La vivienda colaborativa, un modelo alternativo al residencial para mayores en tiempos de pandemia

Paloma Rodríguez, de 78 años, el 1 de abril de 2020, nada más recibir el alta como paciente de covid-19, fue contundente cuando su hija le pidió que se fuera a su casa a recuperarse. Prefirió regresar a Trabensol, el complejo de viviendas que comparte con otras personas de su edad. Trabensol es una experiencia de cohousing o vivienda colaborativa que arrancó en 2013 en Torremocha del Jarama (Madrid). En pleno debate sobre cómo abordar el cuidado de los mayores, una de las dianas de la pandemia, los ejemplos de autogestión de las viviendas colaborativas se han reivindicado a lo largo de las cinco olas de pandemia como una alternativa para abordar los efectos de una crisis sanitaria.

“Estar aquí cuando enfermé y poder recuperarme ha sido un regalo. No he tenido que salir de mi apartamento, todo lo tenía en la puerta y también he seguido controlada médicamente”, explica Rodríguez. El conocido como senior cohousing es una fórmula de convivencia donde se integran viviendas privadas con zonas comunes y en la que sus socios gestionan el edificio en el que residen y las actividades que realizan. “El riesgo ante la covid-19 es el mismo que en una residencia, pero la forma de combatirlo sí es diferente, la gestión de una crisis sanitaria es más fácil en cohousing”, sostiene José Antonio Medina, catedrático de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y experto en este modelo.

La capacidad de los miembros de estas viviendas colaborativas de organizar su vida cotidiana, con posibilidad de decidir sobre todo lo que allí ocurre, fomenta, de acuerdo con Medina, “una mayor capacidad de resiliencia ante las dificultades, mientras que en las residencias se genera una mayor dependencia”. “La clave aquí ha estado en la absoluta implicación de los socios, todas las medidas se han adoptado consensuadamente. Ellos han decidido vivir así, no les han traído, tienen independencia y autonomía”, explica Pedro Montosa, director general de Residencial Santa Clara, en Málaga, la fórmula de vivienda colaborativa pionera en España, que empezó a funcionar en junio de 2001. En su complejo residen 113 socios. “Tuvimos un brote en la segunda ola que afectó a 11 residentes y a nueve sanitarios, el nivel de contagio fue muy pequeño debido a que vivimos en espacios independientes”, explica Montosa, que considera que esa es una clave del éxito de este modelo frente a la pandemia.

Trabensol, con 80 residentes, es de los pocos cohousing activos en España ―hay unos 10― en los que se han registrado muertes por covid. “Tuvimos ocho ingresados, de los que fallecieron tres. Desde marzo del año pasado no hemos tenido ningún positivo más, recuerda Jaime Moreno, residente y su responsable de comunicación. “Tenemos personal contratado que se encarga de la limpieza, la colada y el comedor. La comida nos la siguen dejando en la puerta de nuestros apartamentos, si no queremos bajar al comedor [que reabrió en agosto de este año] en envases desechables y nos recogen y traen la ropa”, explica.

Todos los ejemplos de vivienda colaborativa han adoptado restricciones drásticas en los espacios comunes, suspendiendo las actividades colectivas, unas medidas que se han comenzado a relajar conforme se ha completado la pauta de vacunación, retomando ciertas actividades como talleres, cine, baños terapéuticos e incluso celebraciones de cumpleaños. Pero siempre con mascarilla, ventilación y guardando distancias. “La pandemia nos ha hecho tomar conciencia de la importancia de extremar las medidas de seguridad y de que nuestras decisiones afectan a todos”, explica Ernesto Cabello, presidente de Convivir, un cohousing que se instaló hace seis años en Horcajo de Santiago, en Cuenca.

“Para un modelo como el nuestro que compagina vida independiente con actividades colectivas, haber cortado casi de raíz estas últimas ha sido muy duro por el tiempo que ha durado y a muchos les ha costado asimilarlo”, reconoce Moreno. La sensación de cansancio y exasperación entre los socios es generalizada tras más de un año de limitaciones, pero la implicación en su propio cuidado es uno de los elementos que marcan el éxito de este modo de convivencia. “Nuestro sistema asambleario puede ralentizar la toma de decisiones, pero una vez que se adoptan, todos se sienten corresponsables y por eso el grado de cumplimiento ha sido más eficaz”, indica Cabello.

