La Comisión Europea ha pedido a Turquía que solvente las deficiencias detectadas por los observadores internacionales en las elecciones presidenciales del pasado domingo, que se saldaron con el pase a una segunda vuelta, el próximo 28 de mayo, del presidente, Recep Tayyip Erdogan, y el opositor Kemal Kiliçdaroglu, de centroizquierda. En un inusual comunicado, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el comisario de Ampliación, Olivér Várhelyi, hacen un “llamamiento” a las autoridades de Ankara para que tengan en cuenta las conclusiones de las misiones de observación sobre los comicios de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y el Consejo de Europa. “La UE otorga la máxima importancia a la necesidad de elecciones transparentes, inclusivas y creíbles en igualdad de condiciones”, señalan en un comunicado conjunto. La OSCE reprocha a Turquía un sesgo hacia Erdogan en la cobertura mediática y algunas irregularidades y restricciones democráticas sin llegar al fraude.
Los recelos sobre posibles excesos del Gobierno turco han afectado también a una delegación española. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha protestado mediante una “nota verbal” a las autoridades turcas por la retención y expulsión “sin justificación ni explicación” de 10 españoles, entre ellos, tres parlamentarios, que habían acudido a dicho país para seguir las elecciones presidenciales y legislativas del pasado domingo, según informa Miguel González.
“Es una llamada a navegantes para que no haya observadores internacionales en la segunda vuelta“, denunció uno de los afectados, el diputado de Podemos Ismael Cortés, en declaraciones . “También es una muestra de hasta dónde es capaz de llegar el régimen para coaccionar el ejercicio de derechos fundamentales. Por eso hay preocupación por la segunda vuelta. Porque si es capaz de hacer esto con una delegación extranjera de diputados y senadores, que tiene detrás a un Ministerio de Exteriores que le apoya, ¿qué no será capaz de hacer con la gente de ahí?”, añadió.
Cortés formaba parte de una delegación de representantes políticos y sindicales, entre los que también se encontraban el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu y el senador de ERC Jordi Martí, que fue invitada a seguir el desarrollo de las elecciones por la izquierda kurda, que en las elecciones legislativas del domingo concurrió bajo las siglas del Partido de la Izquierda Verde (YSP) ante la amenaza de ilegalización que pende sobre su marca habitual: el Partido Democrático de los Pueblos (HDP). Los representantes españoles llegaron el sábado a la provincia de Siirt y, el domingo, se limitaron a “acompañar a los apoderados del YSP” y a quedarse “a la puerta de los colegios”, puesto que no disponían de una acreditación oficial de las autoridades electorales. “Es algo que hemos hecho en elecciones en otros países, y no es ilegal”, asegura Cortés.
Los miembros de la delegación española se habían dividido en grupos para observar las elecciones en varios pueblos de la provincia, y, a lo largo de la jornada, agentes de policía turcos pararon a algunos de ellos en diferentes puntos, requisaron sus pasaportes y les obligaron a acudir a una comisaría. Al final de la noche, la policía también se personó en el hotel, donde el resto de los miembros del grupo seguían el escrutinio electoral a través de la televisión y se los llevaron a comisaría.
En comisaría pasaron toda la noche ante la negativa de los observadores a que los policías les tomasen huellas dactilares y a firmar una orden de expulsión en la que admitieran que habían violado la ley electoral. En un momento de la noche, explica Cortés, otro grupo de agentes de una unidad diferente llegó a la comisaría y les amenazó con procesarles por “atentado contra la unidad nacional” acusándoles de haber mantenido reuniones con “organizaciones terroristas”. Finalmente, tras largas horas de “miedo, rabia y frustración” bajo retención policial, con ayuda de abogados y la mediación de la Embajada de España, se logró pactar su traslado a Estambul y la salida del país al día siguiente sin abrir procedimientos legales.
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El diputado español describió la atmósfera en las zonas kurdas durante el día del voto como “represiva” e “intimidatoria” debido a la alta presencia policial: “En cada colegio electoral, incluso en pueblos de 100 o 300 personas, había siempre 15 o 20 gendarmes fuertemente armados, muchos con indumentaria militar y fusiles”.
