Venezuela se convierte en nuevo terreno de fricciones entre la UE y Estados Unidos. El duro golpe propinado por la Administración Trump al régimen de Nicolás Maduro en la noche del lunes, cuando anunció la congelación de todos los activos del Gobierno venezolano en el país norteamericano, puede tener efectos colaterales para las compañías europeas que operan en el país, lo que ha provocado la reacción inmediata de Bruselas. “Nuestra posición es conocida, nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales”, ha señalado este miércoles un portavoz comunitario.
El castigo norteamericano, que extendió al completo las sanciones al Ejecutivo chavista, ha convertido hacer negocios con Venezuela en una actividad todavía más arriesgada en un entorno ya de por sí crítico, con una economía altamente endeudada, lastrada por la hiperinflación, vaciada de talento por la emigración masiva y con problemas en el suministro de productos básicos como alimentos o medicinas. Pese a esa atmósfera prácticamente posbélica, en el país siguen aún presentes centenares de empresas europeas, entre ellas multinacionales como Air France, Unilever, Total o Repsol, con una inversión total aproximada de 14.000 millones de euros.
Todas ellas pasan a estar desde ahora en la diana de Trump y en el peor de los casos podrían ver incautados sus activos en EE UU. “Estamos analizando en detalle su alcance e implicaciones”, añadió otra portavoz europea sobre el impacto de la última arremetida estadounidense. Mientras la UE busca fórmulas para minimizar los daños, las compañías europeas afrontan en Venezuela un escenario similar al que se exponen en Cuba tras la activación de la ley Helms-Burton, que permite demandar a los actuales propietarios de bienes expropiados tras la revolución, y en Irán, donde Washington amenaza con represalias a las firmas que no cesen su actividad tras el abandono de EE UU del tratado nuclear con Teherán.
El asesor de Seguridad Nacional de EE UU, John Bolton, verbalizó el martes en Lima la advertencia de sanciones para las empresas que mantengan sus transacciones en Venezuela. Paradójicamente, la andanada de uno de los hombres fuertes de Washington coincidió temporal y geográficamente con una reunión del llamado Grupo de Contacto auspiciado por la UE para encontrar una solución que culmine con la convocatoria de elecciones. “Una salida negociada sigue siendo la única vía factible para superar esta crisis multidimensional”, concluyeron en un comunicado al término del encuentro.
Las empresas españolas,
a la espera de más detalles
Venezuela fue un importante destino para la inversión española pero desde hace años las empresas han ido reduciendo su exposición ante la creciente incertidumbre política y el deterioro económico y social del país. Desde la Embajada de España en Caracas, se elude hacer una valoración del impacto del embargo para las compañías españolas a la espera de conocer el verdadero alcance de la decisión estadounidense, que incluye un número considerable de excepciones.
Aunque oficialmente hay 94 empresas españolas instaladas en el país, según datos de la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio, solo Telefónica, Mapfre, Abanca y Repsol mantienen una posición significativa. A lo largo de todos estos años las empresas ya han ido provisionando en sus cuentas el deterioro de sus posiciones y el impacto de la devaluación, e incluso, en la mayoría de los casos, han separado sus vínculos con la matriz.
De ahí que el mayor impacto de un embargo u otras sanciones comerciales que pudiera adoptar EE UU recaería sobre el patrimonio que aún mantienen las compañías.
Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, la inversión española en Venezuela ha pasado de 664 millones de euros en 2014, a 226 millones en 2017. De enero a septiembre de 2018, el montante cayó a los 116 millones.
Tanto Washington como las principales potencias europeas reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero sus coincidencias prácticamente terminan ahí. EE UU da por agotada la vía del diálogo y apuesta por llevar las sanciones a un nuevo nivel mientras coquetea con el uso de la fuerza. Mientras, la UE da una oportunidad a la diplomacia ejerciendo una calculada presión de mediana intensidad. Descarta la invasión militar y pugna por que un marco democrático se abra paso ofreciendo incentivos a Maduro si da pasos en esa dirección y sanciones a personalidades del régimen —que no perjudiquen al ciudadano de a pie— si el dirigente bolivariano se aferra al statu quo o camina hacia el lado opuesto. Así lo manifestó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en un reciente discurso en Estrasburgo. “En caso de que no haya resultados concretos de las negociaciones en marcha, la UE extenderá sus medidas selectivas”, afirmó. “Esas medidas pueden ser revertidas si hay progresos sustanciales en la restauración de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”, añadió en una nueva muestra de la política de mano tendida.
La estrategia maximalista de Washington contradice esa idea europea de que todavía no es tarde para que Maduro rectifique y amenaza con tirar por tierra los esfuerzos de Bruselas, que tampoco han dado hasta ahora resultados destacables. Esa deriva trasciende la escena venezolana para alzarse como sello de la diplomacia trumpiana, caracterizada por la unilateralidad que reniega de la mediación de entidades internacionales como la Organización Mundial del Comercio o el Organismo Internacional de la Energía Atómica, y la extraterritorialidad, con la que EE UU se dota a sí mismo de legitimidad para vetar los negocios de empresas extranjeras fuera de su territorio, según sus intereses.
Los intercambios entre la UE y Venezuela han caído en los últimos años conforme las relaciones se enfriaban. Las importaciones europeas de productos venezolanos, principalmente de petróleo, cayeron en 2018 a 1.688 millones de euros frente a los 2.242 millones de tres años antes. Más acusado ha sido el desplome de las exportaciones comunitarias a Venezuela: sumaron 635 millones el año pasado, cinco veces menos que en 2015.
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