A Aena se le multiplican los conflictos. Las aerolíneas denuncian la intención del gestor aeroportuario de querer repercutirles los gastos de las medidas de control sanitario de los viajeros, sobre todo de vuelos internacionales, frente a la expansión del coronavirus. El Ministerio de Sanidad, en lugar de hacerse cargo de este gasto, por alrededor de 200 millones de euros, ha autorizado a Aena a repercutirlas en las tasas que les cobra a las compañías aéreas. Un litigio que se suma al que mantiene Aena con sus inquilinos comerciales que no han aceptado la factura girada por los locales vacíos durante la pandemia.
Como en el caso de los alquileres, Aena se agarra a un decreto del Gobierno por la pandemia para no asumir esos costes sanitarios y tratar de recuperarlos a través de las tarifas que cobra a las compañías aéreas que, a su vez, tendrían que trasladarlas a los billetes de los pasajeros.
En concreto, una disposición adicional introducida en el proyecto de ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 (procedente a su vez de un real decreto ley del 9 de junio), traspasa los costes en los que incurra Aena por medidas de seguridad (verificación de test a los viajeros, control de temperatura, habilitación de espacios y otras) a las compañías aéreas. Solo en 2020, el gasto por estos procedimientos ascendió a 53 millones, y Aena ha presupuestado otros 155 millones para el presente ejercicio y 2022.
En concreto, el texto dice que los costes que no se sufraguen con subvenciones o ayudas públicas se traspasarán a las aerolíneas, pero las compañías desconocen qué subvenciones tiene previsto abonar el Estado, por lo que se temen que deban asumir el total de la factura. Las compañías alegan que esas medidas de la protección de salud son responsabilidad de Sanidad Exterior (Ministerio de Sanidad) y, por tanto, debe ser el Estado el que sufrague la totalidad de los costes de dichos servicios con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La sociedad que preside Maurici Lucena pretende cargar estos costes en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2027, que regulará las tasas para los próximos cinco años, y que se negocia ahora con el Ministerio de Transportes.
Este proyecto de ley ya se debatió en el Congreso de los Diputados, donde PP, Vox y Ciudadanos intentaron enmendarlo para evitar que el coste recayera en las aerolíneas, pero PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV unieron sus votos para rechazar las enmiendas. El pleno del Senado debatirá y votará el proyecto de ley mañana, miércoles, y será, por tanto, la última oportunidad para modificar esta ley.
“Trasladar costes adicionales a un sector como el de transporte aéreo especialmente afectado por la crisis sanitaria no sólo no contribuye a su necesaria recuperación, sino que podría condicionarla a futuro. Muchas compañías aéreas están teniendo pérdidas mil millonarias como estamos viendo estos días, y una medida como esta asfixia aún más a las compañías, que ya se encuentran en una situación de supervivencia”, señala Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).
Los avales de los alquileres, en el aire
El otro gran frente de conflicto que mantiene Aena con las cadenas comerciales que ocupan los locales de los aeropuertos sigue enconándose. El pasado sábado, día 6, venció el plazo dado por Aena a los inquilinos para aceptar su propuesta de rebaja de alquileres debido al coronavirus. Aunque cerca de un 60% de los titulares se han adherido al acuerdo, solo representan el 13,2% de los ingresos por renta anual mínima garantizada. Y es que como ya avisaron, la mayor parte de los grandes grupos comerciales —como Dufry, Áreas y SSP—, los que pagan el 90% de la factura, han rechazado la fórmula y piden mayores rebajas, de forma que los alquileres se adecuen al tráfico aéreo.
Como ya anunció su presidente en la presentación de resultados, la sociedad puede ejecutar los avales depositados por los inquilinos cuando suscribieron el contrato de alquiler. Pero también aquí hay malas noticias para la empresa de mayoría de capital público (51%) y cuyos gestores se nombran a propuesta del Gobierno. Y es que los tribunales han dictado varias sentencias suspendiendo cautelarmente el pago de la renta mínima o la ejecución de los avales. Aunque Aena también tiene varias sentencias favorables a sus intereses en el caso de los alquileres, lamentablemente para el gestor aeroportuario los jueces le han quitado la razón en la adopción de medidas cautelares solicitadas por los inquilinos más relevantes.
Es el caso de dos fallos que afectan al grupo británico SSP y de Areas, —ambos principales operadores de restauración en los grandes aeropuertos como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat—, que prohíben cautelarmente a Aena hasta que se sustancie el fondo del asunto cobrarles la factura de 2020 y 2021 y ejecutar los avales depositados como garantía.
El asunto ahora se derivará en demandas judiciales que pueden tardar años en dirimirse, por lo que si Aena sigue sin querer negociar un nuevo acuerdo puede ver seriamente comprometidas sus cuentas en los próximos tres o cuatro años, hasta que el tráfico aéreo se normalice una vez que se tenga controlada la pandemia. Solo por el ejercicio de 2020 hay en juego en torno a 600 millones de euros, a los que habría que sumar los de los años siguientes.
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