Este lunes, los líderes del HDP y del YSP reconocieron que sus resultados no fueron los esperados. Según los datos preliminares, consiguieron un 8,8% de los votos, casi tres puntos menos que en 2018. En parte se explica porque, en el oeste del país, muchos votantes optaron por el izquierdista Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP), aliado de la izquierda kurda, que recibió el 1,7% de los votos. Con todo, en las provincias de mayoría kurda, el voto al YSP se redujo entre un 3% y casi un 10% respecto a las últimas elecciones, algo que los dirigentes kurdos atribuyen al hecho de haber tenido que cambiar de siglas a un mes de las elecciones y a la “atmósfera de presión”, con una campaña de arrestos en su entorno en las semanas previas a los comicios. “La represión gubernamental y el fraude inclinaron la balanza de los resultados en las elecciones”, dijo Çigdem Kilçgün Uçar, la portavoz del YSP.
Quejas de la oposición
A medida que pasan los días, han surgido denuncias sobre cómo la Comisión Electoral, al juntar las actas de los colegios electorales a nivel provincial o al incluir los datos en su sistema, ha pasado los votos del YSP a otros partidos. “¿Tras estos errores hay una actuación organizada con mala intención? De momento no tenemos pruebas y los consideramos errores, pero protegeremos nuestros votos en las 193.000 urnas [de Turquía]”, afirmó el dirigente del HDP Mehmet Rustu Tiryaki. También la principal formación opositora, el partido centroizquierdista CHP, ha anunciado que ha presentado quejas sobre numerosas mesas y que ha introducido en su sistema informático todas las actas y las está cotejando con los resultados oficiales de la Comisión Electoral.
La misión de observadores de la OSCE y del Consejo de Europa, a cuyo informe hacen referencia los dirigentes de la Comisión Europea, aseguró haber detectado algunas irregularidades en el día del voto, pero no un fraude a gran escala. Lo que sí denunció la OSCE fue la campaña electoral y el modo en el que se llegó a las elecciones, en un terreno de juego claramente escorado a favor del Gobierno, lo que hizo que “no se cumplieran los estándares democráticos”. En concreto, subrayó la “cobertura mediática sesgada” ―en la que se vinculaba al candidato presidencial opositor con el terrorismo― y las restricciones de las libertades de reunión, asociación y expresión, en particular para la izquierda kurda. El marco legal de las elecciones, que se modificó en marzo de 2022, también ha sido motivo de cierta preocupación. “Tiene deficiencias sustanciales y no proporciona una base legal sólida para la realización de elecciones democráticas”, apunta el informe de la OSCE.
Durante la campaña electoral y la primera ronda de votación, la OSCE y el Consejo de Europa desplegaron a 400 observadores, pero aún no han comunicado cuántos viajarán a Turquía en la segunda ronda. En cambio, el Parlamento Europeo no ha podido enviar una misión similar. Una fuente de esta institución confirmó que el año pasado se empezó a explorar la posibilidad de desplegar eurodiputados como observadores, pero la respuesta turca fue un rotundo no. Unas semanas antes de los comicios, en una reunión interparlamentaria entre diputados europeos y turcos, el representante de los Verdes alemanes, Sergey Lagondinsky, afeó que Turquía sea el “único país candidato [a la adhesión a la UE] al que el Parlamento Europeo no puede enviar observadores”. El representante de Turquía ante la UE, Faruk Kaymakçi, respondió que no habrá invitación a la Eurocámara porque “en anteriores ocasiones ha dado malos ejemplos y los parlamentarios, en lugar de observar las elecciones, han ido a Turquía a hacer campaña”.
El retroceso en las libertades fundamentales y del Estado de derecho en Turquía preocupa desde hace años a la UE. Ankara fue declarado país candidato al club comunitario en 1999 y se abrieron las negociaciones en 2004. Sin embargo, la deriva del país bajo Erdogan —con incumplimientos, por ejemplo, de resoluciones del Tribunal de Estrasburgo— llevó a la congelación de las negociaciones y actualmente pocos confían en que la candidatura se vaya a materializar en una adhesión.
Bruselas se mueve así en una dualidad compleja con Ankara, que ha emprendido una senda opuesta a la de la UE, pero es un socio necesario para temas de lucha contra el terrorismo o la inmigración irregular. En estas circunstancias, y teniendo en cuenta que Ankara suele cargar contra la UE cuando afloran las críticas, Bruselas se ha mantenido en silencio durante la campaña turca para evitar que Erdogan utilizase posibles polémicas en su beneficio, como ya hizo en anteriores citas electorales. De ahí que el llamamiento de Varhelyi y Borrell de cara a la segunda ronda electoral resulte bastante inusual.
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