La UE volvió a exhibir las carencias de su política exterior al fracasar a la hora de concretar sanciones a miembros del régimen bielorruso de Aleksandr Lukashenko. El Gobierno chipriota ha mantenido este lunes su veto sobre esas medidas para presionar al resto de socios para que también castiguen a Turquía por su creciente beligerancia en el Mediterráneo oriental. “Si no somos capaces de hacerlo, nuestra credibilidad está en juego”, ha advertido el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Los líderes europeos deberán retomar el debate el próximo jueves.
Ni las 442 detenciones realizadas por el régimen de Lukashenko en el sexto fin de semana consecutivo de protestas han permitido lograr la unanimidad necesaria para lanzar una batería de sanciones a los colaboradores del líder bielorruso. Los ministros de Exteriores de la UE han salido del Consejo celebrado en Bruselas sin poder concretar una medida que se decidió hace ya más de un mes.
Tampoco el anuncio del régimen de Minsk de que un millar de soldados rusos y bielorrusos realizarán a partir de este martes ejercicios militares conjuntos ha resultado un acicate para desencallar la carpeta. Ni siquiera la visita a Bruselas de la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya, que ha urgido a adoptar sanciones contra quienes denuncia que amañaron las elecciones y ahora practican la represión en las calles.
Los líderes de la UE ya tienen un “acuerdo político” para aplicar sanciones a dirigentes políticos que consideren responsables de la represión, la violencia y el fraude de las elecciones del pasado 9 de agosto para no castigar a toda la población. Los ministros tienen sobre la mesa una lista con 40 nombres. Y, sin embargo, siguen siendo incapaces de darle luz verde. “Aunque la voluntad de adoptar las sanciones es clara, la unanimidad requerida no se ha alcanzado”, ha lamentado Borrell tras el Consejo de Ministros de Exteriores de este lunes.
Chipre sigue manteniendo secuestrada la actuación hasta que los Veintisiete no hagan lo mismo con Turquía por las prospecciones en aguas del Mediterráneo oriental que los Gobiernos chipriota y griego consideran ilegítimas. “Hay un Estado miembro de la UE que hace una vinculación de las sanciones de Bielorrusia con las sanciones de Turquía”, ha sostenido tras el consejo la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya.
Su homólogo chipriota, Nikos Christodoulides, se ha quejado de que la reacción de la UE a la vulneración de los “valores y principios básicos fundamentales” no puede ser “a la carta”. “Debe ser coherente”, ha sostenido el ministro, quien ha añadido que seguían preparados para implementar las sanciones acordadas en el consejo informal de Berlín.
Conflicto en el Mediterráneo oriental
Sin embargo, los ministros han dejado de nuevo la pelota en el tejado de sus jefes de Estado y de Gobierno, que esta semana se reúnen para abordar sobre todo el conflicto en el Mediterráneo oriental. Si Chipre finalmente levanta el veto, Borrell ha dicho que las sanciones podrían aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo mes de octubre.
Los Veintisiete incluso tienen sobre la mesa la posibilidad de meter al propio Lukashenko dentro de la lista de dirigentes a los que dirigir las sanciones. Sin embargo, algunos socios son partidarios de un enfoque más gradual si el líder bielorruso sigue atacando a la oposición y la sociedad civil.
La imposibilidad de fijar un régimen de sanciones para Bielorrusia, sin embargo, pone de manifiesto las enormes dificultades de la UE para alzar su voz en política exterior. Borrell ha advertido a los Veintisiete de que la credibilidad del bloque comunitario está en juego. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso del estado de la Unión de la semana pasada ya pidió a los Estados miembros que aceptaran abandonar la unanimidad en la toma de decisiones en política exterior y pasar a la mayoría cualificada.
González Laya, sin embargo, ha rechazado que haya un “obstáculo de fondo” que impida aplicar sanciones. “Todos los mensajes que la UE manda a Bielorrusia son muy claros: rechazo absoluto a la violencia sobre la ciudadanía, petición para que cesen las detenciones arbitrarias y el hostigamiento a miembros de la oposición y la sociedad civil, llamada al diálogo y el no reconocimiento de las elecciones”, ha recordado.
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