Italia avanzó de golpe hasta el umbral de los estándares de la Unión Europea en la protección de los derechos del colectivo LGTBI. La cámara de Diputados aprobó hace un año el proyecto de ley contra la transfobia y la homofobia. Una norma que levantó una gran polvareda en la ultraderecha y en la Iglesia católica. Incluso el Vaticano, en una injerencia como no se recordaba en Italia, se pronunció en contra, aportando una valiosa coartada moral a sus detractores. Faltaba el trámite del Senado. Pero el miércoles, una estrategia parlamentaria de la ultraderecha en dicha cámara, que impulsó una moción que debía resolverse mediante un voto secreto, tumbó el proyecto de ley. Ahora deberá comenzarse desde el principio su tramitación, pero dada la volatilidad de las mayorías parlamentarias y el tiempo que falta para que termine la legislatura, se puede considerar virtualmente muerta.
Los números reales para aprobar la votación no estaban claros. En teoría sus partidarios eran mayoría. Pero la votación secreta que impuso la ultraderecha abrió la veda para los llamados francotiradores ―miembros sueltos de partidos, como Forza Italia―, que esta vez votaron en contra. Pero también de Italia Viva, el partido de Matteo Renzi (que ayer estaba en Arabia Saudí y ni siquiera se presentó a la votación) e, incluso, del sector católico del Partido Democrático. El resultado final fue de 154 votos a favor de bloquear la ley y 131 contrarios. “Se ha traicionado un pacto político que quería un paso de civismo para el país”, denunció en sus redes Alessandro Zan, el diputado socialdemócrata impulsor de la norma.
El proyecto de ley, sin embargo, generaba algunas dudas también de carácter jurídico entre las filas del partido que la había promovido. Algunos de sus defensores lo hacían por vocación ideológica y por necesidad social. También porque Italia es uno de los países más atrasados en los derechos del colectivo LGTBI. Junto con Suiza, sigue siendo el único país de Europa Occidental en el que las parejas homosexuales todavía no pueden casarse o adoptar conjuntamente. Hasta ahora, además, los delitos de odio solo estaban relacionados con cuestiones raciales o religiosas, y era fundamental avanzar en esta senda. El proyecto los ampliaba a la “discriminación y violencia por motivos de sexo, género, orientación sexual identidad de género y la discapacidad”. Era necesario el avance. Pero muchos de sus defensores también reconocían en privado que el proyecto de norma tenía muchos aspectos técnicos mejorables.
El papel del Vaticano
La oposición partió de la ultraderecha y fue secundada en un insólito gesto por el propio Vaticano. El secretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, presentó una comunicación formal el pasado junio en la Embajada italiana ante la Santa Sede en la que señalaba que “algunos contenidos actuales de la propuesta legislativa que se está examinando en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia católica por el artículo 2, párrafos 1 y 3 del acuerdo de revisión del Concordato”. En concreto, el Vaticano protestaba contra la disposición que preveía que las escuelas católicas privadas no estarían exentas de organizar actividades durante la futura Jornada Nacional contra la Homofobia. La Santa Sede consideraba, además, que el proyecto de ley atacaba la libertad de pensamiento de los católicos y manifestó su temor por las posibles consecuencias judiciales.
Una de las cuestiones más polémicas era el concepto de identidad de género, recogido como “definición percibida y manifiesta de sí mismo en relación con el género, aunque no corresponda al sexo e independientemente de si se ha terminado la transición”. La obligatoriedad de debatir sobre este tema en las escuelas y de celebrar el día contra la transfobia y la homofobia terminó de crispar los ánimos del mundo católico.
El líder de la Liga, Matteo Salvini, celebró el miércoles “una derrota a la arrogancia” del secretario del PD, Enrico Letta, y del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), al asegurar que estos dos partidos ―el primero promotor de la ley y el segundo apoyo― habían rechazado todas las propuestas de enmienda y de negociación “incluidas las formuladas por el Santo Padre, asociaciones y muchas familias”. El actual ministro de Exteriores y uno de los exponentes del M5S, Luigi Di Maio, consideró “vergonzoso” que la ley haya quedado “barrida en el secreto de la urna”. Y Letta llamó a la esperanza contra quienes “han querido frenar todo” y hacer retroceder al país: “El país está de otro lado y pronto se verá”, desafió.
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