“Nos trataron como presos, como si tuviéramos armas de fuego”, dice un muchacho con la respiración agitada a las afueras de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en el Centro de Lima. Son las seis de la tarde del domingo, y es uno de los primeros estudiantes liberados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El día anterior por la mañana, un contingente policial irrumpió violentamente con tanquetas, bombas lacrimógenas y un helicóptero en el campus de la decana de América, que desde el jueves se había convertido -tras la toma de grupos estudiantiles- en el refugio de decenas de ciudadanos de las regiones de la sierra sur que han venido a la capital a marchar en contra del Gobierno de Dina Boluarte.
Sin la presencia de la Defensoría del Pueblo ni de la Fiscalía, los agentes policiales redujeron a alrededor de 200 personas, entre los que se encontraban adultos mayores y quechuahablantes. Como ha podido constatarse en diversos videos, hubo un alto grado de ferocidad en la intervención a pesar de que no hubo oposición de parte de los manifestantes. Los pusieron contra el suelo, amedrentándolos; tumbaron puertas, revisaron sus pertenencias, requisaron donaciones de víveres e incluso los tildaron de “terroristas”. Luego los alzaron en peso y horas después los trasladaron a los calabozos de la Dirincri.
Como consta en el acta de intervención, la Policía justifica el operativo debido a una denuncia penal del apoderado judicial de la UNMSM, Abelardo Rojas Palomino, quien expuso que los marchistas habrían agredido al personal de seguridad de la universidad para robarles chalecos, aparatos electrónicos y demás implementos de seguridad. La noche del viernes, doce horas antes del operativo, la Oficina General de Imagen Institucional de la universidad emitió un comunicado narrando estos sucesos.
Diversos abogados, activistas de Derechos Humanos y congresistas de bancadas de izquierda alertaron de que no les permitieron ingresar a la Ciudad Universitaria durante la intervención para vigilar la integridad de los detenidos. Incluso la abogada del Instituto de Defensa Legal, Cruz Silva del Carpio, denunció haber sido agredida por las fuerzas del orden. “Me golpearon en la pierna derecha. Esta es una irregularidad abierta, es injusto”, reclamó. Algunos académicos han comparado este operativo policial con el 21 de mayo de 1991, cuando el expresidente Alberto Fujimori ordenó el ingreso de las Fuerzas Armadas a las universidades San Marcos y La Cantuta con el objetivo de acabar con los elementos subversivos que habían “ideologizado” a estas dos casas de estudio.
La policía antidisturbios al ingresar al campus de la Universidad de San Marcos, el 21 de enero.JUAN MANDAMIENTO (AFP)
En el acta policial figura que se detuvieron a 192 personas por usurpación agravada, delito contra el patrimonio y robo agravado y, además, cuatro personas fueron intervenidas por terrorismo. Estos cuatro son residentes de la ciudad universitaria de San Marcos. Para la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, se debió contar con la presencia de la Fiscalía durante el operativo. “En un Estado de Emergencia se deben garantizar los derechos humanos”, expuso.
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En la otra acerca, sin embargo, diversos políticos de la derecha celebraron y respaldaron la acción de la Policía. “La democracia no puede ser débil. La insania subversiva y la delincuencia no pueden someter al Estado de Derecho y la ley”, dijo Maricarmen Alva, expresidenta del Congreso. Ernesto Bustamente, de Fuerza Popular, fue más agresivo al punto de acusar de terroristas a los manifestantes: “Da gusto ver que la Policía arrió el trapo negro y blanco que izaron los terroristas refugiados en San Marcos. Ahora falta incautar y quemar las banderas bolivianas que ondean en sus marchas pacíficas. Luego habrá que patearlos hasta Puno y Bolivia”.
Los abogados de los detenidos interpusieron un habeas corpus, esa garantía constitucional para defender el derecho a la libertad. Y fueron liberados al final de la tarde del domingo lentamente, uno tras otro hasta 191. Solo quedó un detenido porque tenía una requisitoria. “Han violado todos nuestros derechos. Han golpeado a nuestros hermanos de provincia. Nos han humillado. Los policías nos decían: ¿ustedes conocen a Abimael? ¿Saben quién es?”, denunció un estudiante en alusión a Abimael Guzmán, fundador y máximo líder de la organización terrorista Sendero Luminoso. Los manifestantes que fueron saliendo libres aseguraron que no les devolvieron su Documento Nacional de Identidad.
Mientras tanto las protestas continúan en el sur. En Arequipa, en el distrito La Joya, un grupo de manifestantes atacó este domingo una comisaría con piedras y pirotécnicos, y tomó a un policía de rehén. Le habían rociado gasolina. Pero finalmente fue liberado a las 21.30 horas gracias a la intervención de un sacerdote. Habría sido a cambio de la liberación de cinco detenidos. Se han registrado 12 heridos, tres de ellos de bala, entre los manifestantes.
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