El recorrido legislativo de la reforma de las pensiones en Francia es largo, arduo e intenso, pero ha emprendido su recta final. La propuesta estrella del presidente Emmanuel Macron, que busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y acelerar la exigencia de cotizar durante 43 años para cobrar una pensión completa, afronta una semana decisiva en el Parlamento. Un grupo de diputados y senadores deberá acordar este miércoles una versión definitiva del texto, que de ser aprobada, será adoptada o rechazada el jueves. Nada está cerrado y el Ejecutivo, que carece de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, busca asegurarse los últimos apoyos. Cada voto cuenta.
El rechazo no solo viene del hemiciclo, sino de la calle, donde han sido convocadas nuevas protestas. El plan de Macron ya ha desatado huelgas y manifestaciones masivas en todo el país, incluido un paro en la recogida de basuras con gran impacto en París. Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a la reforma, aunque la mayoría cree que el presidente no dará marcha atrás.
“No renunciaremos a nuestra reforma de las pensiones”, insistió el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, el lunes en la cadena LCI. El Senado, la Cámara alta controlada por la oposición de derecha, ya dio un primer paso el sábado a medianoche al aprobar el impopular proyecto. Pero en la Asamblea Nacional, la Cámara baja, no será tan sencillo. La próxima sesión del jueves amenaza con ser de alto voltaje y determinará probablemente el futuro del segundo y último quinquenio presidencial de Macron, reelegido en abril.
Aún falta una etapa. Para que la Asamblea pueda pronunciarse, es necesario que la llamada comisión mixta paritaria, formada por siete senadores y siete diputados, se ponga de acuerdo sobre una versión definitiva del texto. La cita tiene lugar este miércoles y “es muy probable” que se salde con un acuerdo, vista su composición, con solo cuatro opositores a la reforma, señala Maxime Tourbe, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de París 8. En el caso contrario, el plazo máximo para adoptar la ley vence a finales de marzo.
Más de 7.000 toneladas de basuras se acumulan hoy en las aceras de la capital, y aunque el paro sólo afecta a la mitad de sus veinte distritos, se ha convertido en un auténtico problema en las zonas afectadas que se manifiesta, por ejemplo, en la proliferación de ratas.
TERESA SUAREZ (EFE)Gente caminando junto a las bolsas de basura que no han sido recogido, este lunes. Los servicios de limpieza de París están el huelga por la nueva ley de pensiones que pretenden atrasar la jubilación hasta los 64 años.Lewis JOLY (AP)Cajas de fruta y verdura en medio de la calle en París, este lunes.
TERESA SUAREZ (EFE)Una paloma se posa sobre un desbordado contenedor de basura, en París, este lunes.DPA vía Europa Press Parisinos entrando en un coche con la calle llena de bolsas de basura, este martes. Miles de toneladas de basura se acumulan en las calles de la capital francesa después de una semana de huelga de los servicios de recogida de basuras en contra de la reforma de las pensiones del gobierno francés.ZAKARIA ABDELKAFI (AFP)Los contenedores de basura se desbordan y se acumulan en las calles de París debido a la huelga de los servicios de basura contra la reforma de las pensiones, el domingo 12.
TERESA SUAREZ (EFE)La gente camina por la calzada de una calle en París, ya que la acumulación de basura no permite caminar por las aceras, este lunes.
Lewis JOLY (AP)La vista de una calle en París llena de basuras, este lunes.BENOIT TESSIER (REUTERS)Un hombre pasa por delante de una montaña de basura, en París, este lunes.Lewis JOLY (AP)Un hombre pasa junto a un cúmulo de basuras, en París, este martes. El problema no se limita a la recogida de basuras, sino que hay piquetes que bloquean el acceso a las tres incineradoras de residuos del área metropolitana de París.
Mohammed Badra (EFE)
El jueves se perfila como un día clave para el proyecto. El Gobierno confía en que el Senado vuelva a dar el visto bueno a la reforma, esta vez definitivo. Pero en la Asamblea, deberá elegir entre dos opciones igual de arriesgadas: proceder a un voto o recurrir al controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que permite poner fin a los debates parlamentarios y adoptar la ley por decreto.
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En ese caso, la única manera de frenar la reforma sería a través de una moción de censura contra el Gobierno de la primera ministra, Élisabeth Borne. Ninguna de las que se han presentado hasta ahora ha prosperado y Macron advirtió en septiembre de que disolvería la Asamblea y convocaría elecciones legislativas anticipadas si una iniciativa de este tipo tuviera éxito.
El Ejecutivo activará la primera opción, la del voto, si considera que puede obtener una mayoría de apoyos; es decir, 289. Pero, de momento, no los tiene asegurados y aún le quedan dos días para cortejar los que faltan, incluso en el propio bando presidencial. Aunque forman el mayor bloque de diputados (250), los macronistas carecen de mayoría en la Asamblea desde las legislativas del pasado junio. El Ejecutivo depende de la derecha de Los Republicanos (61 diputados) para aprobar el proyecto. Pero el partido, dividido, guarda el suspenso. De momento, 36 o 37 diputados votarán a favor. Pero hacen falta más.
El Gobierno ha reiterado en los últimos días que quiere evitar la segunda opción, la del artículo 49.3. En una reunión el lunes, Macron ―que suele guardar silencio sobre la reforma― hizo un último llamamiento a la “responsabilidad de las oposiciones”, según varios participantes citados por la Agencia France Presse.
“Señal de debilidad”
Si el Gobierno activa el 49.3, corre el riesgo de que la reforma sea vista como una ley impuesta, tanto contra la voluntad de la población como de sus representantes. “Adoptar un texto sin voto sería para el Gobierno una señal de debilidad”, analiza Tourbe, de París 8. “Es una herramienta perfectamente constitucional y legítima, pero es vista como un instrumento de fuerza y de acto autoritario por parte del Gobierno”, explica.
Laurent Berger, líder del sindicato CFDT, el primero del país, alertó en Le Journal du Dimanche que aplicar el 49.3 sería un “mensaje peligroso para la democracia”. Los sindicatos intensificaron su rechazo la semana pasada con huelgas prorrogables en sectores como el transporte y la energía. En París, el servicio de recogida de basura lleva más de ocho días en paro y, según la alcaldía, ya hay más de 5.400 toneladas de desechos acumulados en las calles. El pulso sigue este miércoles, con la octava jornada de protestas, y los líderes sindicales ya han anunciado otra frente a la Asamblea el jueves.
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