La madrugada de este jueves, desconocidos lanzaron una bomba molotov contra el edificio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
De acuerdo con el personal de vigilancia del IEPC, poco antes de las 4 de la mañana escucharon el estruendo de la explosión causada por un artefacto que impactó contra la entrada principal del edificio, que ocupa casi media cuadra en la zona sur poniente de la capital.
Al salir, vieron que la puerta de entrada estaba en llamas, pero no alcanzaron a ver quién arrojó el artefacto y dieron aviso al cuerpo de bomberos, que acudió a sofocar las llamas.
También llegaron patrullas de policías para resguardar el lugar.
Horas más tarde, la presidenta del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, informó a través de un comunicado que solo se registraron daños materiales y que el proceso electoral “continúa sin contratiempos a pesar de los actos de vandalismo contra el IEPC”.
No hay personas lesionadas, ya se iniciaron las denuncias correspondientes ante la autoridad competente, el proceso electoral que inició el 7 de enero pasado continúa cumpliéndose a cabalidad conforme a las fechas establecidas en el calendario electoral, para llegar a la jornada del 2 de junio próximo.
En un comunicado, las consejeras y consejeros electorales que integran el órgano máximo de dirección del IEPC dijeron que “rechazan y condenan cualquier acto de violencia que pretenda empañar o alterar el proceso en el que participarán miles de ciudadanas y ciudadanos e hicieron un llamado a optar por el diálogo como la única vía para dirimir diferencias”.
Apenas ayer, el reporte del observatorio de Data Cívica, “VOTAR entre Balas”, dio a conocer que en el mes de enero en Chiapas se registraron cuatro eventos graves de violencia político-electoral: el asesinato de un precandidato de la alianza PRI-PRD-PAN, un atentado contra promotores electorales y amenazas a dos funcionarios electorales.
En su informe de octubre, este observatorio mencionó el asesinato de tres precandidatos y el secuestro de cinco encuestadores de Morena, dos de ellos asesinados y otro desaparecido.
Data Cívica consideró que estos ataques “podrían reflejar inconformidad o una intención por parte de la delincuencia organizada de influir en los resultados sobre quiénes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas”.
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