Los continuos ataques y amenazas entre el Ejecutivo y el Congreso de Perú son como un par de contrincantes de boxeo que forcejean uno agarrado del cuerpo del otro desde 2018. En consecuencia, los ciudadanos cada vez creen menos en las instituciones, el Parlamento tiene un 82% de desaprobación y el presidente un 63%, según el Instituto de Estudios Peruanos. En los siete meses que lleva Castillo en el Gobierno la crisis es constante. En un nuevo episodio de esta dinámica, la noche del lunes dimitió el ministro de Transportes, Juan Silva, mientras el Congreso debatía una moción de censura en su contra por nuevas investigaciones fiscales de concesiones amañadas. Con Silva, son ya 30 los ministros que han pasado por los gabinetes del maestro rural.
Silva era uno de los cuatro sobrevivientes del primer Gobierno que formó el presidente Pedro Castillo a fines de julio cuando asumió el mandato. Permaneció en el cargo pese a que desde noviembre la prensa había denunciado que una gestora de intereses traficó influencias a favor de una empresa para el contrato de construcción de un puente, por 61 millones de dólares. La concesión infringió las normas de contratación estatal y fue anulada en enero. Sin embargo, como en el Congreso están representados los transportistas informales y Silva promovía normas a su favor, no prosperaron las mociones de censura contra él.
Su tiempo en el Gobierno terminó este lunes, después de que el domingo la prensa de Lima publicara partes de la declaración a la Fiscalía de la lobista Karelim López. La empresaria aseguró que el ministro Silva formaba parte de una red que amañaba licitaciones, junto con cinco congresistas del partido Acción Popular, el ex secretario general de la presidencia, sobrinos de Castillo y el propio jefe de Estado, entre otros.
Castillo negó el domingo ser parte de una red de crimen organizado y arremetió contra el Ministerio Público mientras congresistas de la oposición y medios de comunicación pedían la vacancia presidencial, su renuncia o su destitución. “La Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno”, cuestionó el profesor rural y sindicalista. Además, pidió a esa entidad continuar con la investigación y dar “las explicaciones objetivas en el plazo más breve”. Sin embargo, por ley, la fiscal general no puede investigar al mandatario mientras está en el cargo.
La magistrada Zoraida Ávalos abrió una investigación contra Castillo en enero, y las diligencias avanzan con los otros involucrados, pues el presidente solo puede ser investigado al terminar su mandato -o si el Congreso le hace un antejuicio para retirarle el fuero-. “Estamos investigando al presidente Castillo por el tema de los ascensos (militares) irregulares, el Puente Tarata y PetroPerú. En mi resolución firmada el 4 de enero hay un común denominador y es la señora Karelim López”, comentó la fiscal Ávalos en una entrevista por televisión la noche del domingo.
Los partidos que presentaron en diciembre una moción de “vacancia por incapacidad moral permanente” contra Castillo no lograron los votos suficientes para que la cuestión fuera admitida a debate en el pleno del Congreso, y están buscando firmas para plantear la cuestión otra vez. Si la admitieran, no cuentan con los 87 votos necesarios para echar al presidente. Sin embargo, Hernando Guerra García, parlamentario del fujimorista Fuerza Popular, planteó el lunes que la cuestión sea debatida para que el presidente dé su versión al Parlamento sobre las investigaciones en su contra.
En otro de los frentes que asedian al presidente, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó el lunes investigar a Castillo por el presunto delito de “traición a la patria”, uno de los cinco motivos por los que un presidente puede ser destituido, de acuerdo a la Constitución. Además, la derecha opositora sostiene todavía que hubo fraude en los comicios, pese a que la Fiscalía y los observadores internacionales demostraron que se realizaron conforme a ley. En el Congreso, una comisión sigue investigando ese supuesto fraude entre voces que piden su destitución o vacancia presidencial.
Las amenazas llevaron a Castillo a dar en febrero otro giro a su Gobierno para restituir las relaciones con Cerrón y asegurarse algunos votos y escaños en caso de que prospere alguna moción en su contra. Así, descartó a cuatro ministros competentes y con trayectoria política limpia, para incorporar a cuadros afines al líder de Perú Libre. Dos de ellos ya le están generando problemas con el Congreso, que pide su renuncia. Se trata del ministro de Salud, un promotor de pseudociencia, y el de Justicia, que tiene 70 denuncias por negligencia como procurador de un gobierno regional, reveló el diario El Comercio.
El 8 de marzo el primer ministro Aníbal Torres debe pedir el voto de investidura al Congreso. La necesidad de supervivencia política de los líderes del Ejecutivo y el Congreso podría llevar a una negociación bajo la mesa, como ya ha pasado en anteriores ocasiones, con el argumento de favorecer la “gobernabilidad”. Pase o no, la inestabilidad política de Perú no tiene visos de parar.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
Source link