Las comunidades devuelven 776 millones de las ayudas directas a empresas de la covid

Los españoles dijeron adiós a las mascarillas el pasado miércoles, pero el recuento de la factura económica de la pandemia aún sigue abierto. Las comunidades autónomas han devuelto al Tesoro Público más de 776 millones de euros tras no poder adjudicar todas las ayudas directas a las empresas más golpeadas por el coronavirus, según datos difundidos esta semana por el Ministerio de Hacienda.

Tras estudiarlo durante meses y recibir críticas por el retraso y la escasa potencia de fuego, el Gobierno aprobó hace un año un fondo de ayudas directas para que las pymes y los autónomos que más sufrieron con las restricciones impuestas por la pandemia pudieran pagar sus facturas y costes fijos. La línea de ayudas, dotada con 7.000 millones de euros, fue diseñada para que fueran distribuidas a través de las comunidades autónomas. Las islas, Baleares y Canarias, recibirían 2.000 millones de euros del total por ser los territorios más afectados por el peso del turismo en su actividad económica.

Al ministerio de Economía le obsesionaba que los subsidios se repartieran sin los suficientes controles y que después aparecieran problemas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, era consciente de que en otros países que habían dado ayudas similares se habían dado casos en los que una empresa que había recibido las ayudas había cerrado inmediatamente después. Así que impuso unas condiciones muy restrictivas para cobrar las ayudas. Además, se decidió que el proceso no lo pilotara la Agencia Tributaria para no sobrecargarla. Y al endosarlo a las comunidades, de paso el Estado central evitó el escrutinio que más adelante aplicará el Tribunal de Cuentas.

Pero los subsidios no fluyeron como se esperaba. El Gobierno tuvo que ampliar en varias ocasiones los plazos y hacer precisiones sobre el decreto que regulaba las ayudas por las dudas suscitadas entre las comunidades, que tenían que gestionarlas, y las pymes y autónomos, que iban a recibirlas. Algo más de un año después de la aprobación a bombo y platillo por parte del Gobierno, las comunidades solo han repartido el 74% de las ayudas, según figura en los datos de Hacienda y adelantó El Mundo con datos de la Autoridad Fiscal.

Seis autonomías (Aragón, Asturias, Castilla La-Mancha, Murcia, País Vasco y Valencia) han canalizado menos de la mitad del dinero que se les había asignado. Las cifras del ministerio muestran que Murcia y Castilla La-Mancha únicamente han repartido cerca un tercio de los fondos. En el extremo opuesto, Canarias y Baleares han distribuido prácticamente todas las ayudas.

La estadística del ministerio muestra que las autonomías recibieron 6.973,87 millones de euros. De esta cantidad, las autoridades regionales han pagado 5.166,78 millones. Y han devuelto al Tesoro Público 776,58 millones. El resto, algo más de 1.000 millones, están en situación de revisión por reclamaciones pendientes, pero existe un alto riesgo de que una parte importante de esa cantidad no se acabe entregando.

La gestión de estos subsidios a empresas ha sido muy cuestionada. En primer lugar, porque España aprobó los fondos mucho más tarde que sus pares europeos y con menos dotación. Además, las condiciones impuestas inicialmente por el Gobierno favorecía a quien hubiera dejado de pagar las facturas y penalizaba al que se había endeudado para estar al día con sus proveedores. Además, el catálogo de sectores que se podían beneficiar de las subvenciones era reducido y el Ejecutivo tuvo que abrir la mano para que las autonomías pudieran ampliarlo. Al final solo se ha pagado el 74% de los recursos previstos.