Un hombre echa una moneda a una máquina tragaperras en un bar de Valencia.Mònica TorresLas Cortes Valencianas han aprobado este jueves con los votos a favor de los tres grupos del Gobierno —PSPV, Compromís y UP— la nueva ley del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana, que impide, entre otras cosas, la apertura de casas de apuestas a menos de 850 metros de colegios e institutos y obliga a que entre establecimientos medie una distancia mínima de 500 metros.La norma ha salido adelante con la oposición del PP y Ciudadanos, que han criticado su tramitación “caótica y de espaldas a la realidad” y “su falta de proporcionalidad. Vox, grupo que se ha posicionado en contra de su articulado, ha optado finalmente por la abstención.La norma, que quedó pendiente la pasada legislatura, exige que las máquinas tragaperras tengan, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, un mando de control remoto de activación, parecido al utilizado por las máquinas de tabaco, para evitar el acceso al juego de menores de edad y de inscritos en el registro de personas excluidas del acceso al juego. Además, cuando las tragaperras estén inactivas, no emitirán estímulos sonoros, visuales o lumínicos.Los locales de juego deberán establecer un control de admisión en la calle para impedir la entrada de menores y personas inscritas y se fija tres meses de plazo desde la entrada en vigor de la ley para hacer las obras de adaptación, y se restringe la publicidad del juego, que se prohíbe en los medios de comunicación públicos y en las fachadas de los locales de juego. El texto insta a redactar un plan integral de prevención y tratamiento del juego patológico para prevenir y tratar la ludopatía.“Es una ley sectaria, que diferencia entre juegos de primera y de segunda y que no protege a nadie”, ha denunciado en la cámara autonómica el PP. El grupo de Ciudadanos la ha calificado de “ineficaz e hipócrita” y poco útil porque “en breve será recurrida y será un rotundo fracaso”, han dicho. Los promotores de la ley, por el contrario, han defendido que la norma, que sustituye a la vigente desde 1988, protege y defiende a las personas más vulnerables. “Es la mejor receta para luchar contra la lacra social que supone la ludopatía , aumentar la protección de colectivos de riesgo y menores de edad y sienta las bases del juego responsable”, ha manifestado el consejero valenciano de Hacienda, Vicent Soler. La Unión de Trabajadores de los Salones de Juego (UTSJCV) ha denunciado que la nueva ley valenciana supondría el cierre de 426 salones de juego y “condena a 2.500 personas al paro” y otorga a los bingos y al juego público y semipúblico el “monopolio” de esta actividad. En un comunicado, advertía esta semana que “una vez aprobada la ley, seguirán habiendo bingos, casinos, puestos de venta de Lotería Nacional y de la ONCE a menos de 850 metros de centros educativos”.La asociación SOS Hostelería también ha afirmado esta semana que prepara una “dura ofensiva legal” contra la ley del Juego por la obligación que tendrán a partir de ahora los bares de incorporar un sistema de activación remoto de las máquinas tragaperras. La asociación ha asegurado que los hosteleros “no van a tirar la toalla” y ha explicado, en un comunicado, que un informe jurídico que remitió a los partidos del Gobierno valenciano “determina que algún artículo del proyecto de ley conculca varios artículos de la Constitución Española”. Cejuego, patronal del juego privado en España, valora negativamente la nueva ley de juego alenciana. Una norma, que “traerá pobreza y paro, que se sumará al generado por la mayor crisis económica y social que va a vivir el país”. Mientras dentro del Parlamento se votaba la ley, en la calle decenas de trabajadores del sector han protestado contra la norma, al grito de “Con nuestro pan no se juega”.
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