La tregua ha terminado. Con los primeros días de la Administración Biden se ha ido también la promesa de pausar temporalmente algunas deportaciones. Abril de 2021 ha dejado el registro más bajo de expulsiones de inmigrantes desde que hay conteo, según ha reportado The Washington Post a la espera de los números oficiales. La agencia encargada de estos procesos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), sacó del país a 2.692 inmigrantes el mes pasado. Es la primera vez que la cifra mensual queda por debajo de las 3.000 deportaciones. El número se convierte en un nuevo indicador de la severa transformación a la que Washington ha sometido al sistema de inmigración y protección fronteriza. Un cambio que está siendo duramente criticado por la oposición republicana, que quedó satisfecha con el estilo de Donald Trump.
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La cifra de deportaciones de abril representa una caída de 30% respecto a marzo, un mes que registró el mayor número de ingresos ilegales al país en los últimos 15 años. Más de 172.000 personas fueron detenidas por las autoridades, entre ellas se encontraban 18.800 menores no acompañados. Un gran número fue devuelto a sus países de origen en caliente gracias a una ley aprobada en la pandemia por Trump y que Biden no ha tocado. Las autoridades de ICE también deportaron a 3.716 personas en ese periodo marcado por la crisis en la frontera sur. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, ha señalado que las prioridades son la lucha contra la delincuencia organizada y la respuesta a la emergencia en la frontera con México.
Un memorándum fechado el 20 de enero, día de la toma de protesta del presidente, y firmado por el entonces secretario David Pekoske ordenaba pausar la expulsión de cualquier no ciudadano por 100 días desde el 22 de enero. Esto no tenía validez para los detenidos bajo sospecha de espionaje y terrorismo y para todos los que habían llegado al país ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020. Texas se inconformó con la tregua a las deportaciones hecha por el Gobierno de Biden. Agobiado ante el incremento de los cruces desde México, el gobierno tejano recurrió ante los tribunales la decisión adoptada por el Departamento de Seguridad Interior. Un juez federal radicado en esa entidad dio la razón a las autoridades locales y dejó sin efectos la decisión de Washington solo días después de haber entrado en vigor. Otros estados republicanos se sumaron a la pelea.
Algunos agentes de la policía de las deportaciones también se han quejado de la moratoria impuesta desde Washington. Creen que la decisión obstaculiza su trabajo e impide hacer arrestos que son necesarios para la estrategia de seguridad. ICE recibió muchísimo poder en el Gobierno que abandonó la Casa Blanca en enero pasado. Las órdenes ejecutivas de Trump permitieron a sus uniformados hacer detenciones basadas prácticamente en la sospecha de la falta de un estado migratorio legal en el país. Como reacción a esta decisión comenzó a tomar impulso, desde julio de 2018, un movimiento social de izquierdas que pedía abolir al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. A pesar de haber iniciado en las redes sociales, el reclamo logró colarse entre varios miembros demócratas en el Congreso, entre ellos Alexandra Ocasio-Cortez.
El viraje de Biden con la agenda de ICE es notorio. El mandatario eligió para encabezarlo a un sheriff de Texas que fue muy crítico con el estilo de Trump. Ed González, un policía veterano del condado de Harris (Houston), será el elegido una vez que sea aprobado por una mayoría en el Senado. Nada más llegar al cargo, en 2017, el jefe de policía dio por terminado un convenio con agencias federales encargadas de combate a la inmigración irregular. En 2019 se opuso a los operativos que provocaron terror entre las comunidades latinas de la ciudad más poblada del estado. “No apoyo las redadas que amenazan con deportar a millones de indocumentados, la inmensa mayoría de ellos no representa ningún daño a Estados Unidos”, escribió el jefe de policía en Facebook, quien apostó en su lugar por enfocarse en los sujetos peligrosos.
Desde octubre, el inicio del año fiscal 2021, Estados Unidos ha deportado a 37.000 personas. De continuar ese ritmo serían expulsadas por primera vez menos de 100.000 personas en un año. En cuatro años de mandato, la Administración Trump promedió 240.000 deportaciones anuales. Barack Obama, en cambio, se ganó el apodo de “deportador en jefe” después de expulsar a 1.8 millones de personas solo en sus tres primeros años de Gobierno. Una media de 383.000 mensuales. Al final de su periodo, las deportaciones superaron los tres millones. El camino de Biden aún está por definirse.
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