El juzgado mercantil nº 2 de Madrid ha suspendido cautelarmente el concurso para la adjudicación de los servicios de VAR de LaLiga convocado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El juzgado ha admitido a trámite la petición de medidas cautelares presentada por GRUP MEDIAPRO contra dicho concurso lo que impide a la Federación adjudicar cualquiera de los lotes establecidos.
Según el Auto del juez, “la RFEF tiene una posición dominante en el mercado de la comercialización de la prestación del servicio de asistencia al arbitraje a través de vídeo en la medida en que esta entidad gestiona en exclusiva los servicios de asistencia tecnológica al VAR y que no existe ninguna otra entidad que licite estos servicios en España”. En base a esta posición de dominio el auto mantiene que “La RFEF ha podido disponer de unas bases de licitación anticompetitivas para beneficiar a un competidor y perjudicar a MEDIAPRO, condicionando, en un mercado estrecho con pocos agentes, la adjudicación de unos servicios (VAR) a la posibilidad de prestar otros servicios accesorios (SAOT), con idéntico fin de predirigir el resultado del concurso”.
En este sentido, el juez aprecia también indicios de actuación anticompetitiva en la ponderación de los criterios de adjudicación puesto que “se advierte, indiciariamente, la inadecuada ponderación de los criterios empleados, resultando irrelevante el componente del precio de la oferta, más cuando la ponderación se efectúa en relación a un criterio inadecuado, como la experiencia”. Finalmente, el juez recuerda que “la RFEF vienen incurriendo, de forma reiterada, en comportamientos abusivos que han sido sancionados por nuestros Tribunales”.
En el plazo de 20 días, el plazo marcado por la ley, GRUP MEDIAPRO presentará una demanda contra la Federación por abuso de posición de dominio y actuación anticompetitiva. Esta es la cuarta actuación anticompetitiva de la federación que denuncia GRUP MEDIAPRO y que han sido todas respaldadas por las decisiones de los tribunales.
Las bases del concurso establecían que la Federación debía comunicar el próximo martes los adjudicatarios del servicio de VAR de La Liga española para las próximas cuatro temporadas (23-24/26-27). Según la solicitud de medidas cautelares de GRUP MEDIAPRO, el contenido de las bases de este concurso estaba expresamente dirigido a otorgar el servicio a la empresa que actualmente lo presta, perjudicando claramente otros proveedores e incurriendo en una conducta anticompetitiva y de abuso de posición de dominio, tal como recoge el Auto judicial.
GRUP MEDIAPRO considera que “después de esta suspensión por decisión judicial, la Federación debería convocar otro concurso con unas bases que permitieran competir a todos los proveedores en igualdad de condiciones y sin tener como objetivo la exclusión de GRUP MEDIAPRO”.
Como se recoge en la petición cautelar presentada por GRUP MEDIAPRO, la RFEF, pese a ser una asociación privada de utilidad pública, tiene deberes de responsabilidad y buena fe en la gestión de recursos semipúblicos. Hasta ahora, y solo desde 2022, la conducta de la RFEF y de su presidente destinada a perjudicar a GRUP MEDIAPRO ha implicado la condena de la RFEF hasta en cuatro ocasiones. En las cuentas anuales de 2021 de la Federación ya había provisionado 6,6M€ para el pago de las indemnizaciones por estas futuras condenas.