Su nombre era Lilia Ochisor, pero nadie sabía su apellido. En la calle d’En Robador del Raval de Barcelona donde llegó a estar hasta 20 horas diarias buscando clientes y dinero, la conocían como Lili. La autopsia tras su muerte, ocurrida el 30 de marzo de 2019 cuando contaba con 41 años de edad, señala que se produjo de forma “natural” por una leucemia de la que nunca fue tratada. Pero añade que tenía hemorragias subcutáneas, múltiples fracturas e indicios de “posible maltrato en diferentes momentos de su vida”. Una vida desgraciada y violenta, llena de miedo y dolor que las administraciones no atajaron pese a que conocían desde hacía casi una década la situación de semiesclavitud que sufría esta mujer moldava, madre de dos hijos a los que llevaba años sin ver.
La organización Women’s Link Worldwide, -centrada en los derechos de las mujeres y promotora de condenas históricas por fallos institucionales, como el caso de Ángela González-, ha presentado una denuncia “por actuación negligente” y “pasividad” de diferentes instituciones: la Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos d’Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Fiscalía Provincial de Barcelona. Les acusan de no actuar pese a que conocían la situación de vulnerabilidad de Lilia Ochisor casi desde que llegó a España en diciembre de 2011. Es la primera que presentan por responsabilidad patrimonial en caso de trata, que supone reclamar su responsabilidad a las administraciones por un fallo del sistema. Representan a tres organizaciones que trabajaron con Ochisor cuando aún estaba viva: Fundación Ámbit Prevenció, GENERA y Janet Elizabeth Mérida, portavoz de la asociación Putes Indignades.
En 2005, la mujer quedó viuda y a cargo de sus hijos en Rumanía, donde empezó a ejercer la prostitución en 2006. Los niños permanecieron en Rumanía, en manos de sus explotadores, que la trasladaron en 2011 a Barcelona. Se trata de un matrimonio rumano, que fueron detenidos años antes de su muerte pero que huyeron después de que falleciera y no han sido localizados. “Las autoridades policiales no la identificaron oficialmente como víctima de trata porque no quiso denunciar a la red de trata y le negaron durante años la protección a la que tenía derecho para presionarla a que denunciara”, según señala Women’s Link. El Convenio de Estambul reconoce el derecho de protección a las víctimas de violencia sexual independientemente de que presenten o no una denuncia. “Exigir la denuncia como condición para acceder a la protección es una mala práctica, contraria a la normativa internacional y europea en materia de trata de personas, que pone en riesgo la seguridad y la vida de las víctimas. Es terrible saber que Lili pidió ayuda y no fue protegida”, explica Gema Fernández, abogada de la ONG.
Las organizaciones denuncian que contra ella sí que se ejerció un “acoso policial y administrativo”. En 2012, la Guardia Urbana la detuvo por encontrarse en situación administrativa irregular pese a que eran “plenos conocedores de la situación de trata con fines de explotación sexual” de la mujer. Hasta en dos ocasiones fue detenida por lo mismo, en 2014 solicitaron su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y le pusieron hasta 25 multas entre 2012 y 2014 por “ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública” que castiga una ordenanza municipal.
En el relato cronológico de los hechos que acompaña a la denuncia, Women’s Link enumera los indicios que mostraban a Lilia como una víctima de trata: rechazaba denunciar por miedo a que sus hijos sufrieran represalias, se conocía la identidad de sus tratantes y había fotografías de ella entregándoles dinero y en 2017, dos años antes de su muerte, presentaba signos de violencia física, lesiones y marcas de agresiones. También señalan que sufrió un deterioro de su salud mental por la presión que sufría de sus explotadores y “por parte del entorno”.
Durante su primer año en España, según el relato de los hechos recabados por Women’s Link, viajaba cada tres meses a Rumanía para ver a sus hijos y poner en regla sus documentos administrativos. Tras su detención por estar en situación irregular, se le incoó un expediente de expulsión y no pudo volver a viajar. No volvió a ver a sus hijos. “La situación de la señora Ochisor, y en concreto la violencia que la misma sufrió como víctima de trata de seres humanos fue objeto de diversas investigaciones judiciales, todas archivadas por la falta de voluntad de los cuerpos policiales y judiciales de llevar a cabo una investigación comprehensiva”, señala la ONG en su denuncia. Además de que los distintos cuerpos policiales conocían su situación casi desde su llegada a España, el Ayuntamiento de Barcelona envió en 2015 un informe a la Fiscalía Provincial de Barcelona en el que denunciaba que la situación de Lilia era compatible con “una fuerte explotación/coacción”, según la denuncia. “Su deterioro mental y personal durante todo este tiempo cada vez es más acuciado y preocupante”.
Señalan además que hubo hasta tres reuniones entre 2016 y 2018, entre el Ayuntamiento, las organizaciones que trabajaban con la mujer, la fiscalía de extranjería y los tres cuerpos policiales para hablar de su situación. En una nota de la Guardia Urbana subrayaban su deterioro “progresivo y constante” y sus horarios “intempestivos, comenzando a la mañana y acabando a la madrugada, siempre en solitario, ofreciéndose a todos los hombres que pasan a su lado”.
El Ayuntamiento propuso que se regulara su situación administrativa para una “intervención profunda e integral”. En 2017, de hecho, formalizó esta petición ante la oficina de extranjería de Barcelona, dependiente de la Subdelegación del Gobierno. El Consistorio alertó del “riesgo extremo para su vida e integridad física” y solicitó medidas de protección “de manera inmediata”. Según Women’s Link, la Fiscalía archivó la investigación en julio de 2018. Su papel, denuncia la ONG, “fue absolutamente pasivo y carente de iniciativa”.
En septiembre de 2018, seis meses antes de morir, Lilia Ochisor se quedó sin casa. Dormía en los bancos de Raval o con sus clientes, “lo que la lleva a ofrecer servicios sexuales durante más horas diarias y la expone a mucha más violencia de todo tipo”. Solo comía una vez al día. Una compañera del Raval le ofreció una habitación en febrero de 2019. Allí, según el testimonio de una testigo, estaba desangrándose de una paliza días antes de acabar finalmente ingresada en el Hospital del Mar, donde murió.
Fue enterrada el 4 de junio de 2019 en Barcelona. El Ayuntamiento asumió los costes del sepelio. Las organizaciones no han podido localizar a sus hijos. La sospecha de una de las testigos del caso es que su hija, que ya es mayor de edad, ejerce la prostitución en Rumania vigilada por la misma familia que explotó a su madre.
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