La posibilidad de un acuerdo para la continuidad de los ERTE se aleja. Los sindicatos, los empresarios y el Gobierno han finalizado su reunión de este miércoles sin acuerdo y sin fecha para volver a la mesa de negociación, según apuntan fuentes de las conversaciones.
Los cuatro agentes sociales (UGT, CC OO, CEOE y Cepyme) se han presentado esta tarde con una propuesta conjunta, a cuyo texto ha tenido acceso EL PAÍS, que consiste básicamente en prorrogar hasta el 30 de septiembre la regulación actual, que permite a las empresas decidir si salen parcialmente del ERTE o continúan acogidas a él totalmente. El Ministerio de Trabajo ha rechazado esta última opción. El departamento de Yolanda Díaz argumenta que pronto decae el estado de alarma y sus restricciones; y que no tiene sentido que siga abierta la opción del paro completo.
El Ejecutivo y los sindicatos llevan varias semanas negociando una nueva prórroga de los expedientes de regulación de empleo. La propuesta que hizo el domingo el Ejecutivo a los agentes sociales –una extensión hasta septiembre en aquellos sectores afectados todavía por las restricciones a la movilidad y menores exenciones de cotizaciones– fue rechazada por la patronal entonces. Entonces las partes se comprometieron a volver a la mesa de negociación este miércoles con una nueva propuesta del Ejecutivo.
Pero esa nueva oferta no ha llegado antes del comienzo de la reunión. Lo que sí ha pasado es que los dos sindicatos (UGT y CC OO) y los empresarios (CEOE y Cepyme) se han presentado con una propuesta para el Gobierno: prorrogar el esquema actual tres meses más. Este esquema permite que las empresas decidan cuándo empiezan a salir del ERTE y en qué medida. Mientras se mantienen en él totalmente las ventajas son grandes: la retribución de los empleados la asume el erario público y tienen una amplia exoneración de cotizaciones sobre los empleados afectados. Cuando empiezan a retomar la actividad, el sueldo de los trabajadores que se reincorporan ya corre de cuenta de la empresa y se reduce la exoneración de cuotas.
Al Ejecutivo este planteamiento le parece mal. Rechaza la opción de que las empresas puedan mantenerse completamente paralizadas. Entiende que pronto se saldrá ya del estado de alarma y que es el momento de que se retome de forma obligatoria la actividad, aunque sea de forma parcial.
Después de cuatro horas de negociación, la cita ha acabado sin acuerdo y sin una nueva fecha para la reunión, apuntan las tres partes. No obstante, fuentes de Trabajo añaden que van a seguir intentando el pacto. Lo que, en principio, debería suponer una nueva oferta.
Todavía hay bastante tiempo para que las negociaciones se prolonguen. La regulación actual asegura la vigencia de los ERTE por fuerza mayor, los que tenían como causa directa la declaración del estado de alarma y la suspensión de actividades que llevaba aparejada, hasta el próximo 30 de junio. No obstante, ya se ha sobrepasado el primer plazo que se había marcado el Ministerio de Trabajo, que pretendía llevar un pacto de prórroga al Consejo de Ministros del pasado martes.
No llegar a un acuerdo sobre las condiciones en que se mantienen los ERTE sería un varapalo importante para el Gobierno. La capacidad de llegar a acuerdos en el diálogo social en los peores momentos de la pandemia y con la crispación política por las nubes ha sido uno de los logros de los que el Ejecutivo más ha presumido. Esto se vio en la firma del acuerdo de mayo, que se presentó en La Moncloa en un acto solemne como suelen presentarse los grandes pactos del diálogo social.
Por otra parte, al mismo tiempo que se celebraba esta reunión, los líderes de los dos sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT), han acudido a La Moncloa para verse con el presidente Sánchez y entregarle el manifiesto de la Confederación Europea de Sindicatos que defiende “una recuperación basada en un modelo económico más sostenible, inclusivo y justo y en una economía social de mercado”. Esta propuesta ha sido apoyada por centrales de países que, en principio, se muestran partidarios de incluir condiciones en los fondos europeos que tienen que llegar para afrontar, lo que para ambos sindicalistas es una baza que España debe jugar en las negociaciones en Bruselas.
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