Los abusos policiales documentados en videos que inundan los celulares cada noche han vuelto a agitar la indignación en Colombia. Con más de una veintena de muertos sobre el asfalto de varias ciudades del país tras diez días de movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque, ha resurgido el aplazado debate sobre una reforma de la policía. Abundan las voces que abogan por buscar fórmulas para reconstruir una confianza resquebrajada.
Las denuncias de abusos policiales en Colombia han sido frecuentes incluso en medio de las medidas de confinamiento para atender la pandemia del coronavirus, un malestar que se acumula desde la primera oleada de manifestaciones contra Duque a finales del 2019. En aquel entonces, un proyectil del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el Esmad, mató durante una protesta pacífica en el centro de Bogotá al estudiante de bachillerato Dilan Cruz.
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En la madrugada del pasado 9 de septiembre, el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez bajo custodia policial, torturado por dos patrulleros que antes lo habían sometido a incesantes descargadas de taser a pesar de sus súplicas, desató la ira ciudadana. Ese crimen, cometido en el interior de un Comando de Acción Inmediata (CAI), provocó dos caóticas noches de disturbios en Bogotá, que a su vez desencadenaron nuevos y graves abusos, con un saldo de 13 muertos. La alcaldesa de la capital, Claudia López, le pidió públicamente al presidente Duque liderar un profundo proceso de reforma de la policía. El Gobierno respondió con una defensa cerrada de la fuerza pública y el propio Duque se fotografió con una chaqueta de policía para escenificar su respaldo.
En este nuevo ciclo de movilizaciones, iniciado el 28 de abril, se cuentan al menos 27 muertos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch, por su parte, ha recibido 36 denuncias de fallecidos en el marco de las protestas. Solo en la capital, la noche del martes dejó casi un centenar de heridos y una turba intentó incendiar un CAI con policías que lograron escapar. Los reportes crecen cada noche y la crisis de confianza es palpable. En el más reciente estudio de la firma Invamer, en febrero, el 55% de los consultados tenía una imagen desfavorable de la policía.
Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas evidencian que sigue existiendo y se ha hecho más grave la intervención “sistemática, arbitraria y violenta” de los uniformados en las manifestaciones, apunta el centro de pensamiento Dejusticia. Junto a otras organizaciones, le han pedido a la Corte Suprema que declare un incumplimiento de lo ordenado por el alto tribunal en una sentencia del 22 de septiembre . La Corte encontró que el Estado reprime de manera “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” las manifestaciones ciudadanas, y en ese fallo le ordenaba al Gobierno, entre otras medidas, no estigmatizar la protesta social.
Los múltiples episodios de uso excesivo de la fuerza se producen además en un momento de transición, cuando Colombia intenta doblar la página de la violencia asociada a más de medio siglo de conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC. Las denuncias han llevado a que se pronuncie la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves ocurridos durante la guerra.
“La justicia transicional se caracteriza, entre otras cosas, por pretender la no repetición de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado colombiano, en cualquiera de sus manifestaciones”, señaló la JEP al hacer un llamado para que, con el apoyo de la ONU y de la comunidad internacional, “se promueva una reforma profunda de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano”. El tribunal pidió a la sociedad colombiana tomarse en serio el proceso transicional que la debe llevar a “sustituir, y a exigir que se sustituya, la violencia por otras formas de resolución de los conflictos”.
El estallido de violencia ha agitado el debate. “En las últimas semanas hemos recibido denuncias alarmantes de abusos por parte de la policía, incluyendo uso de armas de forma indiscriminada y letal, detenciones arbitrarias y golpizas”, el dijo a EL PAÍS José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Entre otras, la ONG ha corroborado que los uniformados han usado tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes, en un comportamiento que no habían visto antes en América Latina.
“En las protestas ocurridas en 2019 y 2020, la Policía y el Esmad ya habían dado muestras de sus falencias estructurales para controlar manifestaciones de una forma que respete plenamente los derechos humanos de la población. Dadas las graves violaciones cometidas, la discusión sobre una reforma policial parece impostergable”, asegura Vivanco. “Colombia debe tomar medidas urgentes para contar con una policía de carácter civil, que esté subordinada al Ministerio del Interior, no al de Defensa, y que cuente con la capacitación adecuada sobre el uso de armas y firmes controles que ayuden a prevenir abusos”, detalla.
“Por supuesto que hay problemas de formación”, señala María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “pero creo que tiene más que ver más con temas de cultura institucional, con los mecanismos de control y de liderazgo civil”. “Están en pie de guerra, y ese es un terreno muy fértil para teorías locas como la revolución molecular disipada”, alerta Llorente, en referencia al término que difundió en redes el expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque. El exmandatario también ha defendido el derecho de policías y militares a usar las armas en las protestas, lo que ha elevado la tensión.
La reubicación institucional de la policía o la creación de una fuerza intermedia, estilo guardia civil o gendarmería para brindar mejor seguridad en zonas rurales, son alternativas que deben ser consideradas, argumenta la FIP en un documento sobre la crisis de la fuerza pública. Pero el contexto de polarización impide que se dé una discusión serena y suficientemente calificada tanto dentro de la policía como fuera de ella. Entre varias ideas, la FIP propone que la policía debe abrirse a la participación y escrutinio de la sociedad civil.
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