El futuro del gobierno de los jueces se ha envenenado en manos de los políticos, a los que compete su nombramiento y renovación cada cinco años. El Ejecutivo ha respondido este martes al veto del PP, que bloquea desde hace dos años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con una proposición de ley de sus grupos que sortea el control previo de la iniciativa —ya no hay que pedir informes preceptivos al Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado— y permite su aprobación en apenas dos meses. La oposición llegó este martes a catalogar como “dictatorial” la conducta del Gobierno.
La reforma legislativa permite aprobar la renovación de los doce vocales jueces del Consejo por mayoría absoluta frente a los tres quintos de cada cámara que se exigen ahora. Con este simple cambio, el Gobierno se garantiza renovar la mayoría del Consejo General del Poder Judicial con los votos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. De esta manera, cambiaría la actual mayoría absoluta conservadora vigente desde hace siete años. El Consejo General del Poder Judicial tiene competencias para nombrar cargos judiciales (presidentes de audiencias, tribunales superiores, Supremo y dos magistrados del Constitucional); ejerce las tareas de inspección y disciplinaria, e informa de determinados proyectos de Ley aprobados por el Gobierno.
Cuando el Tribunal Constitucional avaló en 1986 la reforma que permitió a los políticos elegir a los 20 vocales del Poder Judicial, ya destacó que la Ley, al imponer la necesidad de los tres quintos de la cámara para el nombramiento, adoptaba ciertas cautelas para evitar un Gobierno de los jueces partidista. La iniciativa legislativa de PSOE y Unidas Podemos elimina esa cautela y el requisito de mayorías reforzadas. Además, lo hace por la vía más rápida sin pasar el control de órganos constitucionales como el Poder Judicial o el Consejo de Estado.
El anuncio de la iniciativa por parte de PSOE y Unidas Podemos desató la indignación de la oposición. La portavoz popular en la Cámara baja, Cuca Gamarra, llegó a equiparar al presidente Pedro Sánchez con un “dictador”, aunque luego se corrigió y precisó que se refería a “sus conductas y los mecanismos que está impulsando” los que podrían considerarse “dictatoriales y autoritarios al apartarse de la buena salud democrática”. El PP y Vox ya han avanzado que si la proposición sale adelante, ya que cuenta de partida con 188 diputados de la mayoría que sostiene al Gobierno, la recurrirán al Constitucional y a instituciones europeas.
La derecha cuestiona, sobre todo, que este plan se haya llevado al Congreso como proposición de los grupos y no como proyecto de Ley del Gobierno, lo que implicaría que debería de pasar por los filtros de órganos constitucionales, que deberían estudiar el texto y hacer informes sobre el mismo. Hasta Iñigo Erre jón, de Más Madrid, cuestionó la fórmula: “Los contrapesos en el Estado limitan cuando gobiernas, pero también dan garantías cuando estás en la oposición. Hay que gobernar pensando que se está de paso. Lo estudiaremos, pero ojo que no sea peor el remedio que la enfermedad”.
Los portavoces del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, comparecieron por primera vez juntos para presentar la iniciativa y responder a los ataques de PP, Vox y Ciudadanos. Lastra justificó la necesidad de su proposición para evitar el bloqueo que el PP está imponiendo desde hace casi dos años a la renovación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. La vicesecretaria general del PSOE recordó que el PP ha roto en dos ocasiones los preacuerdos alcanzados con el Gobierno para ejecutar los cambios de vocales previstos en el mandato constitucional y que deberían corresponderse con la nueva mayoría progresista en las Cortes que salió de las últimas elecciones. El propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha requerido desde hace más de un año esa renovación en cartas a las presidentas del Congreso y del Senado, sobre los vocales que le corresponden renovar a ambas cámaras.
Dos cambios principales
La dirigente del PSOE explicó las dos medidas que cambian con la reforma (en base a artículos que ya se cambiaron en 2013 en el proyecto de ley que llevó al Consejo de Ministros el entonces titular de Justicia, el popular Alberto Ruiz-Gallardón) y que se centran en permitir una mayoría absoluta para elegir a los 12 vocales jueces que le corresponden a las Cortes en caso de bloqueo (y no los tres quintos actuales que se requieren, en el caso del Congreso, 210 parlamentarios). La proposición de Ley también limita las atribuciones del Consejo si se queda prorrogado, de manera que no puedan nombrar a altos cargos judiciales. La iniciativa no contempla revocar los nombramientos realizados durante los dos últimos años por el actual Consejo General del Poder Judicial.
Lastra valoró que así lo que persiguen PSOE y Unidas Podemos es que el Poder Judicial pueda seguir funcionando eficazmente y no se quede bloqueado por actitudes y “calculos partidistas” como ahora la del PP. Pablo Echenique abundó en esos principios enunciados por Lastra y acusó al PP de presumir de respetar la Constitución mientras la incumple bloqueando la renovación del Poder Judicial: “El constitucionalismo no se dice, se hace”.
Lastra y Echenique enfatizaron mucho que los dos partidos en el Gobierno y la mayoría parlamentaria que les respalda “en el nuevo tablero político”, con hasta 188 diputados detrás, les concede “legitimidad democrática” para abordar ese cambio legal, incluso por la vía más rápida. La portavoz del PSOE calculó incluso que la reforma podría entrar en vigor en dos meses, gracias a ese proceso exprés, porque a finales de octubre se tomará en consideración en un pleno en el Congreso, luego se remitirá a la comisión de Justicia y a la ponencia para su debate, se llevará al Senado y volverá ya a la Cámara baja para su ratificación final antes de las Navidades.
El PP anunció que recurrirá esa propuesta en varias instancias. Su líder, Pablo Casado, lo reafirmó en Twitter: “Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos”. La presidenta de Ciudadanos también calificó la medida en Twitter: “un mazazo sin precedentes a la Justicia”.
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