Esta vez la presión es distinta. El Partido Conservador británico se halla inmerso en su enésima pugna interna, pero tiene que ver con la mayor o menor dureza de las restricciones sociales acordadas para frenar la covid-19. El Brexit es ya solo obsesión de unos pocos. Nadie reprocharía a Boris Johnson que, una vez más, echara atrás uno de sus ultimátums. Por eso el negociador de Downing Street con la UE, David Frost, ha sugerido al primer ministro, según fuentes gubernamentales, que retire la fecha del 15 de octubre que puso como límite para levantarse de la mesa y dé unas semanas más de plazo a las conversaciones. Johnson está ahora dispuesto a contemplar esa posibilidad si le convence el tono que surja del Consejo Europeo que va a celebrarse este jueves. Poco después de mantener una conversación telefónica a última hora de este miércoles con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Downing Street ha comunicado que el primer ministro había expresado a su interlocutora “su deseo de alcanzar un acuerdo” pero a la vez “expresado su decepción con el hecho de que no se hubieran realizado más progresos en las últimas dos semanas”. Johnson esperará a las conclusiones del Consejo antes de tomar una decisión. “El primer ministro escuchará el resultado del Consejo y reflexionará, antes de establecer los siguientes pasos que deba tomar el Reino Unido, de acuerdo con sus palabras del pasado 7 de septiembre [fue entonces cuando Johnson impuso el límite del 15 de octubre]”, ha afirmado Downing Street en el comunicado.
Frost ha indicado a Johnson que ve posible salvar la distancia entre las partes con un par de semanas más de negociaciones. Los puntos más conflictivos continúan siendo los relativos a la pesca y a la política de ayudas públicas a las empresas. Este segundo, el más complicado durante meses, es el que más posibilidades tendría de resolverse. Londres y Bruselas podrían acordar un conjunto de reglas comunes sobre el control respectivo de sus subsidios que evitara el sometimiento del Gobierno británico al Tribunal Europeo de Justicia. “Johnson no tendría mucho problema en convencer de esta parte a los euroescépticos más duros del partido, porque son a su vez grandes defensores del libre comercio y poco amigos de subsidiar a las empresas”, explicaba a EL PAÍS David Gauke, exministro de Justicia y uno de los conservadores apartados de la primera línea por su defensa a ultranza de la necesidad de lograr un Brexit con acuerdo.
Gauke se muestra igualmente convencido de que el Gobierno, si se llega a un acuerdo, no tendrá problema en explicar políticamente la retirada de la Ley del Mercado Interno que tanto irritó a Bruselas por contravenir unilateral y deliberadamente lo establecido en el Acuerdo de Retirada firmado el pasado enero. La cuestión clave en las próximas semanas será la pesca, que enfrenta dos intereses con implicaciones muy delicadas: la industria pesquera francesa no perdonaría al presidente Emmanuel Macron una renuncia, mientras la escocesa (que acapara la mitad de esa actividad en el Reino Unido) alimentaría con su derrota al campo independentista. Una encuesta publicada este mismo miércoles sugiere que por primera vez son clara mayoría (58%) los escoceses que respaldarían la separación del Reino Unido.
Sin que el debate haya alcanzado aún a la opinión pública, los partidarios de un Brexit ordenado comienzan a temer que un acuerdo de mínimos no solucionaría todos los problemas. Un acuerdo mínimo, que Johnson podría presentar como una victoria, dejaría en situación complicada a muchos sectores de la economía británica. La industria de servicios profesionales, por ejemplo, que mueve un volumen de un cuarto de billón de euros, se enfrenta a la “catastrófica” amenaza de perder miles de negocios en la UE. La subcomisión de Servicios de la Cámara de los Lores ha acusado al Gobierno de Johnson de haber ignorado durante las negociaciones las necesidades de este sector.
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