Colas del hambre en la parroquia Santa María Micaela y San Enrique de Madrid.
El año pasado el Observatorio de los Servicios Públicos Urbanos (OSUR) firmó con Cáritas un convenio de colaboración para constatar cuál era la situación real de las personas vulnerables en relación con su derecho fundamental al agua. Bien sé que ese derecho humano, reconocido por Naciones Unidas, no aparece en la Constitución española, pero soy de los que piensan que no faltan argumentos para que, en su faceta más existencial, pueda incluirse en el derecho a la vida (artículo 15 de la Constitución).
El resultado del estudio permite medir el nivel de solidaridad existente en la sociedad española acerca del aprovechamiento de un recurso natural, tan escaso como imprescindible, y comprobar el compromiso cierto de las Administraciones ―específicamente, las municipales― y de las empresas (públicas, privadas o mixtas) que gestionan el servicio. Cáritas indicó los parámetros que orientaron la investigación y OSUR se ocupó de verificar su cumplimiento en 34 ciudades relevantes de toda España, lo que resulta significativo, cuando menos, como indicador de tendencias.
No parece necesario recordar el progresivo incremento de la población vulnerable en nuestro país, ni las cicatrices sociales producidas por la crisis económica y la pandemia, o cómo las cosas empeoran por la guerra en Ucrania.
El agua debe tener un precio que refleje y pondere equitativamente los costes de prestación del servicio (tratamiento, estaciones de bombeo, redes de abastecimiento, control de calidad…) y el volumen consumido. Nadie ahorra lo que es gratis. Pero hay personas que no pueden pagar el recibo del agua y, por tanto, pueden verse privadas de un suministro esencial, al que tienen derecho.
En los barrios donde la media de personas vulnerables es mayor, en ocasiones no existen suficientes controles sobre la calidad del agua”
El Informe OSUR-Cáritas parte del nivel mínimo de consumo (21 litros) por persona y día fijado por Naciones Unidas (la media española se aproxima a los 132 litros, según el INE). La primera y más positiva conclusión que permite alcanzar el estudio es que en España, en los dos últimos años, no ha habido cortes del suministro en relación con personas y familias vulnerables. El examen de la situación particular del usuario del servicio y, en su caso, su consideración como vulnerable, se ha convertido en un presupuesto obligado que impide el corte automático por impago. En segundo lugar, puede afirmarse que, con carácter general, existen modelos escalados de bonificaciones que favorecen a las personas con menores recursos económicos. Las distintas ordenanzas municipales reflejan, de manera desigual, la preocupación social y el esfuerzo por articular medidas para que nadie se quede sin agua, si bien solo algunas ciudades han desplegado una política proactiva en relación con este asunto (Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela, Pamplona, Huelva, entre otras).
Junto a lo anterior, conviven importantes zonas de penumbra que debieran subsanarse. Una de ellas, fácil de resolver, es la dificultad de la persona usuaria para acceder de forma sencilla y clara a la información. También es de fácil arreglo habilitar el reenganche gratuito de aquellas personas vulnerables a las que se hubiese cortado el suministro por error. Pero hay otros aspectos negativos que requieren de un esfuerzo adicional para ser corregidos. En los barrios donde la media de personas vulnerables es mayor, en ocasiones no existen suficientes controles sobre la calidad del agua (instalaciones antiguas, pozos ilegales, contaminación…), ni una adecuada planificación de las infraestructuras. Hace tiempo que hemos dejado de construir fuentes públicas, salvo para el decoro de las ciudades, olvidando que las personas sin agua ya no tienen dónde ir a buscarla, como ocurre en los poblamientos irregulares, los asentamientos de chabolas o las zonas de vivienda habilitadas para los temporeros.
Con el informe en la mano, puede decirse que España avanza en la dirección adecuada. No obstante, es indispensable generalizar las buenas prácticas y acelerar el proceso para que alcance, cuanto antes, a todas las poblaciones de nuestro país, sin excepción alguna. Sin igualdad, el acceso al agua deja de ser un derecho para convertirse en un insoportable privilegio.
Francisco Caamaño es presidente del Observatorio de los Servicios Públicos Urbanos (OSUR) y exministro de Justicia.
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