Un grupo de inmigrantes haitianos camina por una calle de la ciudad fronteriza de Matamoros (México), el pasado 13 de mayo.Abraham Pineda-jacome (EFE)
La revisión aleatoria de papeles para corroborar la situación migratoria de una persona fuera de puntos de tránsito internacional es inconstitucional. Así lo ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que calificó este tipo de controles como contrarios al derecho a la libre circulación y como prácticas discriminatorias. El fallo llega cuando México registra máximos históricos de detenciones de migrantes y a unos días de que entren en efecto cambios regulatorios en Estados Unidos que sumarán presión a las fronteras mexicanas. El Instituto Nacional de Migración ha arrestado a más de 77.000 personas en el primer trimestre del año, en comparación con los 41.000 detenidos en el mismo periodo de 2021. Se trata de un salto de casi el 90% en tan solo 12 meses, según cifras oficiales.
El asunto se desprende del reclamo que hizo un grupo de mexicanos de una comunidad indígena que fue detenido en 2015 mientras iba a bordo de un autobús rumbo al norte de México. Los agentes les pidieron documentos que acreditaran que tenían nacionalidad mexicana y al no traerlos consigo fueron llevados a una estación migratoria, donde fueron hostigados para que dijeran que eran de Guatemala, según organizaciones civiles. Aunque eventualmente fueron puestos en libertad, presentaron un amparo por considerar que se habían violado sus derechos.
Los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración contemplan que se puedan hacer estos controles a cualquier persona nacional o del extranjero. La Corte, sin embargo, ve una contradicción porque en ningún momento se establece que un individuo tenga que portar todo el tiempo sus identificaciones oficiales. La Constitución, además, reconoce el derecho al libre tránsito por el territorio y a la igualdad. Las revisiones a ojo fuera de los puestos de vigilancia de fronteras, basadas en quiénes se ven como ciudadanos del país y quiénes no, “generan impactos desproporcionados en ciertos sectores de la población, particularmente personas indígenas y afromexicanas”, afirma el tribunal. “Ante la falta de parámetros objetivos para llevar a cabo las revisiones, se posibilita que las autoridades realicen estas de manera aleatoria con base en aspectos tales como el origen étnico, color de piel e idioma”, agrega.
Los magistrados han aclarado que esto no quiere decir que las autoridades migratorias no puedan hacer una revisión en los puertos de entrada y salida del país, así como detenerlos y deportarlos en caso de que no acrediten su estancia legal en el país. “Se trata de una facultad que tienen”, han enfatizado. Ante el éxodo de personas de todo el mundo que intentan llegar a Estados Unidos, las presiones de la Casa Blanca por aumentar los controles y la porosidad de la frontera sur de México, se ha vuelto cada vez más habitual que agentes hagan revisiones y redadas en centrales de autobuses, refugios y espacios públicos. Esto ya es ilegal tras la decisión de la Corte.
México batió el año pasado el récord de solicitudes de asilo y detenciones de inmigrantes sin papeles en 2021. Más de 300.000 extranjeros fueron arrestadas el año pasado, el máximo registrado en los últimos 20 años. Al paralelo, 131.000 personas pidieron asilo, tres veces más que un año antes, de acuerdo con Naciones Unidas. A los flujos tradicionales desde el Triángulo Norte de Centroamérica ―Guatemala, Honduras y El Salvador― se han sumado una llegada importante de haitianos, venezolanos y cubanos. Las restricciones a la migración han hecho que las rutas migratorias se volvieran más difíciles y peligrosas, con personas también llegando desde África, Asia y Europa. Por esos corredores también circulan cientos de miles de ciudadanos de México, que se ha consolidado como un país receptor, de tránsito y expulsor de inmigrantes.
Las cifras de detenciones en México y por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que también ha roto máximos históricos, dan cuenta de que el éxodo de personas no ha cesado. Además del muro que separa a ambos países, Washington también ha impulsado barreras virtuales como el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes a esperar que se resuelvan sus solicitudes de asilo al sur de la frontera, y el Título 42, que paralizó el sistema de acogida estadounidense bajo el pretexto de contener la pandemia de covid-19. Todos esos factores han provocado cuellos de botella en las ciudades fronterizas de México, donde hay personas que han tenido que esperar varios meses. La mayoría, en condiciones precarias y en muchos casos, expuestos a la inseguridad y a la delincuencia organizada.
Está previsto que el Título 42 deje de tener efecto el próximo lunes 23 de mayo, salvo que un tribunal bloquee su terminación. Miles de personas que esperan en México esperan una salida a sus trámites que les permita tener una nueva vida en Estados Unidos y autoridades migratorias de ambos países temen que haya un efecto llamada y que más gente emprenda el viaje de miles de kilómetros hacia el norte. Tan solo en abril, las autoridades de EE UU detuvieron a otros 234.000 inmigrantes sin papeles, más de 94.000 fueron deportados bajo esa medida de excepción sanitaria. En el caso de las personas que fueron discriminadas por “no parecer mexicanos”, la Corte también ha decidido que pueden solicitar una indemnización por el daño que sufrieron.
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