“En la residencia prima el modelo asistencial; en la vivienda colaborativa los residentes se implican en la gestión, porque es su casa. La diferencia no está en el equipamiento, está en el modelo de gestión”, abunda Pedro Ponce, especialista en senior cohousing. El grado de autonomía también permite atender mejor a los socios dependientes. “Aquí cada vez somos más con más de 80 años y aunque tenemos profesionales que les asisten, nuestro modelo de convivencia permite que los que nos podemos valer nos ocupemos de ellos de forma más directa”, explica Moreno, que recuerda que tienen personal que se ocupa de los miembros con más necesidades.

Estas cooperativas también han sabido entender la importancia crucial de la atención médica. “Desde el principio nos dimos cuenta de que los profesionales sanitarios iban a ser esenciales, por eso contratamos a una gerontóloga a media jornada y hemos ido ampliando la plantilla para cubrir las bajas de los profesionales contagiados”, explica Montosa. La concienciación sobre la vacunación es plena. En los centros consultados, tanto residentes —salvo casos excepcionales y por cuestiones de salud― como trabajadores tienen la pauta completa, pero, como en el caso de Santa Clara o Convivir, además, adoptan medidas de seguridad más estrictas de las de los protocolos de sus comunidades autónomas, como exigir pruebas PCR o de antígenos a los empleados que regresan de vacaciones. “Esto ha contenido la propagación de contagios”, reconoce Montosa.

La implicación de la Administración

Quienes abogan por el cohousing no se oponen a las residencias, pero quieren impulsar la promoción de otro tipo de políticas de envejecimiento por parte de la Administración. “Hay opciones más allá de la de resignarse a vivir solo o acabar en un centro para mayores”, indica Medina. Pilar Rodríguez, filósofa, socióloga, gerontóloga y presidenta de la Fundación Pilares, aboga por aplicar una especie de modelo cohousing en los centros de mayores. “Hay que trabajar en la división, en crear unidades o grupos de convivencia pequeños dentro de las residencias para recuperar la vida hogareña y respetar la trayectoria de vida de cada mayor y poder tratarlos de manera individualizada y atender sus gustos y necesidades”, indica. “Pero ese cambio debe ser liderado por las administraciones”, advierte.

La ausencia de regulación específica, la financiación y la falta de oferta de suelo público son el principal obstáculo a la hora de constituir un cohousing. “Los Ayuntamientos, las comunidades o el Gobierno central carecen de una política clara de vivienda enfocada a la tercera edad, más allá de hacer viviendas accesibles. Los mayores no demandan pisos nuevos y la salida pasa por quedarse en casa solo o que te envíen a una residencia”, puntualiza Medina, que reclama un cambio de actitud en la Administración aprovechando el debate sobre la atención a las personas mayores.

“Después de este año tan loco estoy más convencida de que nuestro modelo de vida nos prepara mejor para abordar este tipo de situaciones sobre todo entre personas mayores de 80 años”, recalca Paloma Rodríguez. Introducir parte del sistema de autogestión del cohousing en la dirección de las residencias es una máxima que no todos ven plausible. “Ese modelo es ideal desde el punto de vista personal, pero no es realista, ni es accesible para todas las clases sociales”, argumenta Luis Miguel Rondón, miembro de la Asociación de Directores y Gerentes Servicios Sociales.

La media que pagan los socios de un senior cohousing varía en función de las dimensiones del apartamento, los servicios y las necesidades. La media en Convivir es de 900 euros y la horquilla en Santa-Clara oscila entre esa cantidad y los 1.200 euros. “El desembolso más fuerte es el de la inversión inicial”, reconoce Cabello. Esa primera cantidad para entrar a vivir oscila alrededor de los 160.000 euros, asegura Ponce. “Al final es más barato que tu propia casa, porque incluye servicios comunes, actividades, atención profesional…”, abunda. “Suena muy bien, pero el bienestar social colectivo es otra cosa y la realidad es que en nuestro país muchas residencias están en manos de sociedades de inversión internacionales. Esta crisis ha demostrado que hay que apostar por un sistema público que se centre en los ancianos”, puntualiza Rondón.