A pesar de las demandas de Bruselas para evitar una escalada arancelaria, Estados Unidos decidió el pasado octubre imponer barreras a las importaciones de la Unión Europea por 7.500 millones de dólares (6.900 millones de euros) por las ayudas a Airbus, que la Organización Mundial del Comercio (OMC) consideró ilegales. La Administración de Donald Trump fijó impuestos del 10% a las aeronaves y del 25% sobre una lista de productos, sobre todo procedentes de Alemania, Francia, España y el Reino Unido. En el caso de España, esas sanciones afectan sobre todo al aceite de oliva, vinos, quesos o licores. Según fuentes comunitarias, esas exportaciones alcanzan alrededor de 930 millones de euros.
Tras la decisión de EE UU, Bruselas anunció represalias, que llegarán en forma de otro golpe arancelario a las exportaciones estadounidenses. La respuesta de la UE tendrá lugar el año que viene, cuando la OMC dicte los impuestos que puede imponer a raíz del contencioso de las ayudas ilegales que Washington dio a Boeing. Las comunidades autónomas, sin embargo, temen que esta espiral pueda “derivar en una escalada de medidas impositivas” que perjudique a “sectores productivos tanto de Estados Unidos como de la Unión”.
Las preocupaciones y demandas de las comunidades están recogidas en la Posición de la delegación española, que será discutida el próximo jueves en Bruselas para ser incorporada en un dictamen oficial sobre acuerdos comerciales que está elaborando el jefe de la delegación irlandesa, Michael Murphy, para ser aprobado en mayo de 2020.
Respaldo de otras regiones
Por ahora han conseguido el respaldo de otras 25 regiones europeas, en especial italianas (entre ellas, el Véneto, la Toscana o la Lombardía), portuguesas, belgas o rumanas. Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que ostenta la presidencia de la delegación española, han sido dos de las autonomías más activas en este proceso, si bien la preocupación es general. Los Gobiernos autonómicos recuerdan el contexto en el que se produce la presión de Trump: a su juicio, la “actual inestabilidad de las relaciones comerciales internacionales” y las “perturbaciones” que pueden suponer “determinados acuerdos comerciales” pueden acabar haciendo mella sobre los sectores agrario y agroalimentario europeos.
Y si bien las regiones consideran que los tratados de libre comercio deben servir para “combatir la despoblación, contribuir al bienestar de los ciudadanos y promover la sostenibilidad”, muestran su malestar al considerar que la tormenta actual puede provocar una “reducción de las ventas” y echar a perder su posición en el mercado, lograda “mediante un gran esfuerzo e inversiones”. Y ello puede perjudicar a “un gran número de empresas pequeñas de carácter familiar”, lo cual a su juicio significará un aumento del desempleo y de la “precariedad” de las economías locales.
Las inversiones realizadas por el sector habían convertido a Estados Unidos en “uno de los principales países” para sus exportaciones, según el documento. Ante los nuevos pronunciamientos pendientes de la OMC, de los que consideran que el sector agrícola es “completamente ajeno”, las comunidades piden a la Unión Europea que plantee “medidas compensatorias urgentes que ayuden al sector agrario y al agroalimentario del conjunto de los territorios europeos afectados”.
Además, instan a Bruselas a actuar con mayor anticipación ante las consecuencias de estos contenciosos y le recomiendan una “mayor y mejor defensa” de los sectores agrario y agroalimentario para “garantizar su presente y su futuro”, favorecer su crecimiento y facilitar su acceso a terceros países.
La que será hasta el sábado comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, consideró el viernes en una charla en Barcelona que EE UU está volcando “toda su atención” en la guerra comercial con China, por lo que ha dejado de lado las propuestas de la UE para evitar una escalada arancelaria o llegar a un acuerdo sobre productos comerciales. Ahora será el irlandés Phil Hogan quien deba lidiar con esa carpeta. El comisario había sido el encargado de Agricultura durante el mandato del luxemburgués Jean-Claude Juncker.
La Eurocámara pide “apoyo urgente” a los perjudicados
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de la UE. En 2018, las ventas europeas al país norteamericano ascendieron a 22.300 millones de euros. De ahí la preocupación por unos aranceles que se dirigen a los productos agrícolas con mayor valor añadido y que, en un 95%, afectan a Alemania, Francia, España, Italia, el Reino Unido e Irlanda.
El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una resolución para pedir “apoyo urgente” a las instituciones comunitarias ante la aplicación de aranceles por parte de Trump. El texto aprobado en la Eurocámara reclama que la Comisión Europea vigile de cerca la evolución del mercado y use todas las herramientas disponibles, como el “almacenamiento privado” del aceite. Sin embargo, el presidente del grupo alimentario Dcoop, el mayor productor mundial de aceite de oliva, afirmó ayer a Efe que la ayuda al almacenamiento no está siendo la “panacea” que se estaba “vendiendo”, después de los modestos resultados de la primera subasta.
El Parlamento Europeo también pidió “movilizar” ayudas para los agricultores “más afectados” e instó a la Comisión a “intensificar sus esfuerzos para promocionar los productos europeos en el extranjero”, además de “flexibilizar las normas sobre financiación de estas actividades para permitir el impulso de las campañas de promoción en Estados Unidos” o bien para “redirigirlas a mercados alternativos”.
En la resolución, el pleno de Estrasburgo criticó la falta de interés de Washington en trabajar con la UE para resolver el contencioso del sector aeronáutico. Sin embargo, pidió a Bruselas que siga tratando de destensar las relaciones comerciales transatlánticas.
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