activista Librado Consuedra. En sus manos sostiene fotografías de las vallas y los espacios públicos cerrados que tomó durante los 12 años que lleva luchando en Bahía de Banderas. “Aquí tenemos nuestros propios muros que derribar”.
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